El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y representantes de 22 territorios originarios firmaron hoy aquí el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, que obliga a requerir la opinión de estas etnias cuando una medida las afecte.
Este instrumento, el primero en América Latina desarrollado bajo el estándar de ‘consulta sobre la consulta’, originado en recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, tomó dos años de trabajo conjunto del Gobierno y los pueblos originarios de Costa Rica.
Durante el acto de suscripción se informó que el Mecanismo constituye una guía que indica a las instituciones del Gobierno cómo cumplir con la obligación de consultar a estos pueblos cuando una medida o proyecto sea susceptible de afectar sus derechos colectivos.
‘Lo que hace distinto a este Mecanismo es que no fue realizado en la verticalidad, desde un escritorio en San José’, afirmó la viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, encargada del proceso, que tuvo como observadores al Sistema Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes.
Zúñiga destacó que el instrumento es ‘resultado de un arduo trabajo y del compromiso de funcionarias y funcionarios públicos, pero, sobre todo, de los pueblos indígenas, que al día de hoy están más empoderados y tienen más claridad de cómo relacionarse y cuáles son las vías para exigir y garantizar sus derechos humanos’.
El Mecanismo establece ocho pasos:
- solicitud de la consulta;
- admisibilidad de la solicitud de consulta;
- acuerdos preparatorios;
- intercambio de información;
- evaluación interna del pueblo indígena;
- diálogo, negociación y acuerdos;
- finalización del proceso;
- cumplimiento y monitoreo de acuerdos.
Asimismo, crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena –alojada en el Ministerio de Justicia y Paz– que será la encargada de liderar operativamente todas las consultas desde el Gobierno.
En cada territorio indígena, la figura de Instancia Territorial será designada por la comunidad en reuniones abiertas y se encargará de coordinar la logística de las consultas que se realicen, en diálogos que deben incorporar a todos los miembros.
Este texto será puesto en conocimiento de los territorios indígenas en su versión en español, así como traducido a los idiomas activos: bribri, cabécar, ngÃñbere y maleku.
Con la firma de este documento para su publicación como Decreto Ejecutivo, Costa Rica cumple con una de las obligaciones establecidas en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, felicitó al gobierno costarricense y manifestó su esperanza de que constituya un verdadero instrumento de diálogo y participación para que los pueblos indígenas puedan lograr el goce pleno de todos sus derechos humanos.
Costa Rica registra una población de 104 mil 143 indígenas, según los datos del Censo de 2011, mientras sus territorios ocupan un total de 307 mil hectáreas.
