por Javier Tolcachier / Pressenza
A nadie escapa que los monopolios mediáticos son sicarios de la desigualdad y de un modo de vida depredador y consumista al servicio de las minorías. No hay dudas que la propaganda de estos medios está logrando tergiversar los escenarios, apropiándose de significados como libertad o derechos humanos, precisamente para recortarlos, actuando en contra del bienestar social…
Vuelvo sobre este primer párrafo, para constatar de modo autocrítico, cuánto de “posverdad progresista” contiene.
En una suerte de fe de erratas anticipada o derecho a la autoréplica, este párrafo inaugural debería comenzar así: “A una enorme porción de la sociedad escapa que los monopolios mediáticos son sicarios de la desigualdad y de un modo de vida depredador y consumista al servicio de las minorías.”
Pero como esta nota no será leída por esa enorme porción de la sociedad, sino por lectores relativamente esclarecidos, la errónea apreciación del comienzo hubiera pasado quizás inadvertida. Y allí reside uno de los núcleos del problema.
Señalar los nombres propios de la oligopolia mediática en cada país, aunque esclarecedor, no hará que baje el precio de las acciones de esas empresas productoras de esquizofrenia social avanzada. Decir que Magnetto, Azcárraga, Zucolillo, Angulo Sarmiento, Ardila Lülle, Santo Domingo, Luksic, Marinho, Cisneros o González manipulan la opinión pública para beneficio propio y perjuicio mayoritario, no evitará que continúen con su trama infame.
Comprobar con cifras el dominio de mercado abusivo de grupos de medios como Globo, Televisa, Clarín o Prisa probablemente no menguará sus audiencias.
Destacar la intencionalidad política de medios privados incidentes en públicos locales como Ecuavisa o Teleamazonas en Ecuador, los medios del grupo Líder en Bolivia, El Mercurio en Chile, Caracol o RCN en Colombia, Veja en Brasil, La Prensa en Honduras, ABC en Paraguay o El Universal en Venezuela, por sólo citar unos pocos entre miles de diarios y emisoras de radio y TV pertenecientes a unas pocas empresas, no logrará torcer la inequívoca visión antipopular que animan en cada contienda electoral.
Todos estos medios autodenominados independientes – en verdad lucrodependientes del dinero de corporaciones y pautas publicitarias de gobiernos que los mismos medios instalan – junto al ejército de periodistas que priorizan prestigio y comisiones a la deontología periodística, exhiben un escandaloso comportamiento antidemocrático. Sin embargo, en base a cuidadosas elaboraciones mercadotécnicas, sus contenidos fraudulentos consiguen calar en el sentir de un amplio sector de la población.
Todos ellos logran construir “contrasentidos comunes”, a fuerza de repetición y guiones ficcionales con zócalos amarillistas pero convincentes.
¿Cómo parar este atentado a la verdad, a la información y al crecimiento social?
¿Leyes? Por supuesto. Para limitar la concesión del espectro público a emisores privados, para ampliar la oferta de medios públicos y producciones locales, para fijar presupuestos no discrecionales de financiación a medios comunitarios, cooperativos, independientes. Y para mucho más.[1]
¿Medios alternativos y públicos? Claro. La estructura general de comunicación de una nación informada y democrática debe ser esencialmente pública (sin confundir público con partisano) y comunitaria. La participación popular directa en ambas es clave para una real democratización. Es necesario impulsar una alianza público-comunitaria de comunicación. De esta manera, los medios democráticos dejarán de ser “medios alternativos” y se constituirán en alternativa medial.
¿Contenidos de calidad? Sin duda. A pesar de que el contenido de calidad, crítico, con rigor periodístico e investigativo ya existe en las alternativas democráticas de comunicación, éste se enfrenta a la oferta masiva de entretenimiento vacío de los conglomerados privados, en clara desventaja en la primacía de las preferencias. De trasfondo hay un enfrentamiento entre lo ético y lo banal, donde lo segundo saca momentánea ventaja, situación propia de un mundo en decadencia.
Acorde a ello – y a los intereses non sanctos – lo real es presentado como trama ficcionada y la pura ficción como dura realidad. Nada de ello es nuevo. El sometimiento masivo siempre ha tenido su argumento…
Sin embargo, es necesario que los medios comunitarios y públicos ofrezcan ocio, y si es creativo, mejor. Nada impide que la producción audiovisual llegue a la gente a través de plataformas público-comunitarias abiertas o por internet, sesgando de esta manera el negocio de corporaciones que adoctrinan con subrepticios mensajes políticos de dominación imperialista.
¿Redes? La omnipresencia fáctica del discurso único y su instalación de agendas es acaso la piedra angular del asunto, lo que las prácticas de comunicación comunitaria intentan contrarrestar mediante confluencias operativas. Por lo demás, ante la transformación de las vías de comunicación desde lo analógico a lo digital y la convergencia multimedial con la red internet, nuevos movimientos antimonopólicos de incidencia ciudadana están surgiendo, conformando un frente mundial de acción por una internet ciudadana, abierta y no manipulada.
La gran pregunta a formular, haciendo de ella un cuestionamiento extendido y arraigado en todos los sectores sociales es:
¿Es la comunicación un bien común, un servicio público, el derecho de cada uno y cada una a expresarse y crear sentidos comunes con otros? ¿O es simplemente un negocio para grandes grupos mediáticos y una forma de control de los significados y sentidos de la existencia?
El antídoto duradero a la manipulación comunicacional de los grandes medios concentrados, la única forma de ampliar la libertad de opciones personales y colectivas, es limitar políticamente la expansión de conglomerados mediáticos, potenciar medios comunitarios y públicos y crear conciencia de la función de la comunicación como derecho humano inalienable a través de una masiva alfabetización mediática.
(*) Javier Tolcachier es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y columnista de la agencia internacional de noticias con óptica de Paz y No Violencia Pressenza
[1] Respecto de las demandas de leyes que protejan el derecho a la comunicación plural y democrática es imprescindible, entre otras fuentes, consultar:
21 Puntos por el Derecho a la Comunicación (Argentina)
Projeto de Lei de Iniciativa Popular da Comunicação Social Eletrônica y Recomendações para a garantia do Direito Humano à Comunicação no Brasil (en Direito à Comunicação no Brasil 2017 – Intervozes – Coletivo Brazil de Comunicação Social, pág 68)
Propuesta del sector comunitario para reformar la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador