Hoy la Corte Suprema tiene previsto anunciar si le otorga a Luiz Inácio Lula da Silva un habeas corpus preventivo que le permita seguir libre. Dos tribunales lo han condenado y queda una instancia antes de que sea declarado culpable con sentencia firme a 12 años y medio de cárcel por el delito de corrupción.
Sin embargo, la Justicia no actúa con libertad. A la presión mediática y política constante, ayer se sumó un nuevo ingrediente, la militar.
El comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Boas, afirmó en la Red Globo y en horario central, que “Aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia”.
Otro militar, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lesse, aseguró que en caso de que la justicia conceda al expresidente la oportunidad de presentarse a las elecciones, las Fuerzas Armadas serían el último recurso para restaurar el orden.
Gonzaga Schroeder calificó al Tribunal Supremo Federal de “inducir a la violencia” si deja en libertad a Lula y amenazó con “una lucha fatricida” y un “derramamiento de sangre”, ya que la crisis que se desataría, solo “va a ser resuelta con balas”.
Si bien no son declaraciones oficiales y el ejército se distancia de estos dichos, el clima de tensión es máximo luego de que atentaran contra la vida del expresidente y las posiciones enfrentadas de distintos magistrados. Para Raquel Dodge, fiscal general de Brasil, los condenados no deberían agotar todas las instancias antes de entrar en prisión, mientras que para Rosa Weber, nadie debe entrar en prisión, mientras tenga chances de apelar.
Los diez jueces del TSF están divididos, así que hasta que comuniquen su decisión, la incertidumbre crece en Brasil.
