Por Cristián Opaso
El miércoles 10 de abril la ciudad de Coronel amaneció embanderada de negro y dos días después el pueblo en masa, estudiantes incluidos, salieron a protestar. La razón: un nuevo estudio que demostraría la contaminación de metales pesados de estudiantes, profesores y otro personal de la Escuela Rosa Medel, ubicada a unos meros 200 metros de distancia de la termoeléctrica a carbón Bocamina 1 que desde 1970 genera electricidad con unas de las tecnologías más sucias: el carbón.
Muchos habrán deseado estuviese viva la Rosa Medel, heroína de Coronel, pescadora de tan sólo quince años, que rescatara de las furiosas aguas a siete tripulantes de un buque japonés. Pero hoy, casi un siglo después, cuando pareciera más se le necesita, Rosa Medel ya no vive entre los coronelinos, vecindario que dejó para siempre el año 1957.
Prontamente, tras darse a conocer el último estudio, las autoridades locales, tanto la seremi de Salud como el nuevo Gobernador le quitaron el piso a los nuevos estudios, cuestionando la metodología usada y negando que hubiese un eminente peligro para la salud. (Ver estudio).
No es primera vez que tienen semejante gesto las autoridades ante estudios que muestran un preocupante nivel de contaminación en los suelos de la ciudad-puerto y, lo que es peor, en las cercanías y los entretechos de escuelas, además de los cuerpos de niños y niñas de la comuna.
El estudio difundido la semana pasada es el quinto dado a conocer en Coronel en los últimos cuatro años sobre el mismo tema. Tres de ellos han sido realizados por el Estado. En todos los casos, incluso en los estudios encargados por ellos mismos, las autoridades han desconocido los resultados y sus implicancias sanitarias o, en el mejor de los casos, los han relativizado, dejando en la indefensión a los habitantes locales, aunque muchos sean niños y niñas.
Lo que es aún peor, este sería una tendencia que no se limita a Coronel, sino que se extiende a varias de las llamadas Zonas de Sacrificio (Tocopilla-Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel). Desde mediados de los años 80´s que se vienen realizando estudios que muestran graves impactos en la salud de los niños, sin que se tomen las medidas de seguimiento y de prevención necesarias. Incluso en un caso, que mostraba graves mutaciones genéticas precursoras del cáncer en la población de Puchuncaví, sencillamente no se pagó ni recepcionó el estudio.
Está claro que en nuestro país existe una cantidad suficiente y significativa de estudios “científicos” concluyentes -y una importante cantidad de estudios exploratorios y/o preliminares – que demuestran los graves impactos, efectivos y potenciales, que desde hace décadas han tenido las termoeléctricas a carbón en la salud de los niños de las comunidades circundantes.
Lo trágico e inaceptable es que estos estudios no se hayan traducido en un seguimiento adecuado ni en políticas públicas permanentes para prevenir y/o mitigar los evidentes daños a la salud.
Los resultados lamentablemente están a la vista. Una revisión inicial de los índices de problemas de aprendizaje de escuelas de Puchuncaví –y cifras extraoficiales de Coronel-muestran niveles altísimos de problemas de aprendizaje en comparación al promedio nacional.
Todo esto ha llevado a que se hable de una posible Negligencia Criminal por parte del Estado chileno y que grupos de las comunidades estén pensando hacer denuncias ante organismos internacionales.
Efectos en la salud de las plantas a carbón
Hay bastante consenso en la comunidad internacional respecto a los efectos en la salud de las personas de las emisiones de contaminantes productos de las distintas etapas u operaciones que implica el uso del carbón en la generación eléctrica.
El grupo estadounidense “Doctores por la Responsabilidad Social” (Physicians for Social Responsability), asociación de profesionales de las salud fundada en 1961, que comenzara trabajando en torno a la abolición de las armas nucleares, y que con el tiempo ha ido diversificando su quehacer, ha investigado y publicado material educativo relevante y contemporáneo sobre los impactos del carbón en la salud humana.
“Cada paso del ciclo de vida del carbón – su extracción, transporte, lavado, combustión y desecho de residuos de postcombustión – tiene influencia sobre la salud humana. La combustión del carbón, en especial, contribuye con enfermedades que afectan a grandes sectores de la población de los Estados Unidos, incluyendo asma, cáncer de pulmón y accidentes cerebro-vasculares, agravando los principales problemas de salud pública de nuestros tiempos. Interfiere con el desarrollo pulmonar, incrementa el riesgo de infartos y compromete la capacidad intelectual”, señalan los médicos en un documento sobre el carbón.
