Por Tomás Andino Mencia

El mundo ha sido sorprendido por una impresionante movilización popular en Nicaragua, principalmente juvenil, que comenzó rechazando reformas al sistema de seguridad social, pero que ha evolucionado a pedir la renuncia del mismo gobierno. Su costo es trágico: decenas de muertos, heridos y detenidos, centros de estudio y trabajo destruidos, la actividad económica semi paralizada. Este acontecimiento requiere una explicación. Y al respecto hay tres explicaciones colocadas en la mesa: la de la derecha y el imperio gringo, la del gobierno nicaragüense y la que viene de la izquierda crítica.

La explicación de la derecha y del imperio, es que se trata de un gobierno “socialista” o de “izquierda” que por su propia naturaleza es dictatorial y enemigo de la democracia. Pero si así fuera, la propiedad sería colectiva, estatal o solidaria, y no es así; la propiedad privada capitalista es omnipresente y el país es tan neoliberal como muchos otros de América Latina, así que ese argumento no ayuda a entender nada.

La explicación del gobierno hace ver el movimiento de las y los jóvenes nicaragüenses como una conspiración de la CIA. En su discurso del 21 de abril, Daniel Ortega acusó a los y las jóvenes de ser “pequeños grupos de la ultraderecha” que quieren “destruir la paz de que goza Nicaragua”. Resultando así que su gobierno sería la “víctima” de una ofensiva bien orquestada, similar a la de las “guarimbas” de Venezuela.

Mi explicación no comparte nada con las anteriores. En mi opinión lo que vemos es el estallido de un descontento social muy profundo, acumulado durante una década, que tiene como base un conjunto de contradicciones entre el gobierno y el Pueblo, incubadas en el capitalismo nicaragüense, de la mano de decisiones impopulares, actitudes dictatoriales e impositivas del dúo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Voy a citar solo diez de esas contradicciones entre el gobierno y el Pueblo:

Primero, la aprobación de construir el canal inter oceánico por una empresa china a un costo económico y social elevadísimo (US$ 50 mil millones), ha generado un fuerte descontento porque implica destruir muchas comunidades rurales, obviamente contra su voluntad, y ceder la soberanía territorial a dicha empresa por un siglo. De ahí ha surgido un amplio movimiento campesino y ciudadano opuesto, que es reprimido y vilipendiado por el gobierno, pero que se mantiene hasta el día de hoy.

Segundo, la actividad extractiva, en particular minera, casi ha duplicado la superficie concedida en este período (del 12 % al 22%) generando fuertes conflictos en el área rural y con los movimientos ambientalistas, también reprimidos.

Tercero, la presión sobre la tierra que ejercen monocultivos industriales como la palma africana y el azúcar, así como el gran incremento de la actividad ganadera, dejan menos disponibilidad de tierras para las y los campesinos.

Cuarto, el descuido ambiental, cuya última manifestación fue la desidia del gobierno frente al incendio de la reserva en Indio Maíz, movilizó a sectores juveniles a protestar.

Quinto, el control impositivo contra las organizaciones no gubernamentales, especialmente de derechos humanos y feministas, quienes no le perdonan las arbitrariedades, represión y acusaciones de abuso sexual, tiene en alta tensión las relaciones del gobierno con el mundo de la llamada “sociedad civil”.

Sexto, la reelección presidencial, prohibida por la Constitución, que se impuso utilizando el mismo mecanismo que uso JOH: un fallo de la Corte Suprema, lo hizo ver como un autoritario.

Séptimo: El mismo efecto han tenido las acusaciones de fraude electoral en las últimas dos elecciones presidenciales, donde se impuso la fórmula orteguista.

Octavo: La vice Presidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ejerce un férreo control sobre los medios de comunicación que es resentido por los medios independientes, llegando a proponer el control de las redes sociales.

Noveno: Causa mucho malestar la extendida corrupción de funcionarios públicos, que se vuelven millonarios de la noche a la mañana, mientras el pueblo pasa dificultades económicas. Comenzando por la misma pareja presidencial, que es cuestionada por haber acumulado recursos desde la “piñata” pactada con Arnoldo Aleman, y de administrar alrededor de 4 mil millones de dólares de recursos del ALBA, sin rendir cuenta de su destino; hasta casos como el de Orlando Castillo Guerrero, gerente de aeropuertos por un desfalco millonario.

Décimo: Después de varios años de buenas relaciones con el gobierno, una parte del empresariado nica (afiliados al poderoso COSEP) comienza a dudar de la conveniencia de continuar el matrimonio que ha mantenido durante una década con los Ortega-Murillo, período en el que se ha beneficiado en toda la línea, por temor a perder los favores del imperio, después que Donald Trump hiciera aprobar la Ley Nica-Act y de que comenzara a aplicar sanciones a funcionarios nicaragüenses. Desde entonces, han puesto sus barbas en remojo. Pese a eso, Nicaragua tiene buena reputación por sus fuentes de trabajo y la ausencia de delincuencia. Es porque las maquilas migran mucho a ese país precisamente porque los salarios de sus obreros y obreras están entre los más bajos de Centroamérica y en esas condiciones las empresas capitalistas se sienten ahí como en un paraíso. La ausencia de delincuencia, que va de la mano del empleo es, en efecto, su mejor condición competitiva.

Por tanto, Nicaragua es un país en el que ha tenido un importante crecimiento capitalista, no equitativo, en el cual se han acumulado fuertes contradicciones económicas y sociales, con una ciudadanía deseosa de manifestarse sobre las mismas, que no ha podido hacerlo, no es tomada en serio o se le pasa factura con discriminación o represión.

