La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sigue en su lucha de denuncia permanente de la política migratoria de la Unión Europea en la Frontera Sur, una política que está dejando miles de muertos y enorme sufrimiento y dolor.

APDHA se ha reunido con los grupos parlamentarios y ha registrado una propuesta en el Parlamento de Andalucía para pedir vías legales y seguras que impidan las “cifras inhumanas” de muertes en el Estrecho

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy en el Parlamento Andaluz durante la presentación de su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2018, que en lo que va de año el número de personas que han fallecido intentando acceder a España han aumentado un 150%. Por ello, se ha reunido con los grupos parlamentarios y ha registrado una propuesta de iniciativa parlamentaria pidiendo vías legales y seguras que impidan que estas “cifras inhumanas” de fallecimientos se sigan produciendo.

Para la asociación, “el acceso legal a España es un mecanismo que debería contemplarse en las políticas migratorias y de fronteras, lo que garantizaría menos muertes, menos riesgos, menos tráfico de seres humanos, menos vulneraciones de derechos humanos y menos sufrimiento”. Además, entienden, garantizaría el reconocimiento del derecho a la libre circulación de personas que establece el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho de asilo a las personas desplazadas forzosamente.

El informe, que presenta anualmente la organización, detalla cómo durante 2017 y según el seguimiento que realiza la APDHA, se duplicó el número de entradas procedentes de otros países a España por vía marítima y terrestre con 28.587 personas. La afluencia de personas migrantes tuvo su vía principal en la marítima, que llegó a triplicar los valores del año anterior. A pesar de ello, las entradas por el Mediterráneo Central quintuplican todavía las de llegadas por la frontera sur de España.

Las causas de este incremento, estima el colectivo, son múltiples, y entre ellas se encuentra la crisis y falta de perspectivas de buena parte de la población de Marruecos y Argelia, la crisis política provocada por las revueltas que han recorrido Marruecos y que han obligado a aflojar el férreo control de fronteras, un control que, denuncian, “mantiene generosamente pagado la Unión Europea y España”. Además, el cierre de la ruta desde Libia a Italia por los acuerdos entre estos dos países, la criminalización y persecución de las ONG que realizaban labores de Salvamento en el canal de Sicilia y el deterioro “hasta un punto infernal” de la situación en Libia, ha planteado que muchas personas vuelvan a intentar migrar por las antiguas vías del Mediterráneo Occidental.

Esta tendencia al alza por la frontera sur de España se confirma con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que hasta el pasado 15 de abril registró la llegada de 3.556 personas, cerca de un 20% más (18,14%) que en el mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, el informe documenta las consecuencias de la ausencia de vías legales que suponen en la práctica violaciones masivas de derechos humanos. Así, analiza el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que determinó en octubre del año pasado que las devoluciones en caliente eran ilegales. Esta sentencia ha sido recurrida por el Estado, lo que a juicio de la asociación muestra la “insensibilidad, crueldad y desprecio a los derechos humanos” del actual Gobierno.

Además, el informe se adentra en la situación de las mujeres porteadoras en la frontera con Ceuta y Melilla, cuya situación de explotación y maltrato, que sucede en territorio español y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, es tolerada, y se convierte en un exponente de la violencia estructural racista y de género ejercida por las propias instituciones de España y de la Unión Europea.

Por otra parte, el informe analiza con gran detenimiento el enorme negocio montado en torno a la seguridad de fronteras y los procesos migratorios, y cómo “buena parte de las partidas destinadas teóricamente a la cooperación, que deberían ir dirigidas a paliar desigualdades en los países con los que Europa tiene una deuda histórica, acaban sufragando  la formación militar y a la construcción de centros de detención en países terceros en los que se vulneran flagrantemente los derechos humanos”.

Por último, el documento denuncia que se extiende en el territorio español el uso de calabozos y comisarías para la retención y detención de migrantes, generalizando el encierro como sistema de gestión de las migraciones. Esta realidad, concluyen, camina a la par de la falta de asistencia letrada o el impedimento para la solicitud del derecho de asilo que marca la legislación española y europea, incumpliendo así sus propios principios fundacionales de solidaridad y respeto a los derechos humanos.