Mi nombre es Nilo Cayuqueo, soy del pueblo mapuche y vengo de Los Toldos, una comunidad de la Provincia de Buenos Aires, región de la costa Atlántica, en el centro del país. Es la zona de la llamada “Pampa Húmeda”, cuya privilegiada fertilidad ha sido el motivo principal de los despojos que hemos padecido.
Estoy aquí en nombre de la Asociación del Mundo Indígena (IWA), Comunidad Mapuche La Azotea y también al Parlamento De Pueblos Originarios de la Zona Centro.
Pertenezco a la generación de los primeros delegados indígenas que fuimos a la ONU en 1977.
Argentina es un inmenso país de 2 millones 800 mil kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 43 millones de habitantes. 2 millones quinientos mil somos indígenas pertenecientes a 34 pueblos distintos.
Todos sabemos lo que pasó con la invasión a nuestro continente por parte de los europeos, donde hubo masacres y despojo de nuestros territorios ancestrales.
Hoy día, después de 526 años, la colonización no ha terminado, los estados que se formaron en la llamada Latinoamérica –que nosotros llamamos Abya Yala– hace poco más de 200 años, continúan actualmente tratando de exterminar a nuestros pueblos.
El capitalismo voraz y depredador que se ha implantado en nuestros territorios trae como consecuencia una deliberada intención de hacernos desaparecer. Ese capitalismo se apodera de nuestros territorios ancestrales y expulsa a nuestra gente a las urbes, donde actualmente vive la mayoría de los indígenas y campesinos empobrecidos del país; en las llamadas “Villas Miserias”, es decir, barrios totalmente marginales.
En los años setenta sufrimos una dictadura militar que exterminó e hizo desaparecer a más de 30 mil personas. La violencia también se aplicó sobre nosotros, los pueblos indígenas. Aunque ello es algo aún demasiado silenciado. Eramos jóvenes que queríamos cambiar este sistema injusto en el que vivíamos y tener un futuro mejor para nuestros pueblos. Por eso fuimos perseguidos.
Después del advenimiento de la llamada democracia en Argentina en 1983, la mayor parte de los gobiernos no respetaron los derechos que nos asisten como pueblos Originarios de Abya Yala.
Digo “llamada democracia” porque se trata de un sistema en el que la gente es usada para votar cada cuatro años, pero los pueblos no participan en ninguna de las decisiones importantes que afectan sus vidas. Los políticos gobiernan para seguir favoreciendo a las élites que se apoderaron de nuestros territorios y todas las riquezas.
Actualmente tenemos en Argentina un gobierno que, aunque fue elegido por el pueblo, es de una línea ultra derechista y con una mentalidad totalmente occidental-europea. Para este gobierno actual “en Argentina todos son descendientes de europeos”, ignorando por completo a los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas no tenemos ninguna participación política en la vida del país y ni siquiera de nuestras vidas mismas.
En este momento, especialmente el pueblo mapuche está bajo una campaña de estigmatización, tratando de descalificar a nuestras culturas. Los medios de comunicación dominantes, que responden a los intereses de las élites de este gobierno conservador, son parte de esa campaña de estigmatización. Se está construyendo sobre los pueblos indígenas una falsa idea de «peligrosidad», llegando incluso a acusarnos de «terroristas». Esto es un modelo de gestión gubernamental que en Chile carga con una larga y triste historia, y el actual gobierno nacional está haciendo gestiones evidentes para implantar deliberadamente ese modelo en nuestro país. Se trata, en definitiva, de impedir el reclamo por los territorios usurpados y el cuestionamiento al extractivismo y los negocios de empresas multinacionales, a través de perseguir mediática, judicial y represivamente a los pueblos que defienden sus derechos.
Nuestros Derechos Humanos fundamentales, están siendo violados.
El pueblo mapuche siempre vivió a ambos lados de la Cordillera. Sin embargo, en el marco de esta alianza entre los Estados de Argentina y Chile, la policía y gendarmería de ambos países están maltratando y humillando a la gente mapuche cuando ésta cruza las fronteras, violando el Artículo 36 del Convenio 169 de la OIT.
Las fuerzas militares, gendarmería y policías reprimen e intimidan a indefensas comunidades que tratan de defender sus territorios. En agosto de 2017, la gendarmería reprimió a una comunidad e hizo desaparecer a Santiago Maldonado, un joven que apoyaba las luchas de una comunidad. 40 días después, Santiago apareció ahogado en el río que atraviesa la comunidad.
En el mes de noviembre pasado Rafael Nahuel, un joven mapuche que estaba desarmado y participaba en una manifestación, fue asesinado por la espalda por la policía.
