Naciones Unidas a través de diferentes expertos le piden al gobierno francés que proporcione servicios básicos a los migrantes que continúan asentados en Calais y otras localidades en territorio francés.
Pese a haber desalojado a la mayor parte de los refugiados y los campamentos fueron desmontados de forma violenta en 2016, queda alrededor de un millar de migrantes en Calais que han resistido a la gendarmería francesa, a las inclemencias del tiempo y a las mafias.
Estas personas se encuentran sin acceso a alojamiento, ni agua potable o instalaciones de saneamiento, algo que el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Léo Heller, sintetizó así “Los migrantes y demandantes de asilo en la costa francesa, incluidos los del centro deportivo Grande-Synthe, se enfrentan a una situación inhumana”.
Felipe González Morales, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, también criticó al gobierno por desoír a la justicia y continuar sin aplicar de medidas concretas, “Si bien recibimos con beneplácito el reconocimiento por parte de la corte francesa de la obligación del Estado francés de proporcionar servicios básicos a los migrantes, la autoridad de esas decisiones pierde peso si se quedan sin efecto”.
Las condiciones inhumanas fueron criticadas en 2016. A casi dos años de los incendios, violaciones y asesinatos vividos en Calais, el gobierno sigue desentendiéndose de sus obligaciones y las condiciones de vida de los expatriados se deterioran día a día.
“Se han realizado esfuerzos, pero no bastan. Me preocupa que por cada paso hacia delante se den dos hacia atrás. Lo que está sucediendo en el norte de la costa francesa muestra que las autoridades nacionales e internacionales deben prestar mucha más atención a este problema”, señaló Heller en referencia al nuevo ciclo gubernamental de Emmanuel Macron.
Los expertos de la ONU son categóricos: “Los migrantes, independientemente de su estatus legal, son portadores de derechos humanos sin discriminación, incluidos los derechos a alojamiento, educación, servicios sanitarios, agua y saneamiento, así como el acceso a la justicia y los medios de reparación. Privándolos de sus derechos o dificultándoles el acceso a ellos, Francia está violando sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.