Se distinguen una serie de efectos en los sistemas respiratorio, cardiovascular y neurológico. (Ver páginas 8, 9 y 10 de estudio completo aquí).
Entre los efectos neurológicos sobresale el retraso del desarrollo en fetos, lactantes y niños con síntomas de IQ reducido: retardo mental; deterioro clínico en las escalas de neurodesarrollo y pérdida permanente de inteligencia, causado principalmente por el mercurio presente en el ciclo del carbón.
“El carbón contiene cantidades ínfimas de mercurio que, cuando se las quema, ingresan al medio ambiente. Las centrales eléctricas alimentadas por carbón son responsables de aproximadamente un tercio de todas las emisiones de mercurio atribuibles a la actividad humana”.
Estos tremendos efectos en la mente de los niños han sido denunciados por años por personas de las comunidades y parecen ser hoy confirmados por información recopilada por la sociedad civil desde fuentes municipales y el Ministerio de Educación.
Estudios desde los 80s
Los primeros estudios datan de mediados de la década de los 80s y con los años no han hecho más que aumentar. Fue en la bahía de Quintero adonde se hizo lo que sería uno de los primeros estudios sobre la contaminación en Chile, realizado además en plena época de Dictadura Militar. El estudio “Determinación de Cadmio, Cobre, Manganeso, Plomo, Hierro, Cinc y Arsénico en Sedimento Atmosférico en la zona de Quintero, V Región, Valparaíso, Chile”, fue hecho por el Dr. Jaime Chang, ex rector de la Universidad Federico Santa María y fue publicado en el Boletín de la Sociedad Chilena de Química de Septiembre de 1985.
El estudio midió la sedimentación atmosférica durante siete meses en un radio hasta 20 kilómetros del complejo industrial y energético y encontró cantidades enormes de As, Cu, Pb, Cd, Mn, Fe y Zn.
Desde ese primer estudio que se advertía del especial impacto que la contaminación con metales pesados tiene sobre los seres vivos, en especial los niños.
“Aun cuando es un hecho conocido el que en las cercanías del complejo industrial Ventanas, se presenten con relativa frecuencia muertes de animales por intoxicación con metales, el efecto de la contaminación que produce en la salud de las personas que viven en los alrededores es incierta. Por lo menos, no se sabe de estudios sistemáticos que se hayan efectuado para medirlo. Sin embargo, vale la pena tener presente estudios hechos en otros países que estarían indicando efectos dañinos relativamente importantes en el sistema nervioso de niños que viven en las cercanías de fundiciones de plomo”.
Tal cual. Quince años después, el año 1999, un estudio de la misma zona comprobaba los daños a la salud de los niños de la zona por la contaminación aérea de las fuentes investigadas por Chiang.
El estudio, financiado por un programa conjunto de la EPA y la Organización Panamericana de la Salud, concluyó que “la salud respiratoria de los niños residentes en el área industrial de Puchuncaví se ve afectada por los altos niveles de PM10 y SO2. Se plantea entonces la necesidad urgente de minimizar la exposición y desarrollar nuevos estudios que permitan conocer mejor los efectos a largo plazo de los contaminantes”.
En la próxima década se desarrollarían estudios sobre la exposición de los niños a los metales pesados, no sólo en la zona de Puchuncaví, sino en las zonas de sacrificio de Tocopilla/Mejillones y la Huasco. Logramos encontrar un par de estudios: uno comparativo entre Mejillones y Tocopilla, ambas con una fuerte presencia de termoeléctricas a carbón y ubicadas a unos 116 kilómetros de distancia; y otro comparando a estas localidades y la de Huasco, ubicada más al sur, adonde también operan hoy varias termoeléctricas. Ambos estudios estaban enfocados en niños.
Uno de los estudios, publicado el año 2008, comprobó altísimos niveles de níquel no sólo en Mejillones, adonde se utilizaba petcoke, pero también un nivel altísimo de níquel en la sangre de los niños de Tocopilla, comparados con otros países, en el rango de entre 5 a 7 veces más.