INSS, el conflicto detonante

En ese contexto, se produjo el conflicto por la reforma al INSS, exigida por el Fondo Monetario Internacional. No era la primera vez que se hacía una reforma (en 2013 se hizo una que fracasó), sólo que en esta ocasión se produjo cuando el descontento por las causas señaladas está en su máximo, especialmente entre la juventud que nació después de la Revolución de 1979. Las protestas comenzaron por los directamente afectados, los jubilados y jubiladas; a estos le siguieron las y los jóvenes estudiantes; y luego otros sectores de la población. Finalmente se incorporaron los empresarios, que previamente habían roto las negociaciones sobre ese tema en la Comisión Tripartita.

Por lo dicho, la crisis actual no cae como un rayo en un cielo despejado, sino que tiene antecedentes importantes que la explican. Problemas estructurales y coyunturales de difícil solución en manos de una pareja presidencial cerrada, autoritaria y represiva.

La irracionalidad de la argumentación oficial

Por tanto, venir a decir que las manifestaciones sociales son una “conspiración” para desestabilizar al gobierno de parte de pequeños grupos de “ultra derecha”, es una afirmación propia de un gobierno dictatorial, incapaz de dar respuestas racionales y necesarias a los problemas planteados, y que insultan la inteligencia del público. Hasta el más desinformado observador advertiría que es imposible que la CIA tuviera tantos agentes infiltrados y pagados en todo el país, jubilados, entre trabajadores y un ejército de jóvenes matriculados como estudiantes universitarios, para salir, en el momento apropiado, a “desestabilizar” al gobierno.

Pero es comprensible: el gobierno, acostumbrado a imponerse todo el tiempo, nunca esperó una reacción social tan contundente y no ha podido hilvanar una explicación “mejor”. Es la clásica estrategia de un gobierno “progre” que se siente acorralado por su Pueblo: manipulan el sentimiento antiimperialista de la gente, que siente profundo respeto por al Revolución Sandinista de 1979 (incluído quien escribe estas líneas), para que se crea cualquier argumento, bajo la autoridad de que lo dijo el «líder», Daniel Ortega.

Argumentos que llegan al absurdo; por ejemplo, que estudiantes universitarios destruyen sus propias universidades, que como francotiradores les disparan a sus propios compañeros(as), que se torturan y se desaparecen; queman edificios públicos para atraer el repudio social hacia ellos, etc. Un libreto propio de un movimiento suicida, que más parece escrito por un asesor de JOH o de la Policia Militar hondureña.

No dicen que la violencia es inicialmente desatada por bandas de motorizados de la clientela juvenil del gobierno, que es usada como grupo de choque y carne de cañón contra otros jóvenes. Todo a vista y paciencia de las autoridades policiales. Y cuando los jóvenes se defienden de estos grupos, o cuando desatan su indignación sobre símbolos del gobierno, entonces el oficialismo proclama la “demostración” de sus acusaciones. ¿Acaso creen que tratan con bobos? Afortunadamente la difusión de la tecnología celular, ha permitido filmar cuando los grupos de choque gubernamentales han sido protagonistas de semejantes hechos. Algunos compas tienden a hacer comparaciones simplistas. Dicen que es un guión similar al usado por los gringos en Venezuela.

Si se tratara del caso del Presidente venezolano Nicolás Maduro, la explicación de Ortega tendría sentido porque, en Venezuela las “guarimbas” fueron organizadas por un partido de ultraderecha (“Voluntad Popular”, partido de Leopoldo López) para desestabilizar a ese gobierno. Pero NO es el caso de Nicaragua. En este país, el movimiento fue auto convocado por sectores progresistas, de la juventud universitaria como se ha dicho.

El análisis para que sea objetivo, tiene que basarse en la realidad. Ver las cosas desde esta óptica, permite explicar varias cosas “raras” del gobierno nicaragüense: ¿No es extraño que Ortega fuera el primer gobierno en reconocer a JOH y que nunca cuestionó la criminal represión que éste arremetió contra el Pueblo Hondureño? ¿No es extraño que el gobierno norteamericano durante los últimos once años no “molestó” a Ortega con ningún intento serio de “desestabilización”? En comparación, el imperio promovió golpes de Estado en Venezuela, Honduras, Paraguay y Ecuador en ese período. A pesar que Nicaragua es un país mucho más débil que aquellos, durante ese tiempo, lo dejó “tranquilo”. Eso se explica por la luna de miel de once años que sostuvo beneficiando a la empresa privada, nacional e internacional, en los que cultivó jugosos negocios, incluído el gobierno golpista de Pepe Lobo y JOH, y con la reaccionaria iglesia católica nicaragüense (de ahí su eslogan del “Socialismo Cristiano y Solidario”).

Ahora esos tiempos son el pasado. La pareja presidencial Ortega-Murillo ahora cuenta con la hostilidad del imperio, que buscará domesticar su gobierno, mediante acciones de boicot económico; cuenta con el divorcio de la empresa privada nacional o de un sector importante de ésta; y cuenta con el repudio activo de una buena parte del Pueblo.

El rumbo que tomará el país, dependerá, por un lado, de la respuesta del gobierno al movimiento de protesta lanzado por su juventud y por otros sectores populares, así como de la capacidad de éste de conquistar mejores estándares democráticos y sociales. La moneda está en el aire y todavía es prematura para decir que pasará. Pero de lo que no cabe duda, es que, con la movilización social de las últimas semanas, sea que avance o retroceda, comienza una nueva era, en la que un nuevo sujeto histórico se ha levantado sin miedo de tomar la palabra y decidir su destino.