Aunque los oficiales implicados en el hecho están identificados, la llamada justicia –que está ligada grandes poderes políticos y económicos– no ha hecho nada para enjuiciar y condenar a los asesinos.
En los últimos 10 años, 18 indígenas han sido asesinados en el país, por distintas fuerzas de seguridad. Hasta la fecha, no se ha procesado a ningún responsable. Las muertes de Santiago y Nahuel se suman a ellas. Pero hay allí un agravante. Porque, esta vez, la propia Ministra Nacional de Seguridad ha justificado los asesinatos y la represión ilegal, violando así leyes nacionales e internacionales.
Los gobiernos de Argentina y Chile se han reunido para ponerse de acuerdo para poder reprimir con más eficacia a los referentes mapuche que luchan por sus derechos en ambos lados de la frontera.
Facundo Huala, lonko de una comunidad en Argentina, está preso acusado por delitos que no fueron probados en Chile y ahora están tratando de extradictarlo.
El racismo en Argentina es descarnado y cruel, las personas por tener piel oscura y rasgos indígenas son maltratados golpeados y humillados y muchas veces asesinados por las fuerzas llamadas de “seguridad”.
Explotación de los llamados recursos naturales
La explotación de la minería se da en todas las provincias, pues es política de Estado explotar la minería, sin importar las consecuencias negativas que esa actividad conlleva.
La explotación del modelo No Convencional llamado fracking para la extracción de gas y petróleo, es otra amenaza a los territorios, a la salud de las comunidades mapuche y al medio ambiente en general. Este proyecto está localizado al sur de Argentina, en la provincia de Neuquén y muy próximo a la comunidad mapuche Campo Maripe.
En el marco del convenio entre la petrolera Chevron y el gobierno de Cristina Kirchner –a través de la compañía estatal YPF en 2014, el Estado entregó en concesión a la compañía estadounidense que fue condenada por contaminación en Ecuador, la cantidad de 40 mil km2 de superficie. Estas concesiones se hicieron en forma secreta y sin la debida consulta previa y consentimiento informado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
El gobierno actual ratificó el convenio y planea aumentar las concesiones y la producción. Pero, aunque el gobierno considera que esas tierras son fiscales, ellas son parte de territorios ancestrales del pueblo mapuche. Las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas no son reconocidos, pues hay una política de estado que es la de fomentar el extractivismo y de explotar al máximo y de manera irresponsable e inconsciente los llamados recursos naturales que, en gran parte, están en nuestros territorios.
Además, como consecuencia de la producción intensiva de transgénicos –especialmente la soja– hoy día se están arrojando a los campos más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año. Sin embargo, el gobierno tiene como meta el incremento de estos cultivos, aumentando el uso de los mismos y los desmontes donde viven las comunidades indígenas y campesinas.
Toda esa actividad provoca más contaminación y, en consecuencia, enfermedades en la población y la muerte de la biodiversidad.
La salud de la población está en serios riesgos y ya tenemos un fuerte aumento de casos de cáncer de distinto tipo y otras enfermedades. Además, se está produciendo la muerte súbita de muchos jóvenes sin ninguna explicación científica.
Parte de los resultados de estos despojos y agresiones culturales son los suicidios. En mi comunidad, por ejemplo, se han suicidado 7 jóvenes entre 17 y 22 años en los últimos 6 años.
El Litio es un material muy valorado y fundamental para la fabricación de celulares y baterías
De acuerdo a IPS, existe en la madre Tierra 39 millones de toneladas de litio, de las cuales la mitad se encuentra en lo que hoy es Argentina, Chile y Bolivia.
En la provincia de Jujuy en el norte de Argentina y cerca de la frontera con Bolivia, se han instalado más de 8 proyectos de minería donde se explota el litio. El gobierno planea dar concesión a 53 proyectos más, en una superficie de 876 mil hectáreas. La gran preocupación de los pueblos indígenas de esa región es que la explotación minera traerá como consecuencia más despojos de sus territorios como así también mas contaminación y violación de todo tipo. Tanto el gobierno provincial como el nacional, no han hecho las consultas a las comunidades de acuerdo a la ley.
La comunidad Namqon en la provincia de Formosa, ha sido víctima por años de amedrentamiento y represión por parte del gobierno provincial. En la actualidad sus derechos siguen siendo violados pues la compañía DIOXITEK está construyendo una planta procesadora de uranio solo a 3 kilómetros. Esto es otra amenaza para salud de la población Qom y a otras comunidades aledañas a este lugar. Cabe mencionar que esa Planta fue reubicada desde la Provincia de Córdoba a raíz de las quejas de los vecinos y que ésta es otra muestra del racismo ambiental en Argentina.