Desconociendo los metales pesados en las escuelas de Puchuncaví
Si hay una zona de sacrificio en que se han hechos estudios –y desconocido sus resultados- ha sido la zona de Quintero-Puchuncaví, sector donde el Dr. Chiang hiciera su pionero estudio a mediados de los 80s y donde además, a principios de los 90s, se implementara el primer plan de descontaminación del país.
Fue el 23 de marzo del 2011 que ocurrió la emergencia que afectaría precisamente a los niños del sector La Greda de Puchuncaví y que gatilló una serie de nuevas y exhaustivas investigaciones y recomendaciones de medidas urgentes, algunas de las cuales, no se implementaban a mediados del 2017, más de 15 años después.
Cuatro fueron los millonarios estudios encargados a universidades locales. Uno de los estudios, de evaluación de riesgos a la salud, tenía el objetivo de “evaluar y formular un plan de manejo de los riesgos a la salud de las personas y de los riesgos ecológicos a la biota terrestre, por la exposición a contaminantes ambientales asociados a la actividad industrial y energética, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví” y fue ajudicado a la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso.
Uno de los científicos encargados del estudio, la Dra. Eva Madrid, habría sido duramente cuestionada, y finalmente se rechazaría oficialmente el estudio. Según las autoridades hubieron serios errores metodológicos que fueron advertidos y no subsanados por los investigadores, aunque la versión rechazada estaba hace poco fácilmente disponible en la página web del ministerio (http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-55902.html). También estaban allí los cuestionamientos metodológicos (http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55902_Resolucion105rechazoinfofinal.pdf ).
Clave entre las conclusiones del estudio estaría el descubrimiento de mutaciones genéticas en residentes de la zona de Quintero-Puchuncaví, que ratificarían los altos índices de cáncer relacionados con la contaminación de la zona.
Este descubrimiento tendría mucho que ver con los altos índices de cáncer de la zona. Los aspectos más importantes del estudio los ha continuado investigando la Dra. Madrid en el exterior, a través de la prestigiosa Universidad de Harvard, donde también los ha dado a conocer en forma pública, cosa que aún no hace en Chile.
Desconociendo el impacto en los niños
Pero quizás el más claro ejemplo de cómo se han desconocido los resultados de estudios sobre los impactos en la salud de las termoeléctricas a carbón y otras empresas contaminantes ha sido lo sucedido con los metales pesados encontrados en las escuelas y/o en los organismos de niños tanto de Puchuncaví como de Coronel.
Sucedió con posterioridad a las intoxicaciones de la escuela de La Greda de Puchuncaví, durante los últimos meses de la primera administración de Sebastián Piñera.
El 17 de octubre de 2011 el Dr. Jaime Jamett Rojas, seremi de Salud de Valparaíso enviaba el oficio 1448 al subsecretario de Educación, Sr. Fernando Rojas, cuya materia era “Informa Análisis de Metales en polvo y suelos a Colegios en Puchuncaví” y que fuera filtrado a la prensa.
Catorce colegios fueron examinados para ver rastros de varios de los compuestos de los que precisamente había alertado ya en 1985 el Dr. Jaime Chiang: Cadmio, Cobre, Plomo, Cromo Total, Níquel, Arsénico y Zinc.
Fueron tales los niveles encontrados, que el último párrafo del estudio de 26 páginas señala textualmente:
“En cualquier caso, los resultados de los análisis confirman la imperiosa necesidad de establecer un plan regular y permanente tanto de limpieza industrial como de vigilancia epidemiológica en la totalidad de los establecimientos evaluados…”.
Posteriormente, a pesar de haber solicitado antecedentes a las autoridades, incluso a nombre de la Municipalidad de Puchuncaví, no hubo respuesta en relación a las acciones que se habían tomado luego del oficio del Seremi de Salud.
Si se logró saber algo con una respuesta a la Contraloría Regional luego de que en marzo del 2017 tres dirigentes de la zona hicieran una petición de investigar al órgano contralor de la V Región. (ver artículo de Alejandra Carmona en El Mostrador http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/05/abandono-de-deberes-de-autoridades-amenaza-a-estudiantes-en-zona-de-sacrificio-ambiental-de-puchuncavi/)
El 20 de junio del 2017 la Contraloría Regional le tiró las orejas a las seremis de Salud y de Educación, dictaminando que, en el caso de la Seremi de Salud “debió haber arbitrado las acciones pertinentes para-subsanar el problema detectado, en ‘virtud de sus atribuciones y responsabilidades indicadas en’ la normativa previamente citada, y atendida la urgencia de, dichas medidas”. Agregó que la Seremi de Educación en “lo que dice relación con las mejoras de infraestructura consignadas en el mencionado oficio, cabe señalar que no se advierte en qué medida los proyectos informados por la Seremi de Educación permitirían mitigar los efectos indicados en ese documento, relativos a la exposición de los alumnos a metales pesados y polvo”.
En base a estos antecedentes se ordenó a las secretarías a actuar coordinadamente para reevaluar las acciones recomendadas en el aludido oficio ordinario N° 1.448, de 2011, e informar a esta Contraloría Regional sobre sus resultados o estado de avance en un plazo de 60 días, hábiles contados desde la recepción del presente oficio, sin perjuicio de las validaciones que hará este organismo fiscalizador en una futura visita de seguimiento”.
A pesar de este dictamen de la Contraloría, según una respuesta mandada a uno de los peticionarios originales que había solicitado un pronunciamiento en marzo de 2017, y a quien no se le respondió en su primer intento, todavía no está claro que se hayan adoptado las medidas de limpieza requeridas y, menos aún, la vigilancia epidemiológica que pedía el oficio del 2011.
En una respuesta enviada a Hernán Ramirez, ex encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puchuncaví, fechada el 8 de enero del 2018, se señala que se han efectuado dos reuniones de coordinación entre las seremías de Salud y Educación, que se había elaborado un plan de visitas que culminaría en septiembre del 2017 y que de ahí saldrían “lineamientos para elaborar planes integrales de límpieza”, todo lo cual sería evaluado por la Seremi de Salud, uno de los organismos cuestionados.
Sin entregar mayores antecedentes de los resultados de estas acciones planificadas para la limpieza, y sin mencionar siquiera el seguimiento epidemiológico, la Contraloría señala que “atendido que, la Seremi de Salud ha adoptado las medidas pertinentes, esta Sede Regional entiende que la situación denunciada se encuentra superada.”
La historia se repite en Coronel
Por estos días en Coronel está sucediendo una situación trágicamente similar. Estudios que muestran elevados niveles de metales pesados en los suelos de Coronel, incluidas un par de escuelas, y la presencia de metales pesados en un importante número de estudiantes, han despertado alarma, pero no las medidas sanitarias de emergencia adecuadas a tan grave situación.
En este puerto sureño, pocos kilómetros al sur de Concepción, se emplazan desde 1970 termoeléctricas a carbón, que hoy suman tres (Bocamina 1 y 11 de Enel (exEndesa) y Santa María de Colbún. Allí las movilizaciones de la comunidad, y las acciones de las cortes, han llevado en varias ocasiones al cierre de una de las termoeléctricas (Bocamina II) y a la reciente formalización de tres ejecutivos de la empresa Enel, como supuestos autores de delitos penales contemplados en la Ley de Pesca y el Código Penal.
Se han relocalizado cientos de familias de la zona inmediata a Bocamina y pagado millonarias compensaciones económicas a muchos pescadores y algueros que han denunciado el daño a su fuente trabajo en el mar circundante.
Estas investigaciones judiciales han gatillado importantes estudios a los que el gobierno ha dado cierto seguimiento, pero sin implementar las medidas que la gravedad del caso amerita.
Sólo una de las escuelas, la Rosa Medel, ha anunciado su relocalización, pero no se ha implementado una limpieza de todas las escuelas ni un seguimiento epidemiológico de la totalidad de la población, en especial de aquellos más vulnerables, los alumnos que asisten a las escuelas adonde se han detectado metales pesados en las instalaciones y los organismos de algunos de ellos/as.
De hecho, la situación ameritaría el cierre inmediato de la central Bocamina, cuya operación, según la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la PDI, estaría directamente relacionada con los altos niveles de metales pesados en la zona. Esto a pesar de las dudas planteadas por la seremi de Salud, quien, al presentar los estudios que detectaron metales en los niños y que fueron gatillados por el estudio de la PDI declaró que “no era posible determinar causalidad entre exposición y riesgo de salud”.
Según datos adquiridos por Ley de Transparencia, un par de centrales termoeléctricas a carbón (Bocamina en Coronel y las Unidades 14 y 15 de Engie en Tocopilla) emitieron durante el 2015 elevadísimas cantidades de mercurio al aire circundante, ¡1000% y 13076%!, respectivamente, por sobre la norma de emisión de mercurio especificada en el Decreto N13 que permite un máximo de 0,1 mg/Nm3. (Ver tabla).
Es verdad que Engie ha anunciado recientemente que cerraría dos centrales a carbón en Tocopilla, pero se trataría de las Unidades 12 y 13 (posteriormente anunció que también cerrarías las Unidades 14 y 15, pero para ninguno de los cierres hay fecha segura).
Es verdad también que el gobierno de Sebastián Piñera dice que mantendrá la mesa de trabajo para cerrar las plantas a carbón, pero los plazos para hacerlo son aún inciertos y no hay compromisos para darle seguimiento a los daños ya producidos y su remediación.
Un gobierno ausente
No fue de motus propio que la Seremi de la Región del Biobío comenzó a examinar a los estudiantes el año 2015. Fue un proceso judicial en Talcahuano (Fiscalía Local de Talcahuano por el posible delito contemplado en el artículo 136 de la Ley de Navegación) el que llevó a que el año 2014 la Bridema de Investigaciones hiciese el informe N°121, que resultó devastador para la población y la empresa que a la vez gatilló los estudios de gobierno (Ver estudio).
En el estudio de la Policía civil, se tomaron muestras en diversos sectores y se midieron metales pesados tanto en suelos, como en techos y en algas.
Entre las conclusiones destacan algunas que identifican claramente los riesgos a la salud.
“La caracterización química elemental del suelo considerado residencial en la comuna de Coronel, indica que los elementos Mercurio y Vanadio están presentes en todos los puntos muestreados, los límites máximos establecidos 21 % y 274 %, respectivamente, para la norma de referencia canadiense para suelos residenciales, lo cual representa un peligro para la salud de la población y el medioambiente.”
El informe de la PDI apunta claramente a las centrales como fuentes de origen de los altos niveles:
“El punto SO correspondiente al punto más cercano a la chimenea de Bocamina Segunda Unidad, presenta las mayores concentraciones de cual indica que el sector las plantas termoeléctricas, de propiedad de Endesa S.A., puede ser considerado como fuente de origen de la contaminación, considerando que la ampliación de la planta termoeléctrica “Bocamina Segunda Unidad” entró en operaciones durante el año 2012 y que la planta termoeléctrica “Bocamina” entró en operaciones durante el año 1970. Serían más de cuarenta años que se ha depositado material particulado en el medioambiente”.
El estudio de la Bridema también detectó niveles peligrosos de metales en algunas algas de Coronel y de Lota, señalando claramente que podrían constituir un peligro para la salud.
Un par de años después del informe de la PDI, la Seremi de Salud de la Región del Biobío llevó a cabo el estudio llamado “Evaluación de niveles de metales en la población escolar de la comuna de Coronel “, cuyo informe ejecutivo fue entregado en febrero de 2016 y sólo hecho público después de una petición y posterior reclamo ante el Consejo de Transparencia por parte del Senador Alejandro Navarro (Ver estudio).
El estudio, que tomó muestras en 316 escolares entre 4 y 9 años de 15 establecimientos de la zona, sólo recomendó un seguimiento hospitalario de los 18 alumnos en que sí se detectaron altos niveles de metales pesados y no se pronunció sobre la posible fuente de la contaminación.
El estudio concluía “el número de escolares con valores superiores a los de referencia según analito son: 7 para Arsénico, 5 para Mercurio, 3 para Cadmio y 3 para Níquel.”
En una posterior comunicación del Seremi de Salud a los miembros del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel (Cras) se informaba si más que tras un año de tratamiento los 18 niños presentaban niveles normales.
Los metales pesados permanecen
Tres meses después del anuncio sobre la supuesta superación de la emergencia sanitaria que significaba la detección de alumnos con altos niveles de metales pesados, el 26 de mayo de 2017, el Dr. Andrei N. Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente, Colegio Médico de Chile, culminaba un estudio sobre sólidos y aguas de Coronel que apuntaba claramente a la Central Bocamina como origen de los metales pesados y revelaba también que varias escuelas permanecían contaminadas (Ver estudio).