A raíz de estas violaciones y a la gran cantidad de situaciones de violencia sufrida por comunidades indígenas, el Estado argentino ha sido denunciado en varias oportunidades a nivel internacional. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, entre otras, a favor de:
Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, Salta, que en el 2006 recomendó entregar los títulos de propiedad de 400 mil hectáreas que pertenecen a cinco pueblos indígenas en esa región, sin que hasta la fecha el Estado haya cumplido con esa recomendación a otorgar los mismos.
Comunidad Paichil Antriao en Neuquén, que se obstaculiza el acceso de los miembros de la comunidad Lof Paichil Antriao al Rewe Sagrado, y que familias de la comunidad fueron desplazadas del territorio que reclaman como tierra ancestral.
Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), Tucumán, Argentina, año 2012. La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de esta comunidad, donde en 2012 tres miembros fueron heridos.
Comunidad Indígena Qom Navogoh “La Primavera”, Formosa, Argentina (21/4/2011). La comunidad alega que miembros de las fuerzas de seguridad habrían perpetrado una serie de hechos de violencia contra los miembros de la comunidad, que reclamaban los territorios usurpados.
Amnistia Internacional Argentina también solicitó medidas urgentes en varios casos para poner en conocimiento y detener las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, de las cuales no se obtuvo ninguna respuesta por parte del Estado.
Todo esto tiene un trasfondo político, pues éste gobierno como los anteriores, no han tenido voluntad política de avanzar con un Proyecto de Propiedad Comunitaria que reconozca a nuestros territorios y que venimos proponiendo por años.
Sabemos del esfuerzo de las Naciones Unidas para que se elimine el racismo y la discriminación y se firmasen Acuerdos y Convenciones para la Eliminación de todas las formas de Racismo y Discriminación. Sin embargo, en Argentina estos Acuerdos y Convenciones como la Convención 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU no se aplican y son violados con toda impunidad por el gobierno.
Los organismos oficiales del gobierno argentino, encargados de defender y supervisar las leyes que reconocen nuestros derechos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otros organismos semejantes en las provincias, resultan ser entes inoperantes y muchos de ellos conjuntamente con los gobiernos, promueven la corrupción y la división entre las organizaciones indígenas al ofrecer ciertos beneficios personales a un grupo para que convalide ciertas políticas que van contra de los pueblos indígenas mismos. Esto no es nada nuevo, pues en los gobiernos anteriores también existió.
En conclusión, venimos de los Cuatro Puntos cardinales del planeta para tratar de hacer oír nuestras voces. Voces que muchas veces son acalladas o ignoradas en los países de donde provenimos.
Estamos en una era donde, prácticamente, mandan las empresas multinacionales y las élites locales y con el resguardo de las fuerzas militares, policía, gendarmería y los guardias privados.
El próximo mes de noviembre se llevará a cabo en Buenos Aires la reunión del grupo llamado G20, donde los dominantes países industrializados y los que pretenden serlo, se reunirán para planear cómo van a seguir lucrando y explotando a la madre Tierra y a los pueblos que en ella vivimos. Por lo tanto, queremos invitar a todas las hermanas y hermanos como así también a las organizaciones internacionales, campesinos, obreros, estudiantes a venir a Buenos Aires donde organizaremos el Foro de los Pueblos.
Decimos NO al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque se hace a espaldas de los pueblos y este traerá más explotación, contaminación y pérdida de derechos. Hasta la fecha no ha habido alguna consulta con las comunidades indígenas, campesinas y otros sectores que serán afectados por ese acuerdo.
La ONU está conformada por los países llamados independientes, pero muchos de ellos aún mantienen a sus pueblos en una condición de colonialismo interno.
El mundo está en una creciente crisis que está llevando al ser humano hacia la autodestrucción y lamentablemente no se avizora una solución.
Los pueblos indígenas tenemos miles de años de experiencia en vivir armónicamente con la Madre Tierra, y por eso consideramos que las Naciones Unidas tienen la oportunidad histórica de dar participación política en su seno a los Pueblos Indígenas.
Por otro lado, hacemos un llamado a aquellos gobiernos que aún creen que otra vida más justa y saludable puede y debe existir en nuestra Madre Tierra, para que alcen sus voces en los Foros gubernamentales y puedan hacer entender que por sobre el dinero y las llamadas riquezas materiales, están en juego todas las vidas.
También hacemos un llamado a nuestras hermanas y hermanos indígenas de todo el mundo para que podamos unirnos en una sola voz. No sólo en los Foros como éste, sino también en la actividad diaria en la defensa de nuestros derechos inalienables y que, junto a otros sectores de los pueblos oprimidos no indígenas, podamos hermanarnos en la lucha por un mundo más justo y armonioso.