El estudio del Dr. Tchernitchin indica que “el material particulado sedimentado obtenido de los entretechos de establecimientos educacionales y viviendas cercanas a la Central Termoeléctrica Bocamina contiene muy altas concentraciones de arsénico, cadmio, zinc, cromo, plomo, cobre y manganeso, superando las normas de diversos países para suelos urbanos, y muy altas concentraciones de níquel, aluminio, vanadio y hierro, elementos no normados para suelo en esos países”.
Además agrega que “concentraciones similares de estos mismos elementos demostrada en material obtenido de lavado de camiones transportadores de ceniza de la Central Termoeléctrica Bocamina sugiere que todos ellos son provenientes de dicha Termoeléctrica.”.
Especial énfasis pone el Dr. Tchernitchin en las concentraciones de tóxicos en dos escuelas:
“Llama mucho la atención las altísimas concentraciones de elementos tóxicos en los entretechos de las Escuelas Rosa Medel Aguilera y 667 de Playas Negras, lo que señala el gravísimo daño a la salud de los niños de dichas escuelas, en especial de aquellos de menor edad (…) La exposición a temprana edad a agentes tóxicos causa daño irreversible que se manifiesta más tarde en la vida como una mayor predisposición para desarrollar diversas enfermedades orgánicas y cambios neuroconductuales, cuyo tratamiento en algunas ocasiones es de muy alto costo, y para otras patologías no existe tratamiento.”
A fines de 2017 se confirmaba lo que se temía podía suceder en la escuela Rosa Medel, una de las escuelas contaminadas y que había quedado pendiente en los estudios iniciales hechos por la Seremi de Salud en 2015. Se confirmaba que algunos estudiantes, este vez 9, de entre 4 y 14 años, arrojaban índices altos de arsénico, mientras que uno mostró exceso de níquel. (Ver estudio ).
Fue a raíz de este estudio que la Municipalidad de Coronel interpuso una acción judicial y ordenó también el estudio dado a conocer la semana pasada.
El estudio utilizó una nueva y poco utilizada técnica llamada Ologiscan en que se miden metales pesados usando un pequeño aparato electrónico que examina la palma de la mano. Sus resultados, cuestionados por las autoridades e incluso algunos concejales, mostraron que 14 niños y 7 adultos de la Escuela Rosa Medel estarían contaminados, ya no sólo con arsénico y níquel, sino que con mercurio, plomo, cadmio y aluminio.
Las alarmantes consecuencias de la inactividad del Estado
La tardía acción o abierta inacción del Estado ante la presencia de metales pesados en las escuelas de Coronel, y antes de Puchuncaví, podría sin duda haber tenido consecuencias profundas y permanentes para las generaciones que han asistido a esos establecimientos. Como lo señalábamos al comienzo, es un dato conocido que los metales pesados afectan el sistema nervioso y las capacidades cognitivas de los niños.
Lamentablemente, parecen haberse generado esos impactos.
Datos conseguidos por un dirigente de la organización Dunas de Ritoque de Quintero, a través de la Ley de Transparencia en la Municipalidad de Puchuncaví, mostraron que el año 2014 varias escuelas tenían un altísimo porcentaje de alumnos con problemas de aprendizaje (Escuela Básica La Chocota: 62 de 246 alumnos (25,2 %); -Escuela Básica La Greda 39 de 179 alumnos (21,2 %); Escuela Básica Campiche: 19 de 39 alumnos (48,7 %); Escuela Básica Los Maquis: 9 de 18 (50%) (Ver PDF).
El promedio era del 28.6 % de los alumnos (673 de 2348) de las 14 escuelas de Puchuncaví que tenían problemas y estaban en programas de Necesidades Educaciones Especiales (NEE) o Proyecto de Integración Escolar (PIE).
Según datos del Ministerio de Educación, el porcentaje a nivel nacional de alumnos con necesidades especiales ha ascendido en estos años (2016) al 9.36% del total de la matrícula. Es decir los alumnos de Puchuncaví tenían el año 2014 ¡una tasa aproximadamente tres veces mayor que el promedio nacional!
Habría que revisar los datos de Coronel. Extraoficialmente, un alto funcionario de la Escuela Rosa Medel de Coronel nos confesaba alarmado, en una conversación informal en enero de este año, que en su escuela ¡el 48% de los alumnos! tenían problemas de aprendizaje.
