Por Carla Perelló
“Nuestra lucha es por las 470 mujeres asesinadas solo durante 2017. Por las cientos de asesinadas en años anteriores. Por las cientos de mujeres desaparecidas. Por las que están en prisión debido a la penalización absoluta del aborto. Por las cientos de miles de niñas que no tienen a dónde ni a quién recurrir, cuando producto de la sociedad machista y misógina son víctimas de violaciones sexuales, que en muchos casos, las obliga a ser niñas y madres a la vez. Por las niñas que ya no están. Porque en El Salvador el suicidio es la tercera causa de muerte materna en adolescentes.”
Las palabras corresponden al comunicado de las mujeres salvadoreñas convocadas de manera autónoma y autogestiva en el movimiento Ni Una Menos El Salvador. Así, pese al contexto que atraviesan cada día, comienzan a dar pasos para organizarse, crecer y hacerle frente a aquellas cifras que leemos en sus propia voz, pero que mucho conocemos a través de las mediciones que los organismos internacionales difunden: “El Salvador está entre los países más peligrosos del mundo para las mujeres”, fue la tapa de El Mundo (SV) del pasado 22 de febrero, basada en un informe de Amnistía Internacional.
En este contexto, las voces de las mujeres salvadoreñas se alzan. En ese camino, dos de ellas: Franchesca Mata, feminista del Movimiento Centroamericano 2 Marzo / Ni Una Menos; y Sara García, coordinadora de incidencia política de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, han expresado ante Nodal su visión sobre la situación actual ante las violencias y la prohibición del derecho al aborto:
“Visibilizar. Que quede claro que no es un favor que les pedimos a los políticos y a las instituciones; sino que hablamos de derechos y que mientras no nos los otorguen nosotras debemos denunciarlos como lo que son, parte, cómplices necesarios de un Estado femicida”, dice Mata.
Para García, la oportunidad del 8 de marzo en el Paro Internacional de Mujeres, es el momento para pararse: “Nos vamos a unir al paro para poner en el centro las vivencias de las mujeres: vamos a parar, vamos a marchar, para que puedan cambiar aquellas leyes que nos está afectando, para que la misoginia de estado institucionalizada deje de existir. Estamos denunciando la violencia sexual, denunciando los embarazos impuestos en niñas. En nuestro país, el mapa de embarazos en niñas y adolescentes han enfrentado una maternidad forzada. Toda esta violencia sistemática es lo que el 8 de marzo vamos a denuncia como ciudadanas, defensoras de derechos humanos feministas”.
Libertad a Teodora
“Celebramos que Teodora esté en libertad. Ha sido un proceso de lucha intensa”, dice García. El Salvador es uno de los cinco países del mundo que criminaliza el aborto en todas sus formas, por eso la libertad a Teodora Vázquez es un caso emblemático.
El 13 de julio de 2007, cuando casi llegaba a término su embarazo, se sintió mal. Se comunicó con el 911 para que la fueran asistir. A cambio, un grupo de policías ingresó a su lugar de trabajo donde yacía casi desvanecida y se la llevó presa. Permaneció bajo esas condiciones durante diez años y siete meses. Pero Teodora no es la única.
Los métodos que han logrado su libertad se han ido modificando a lo largo del tiempo, pero García apunta la clave: “La estrategia jurídica fue impulsada y catapultada por la estrategia de sensibilización y de movilización y de denuncia social. Sabemos que es un hecho importante, sin embargo, seguiremos luchando para demostrar su inocencia (que aún no fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia). Además creemos que es fundamental que reconozca que el Estado le criminalizó de manera injusta, por lo que le debe una reparación. La lucha continúa, para nosotras es esperanza lograr que haya llegado este día. Esperanza para seguir luchando para las 27 mujeres que aún están siendo criminalizadas injustamente”.
Las violencias de la prohibición total del aborto
El 20 de abril de 1998 entró en vigencia el Código Penal que eliminó las tres causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento. El artículo que las condena es 133. Desde entonces, al menos desde 2003, El Salvador ha contado con recomendaciones de diversos organismos internacionales para cambiarlo. La ONU, la CIDH, el Comité de seguimiento al Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de supervisión del Consejo de los Derechos Humanos (CDH) que examina la situación general de los Derechos Humanos de los Estados miembros de la ONU, son algunos de ellos.
¿La razón? Las violencias a las que se ven sometidas las mujeres bajo el sistema punitivo del país. En noviembre del año pasado la CIDH asistió con un grupo de trabajo. Aquí algunas de sus conclusiones:
* En 2016 la Fiscalía General de la República recibió 5.970 reportes de violencia sexual.
* Desde el año 2011 al 2017 al menos 42 niñas embarazadas se habrían suicidado.
* En 2016 se realizaron 11.194 inscripciones maternas de niñas entre 10 y 17 años en el país.
* La Comisión -dice- obtuvo información preocupante respecto de la práctica de esterilizaciones forzadas y de interrupciones forzadas del embarazo a las que estarían siendo sometidas las mujeres con discapacidad.
En el documento Análisis de Efectos de la Legislación Actual sobre Aborto -abarca diversos datos hasta 2014-, en la sanidad pública y en la salud de las mujeres, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organizaciones sociales y ciudadanas se puede encontrar más información. Por ejemplo, que la Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2014) reporta: “Una de cada tres mujeres de 20 a 49 años estuvo embarazada antes de cumplir 18 años y 1 de cada 4 estuvo unida antes de esa edad”. Unida de hecho con un varón mayor constituye una práctica habitual.
Entre el 2000 y 2014 han sido procesadas y acusadas por aborto 147 mujeres, de ellas 26 fueron condenadas; y a 34 se les cambió la tipificación del delito a homicidio agravado. Las condenas son de 12 a 40 años de prisión. “La mayoría de las mujeres acusadas son jóvenes, de escaso nivel de formación y bajos ingresos, viviendo en comunidades marginalizadas. El 57 % de las denuncias provienen de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social”, precisa. Son campesinas, pobres, que luchan y trabajan cada día.
“Asimismo, en las sentencias prevalecerían estereotipos negativos ligados a la figura de la ‘mala madre’ y de la ‘madre asesina’”, explica la CIDH.
Por estas razones, la CIDH resolvió exhortar al país a revisar la aplicación del artículo 133 y a revisar detenidamente las condenas en cada uno de estos 27 casos mencionados para asegurar el juicio justo y libre de estereotipos a cada una de las mujeres y, de probarse lo contrario, a poner en libertad a estas mujeres. Así las cosas, la creación de la Secretaría de Inclusión Social y del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) para desarrollar planes nacionales como el “Plan Nacional de Igualdad” o el “Plan de Acción de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia” son aún planes en potencia que no vislumbran avances, pero generan esperanza.
Este pedido adquiere relevancia en el país constantemente señalado por las situaciones de violencia en las que se vive, donde según laDirección General de Estadísticas y Censos el 34 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, cuando la pobreza, en general, está feminizada.
“Influye a nivel nacional, sobre todo a nivel de cambios de imaginarios colectivos para instalar el tema. De esta manera, hay más personas que se unen a esta lucha por la despenalización y hay más que hacen un llamado al Estado salvadoreño”, analiza García.
Proyecto de ley
En la actualidad existen dos proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional: uno de la mano de Lorena Peña, del partido de gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Y, el otro, de John Wright Sol, del partido opositor ARENA. El primero, el más amplio, contempla el aborto en cuatro causales: cuando la vida de la madre esté en peligro; cuando no exista la posibilidad de que el feto sobreviva fuera del útero; cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de mujeres; y cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de menores de edad. El otro sólo da dos opciones: en caso de violación de una menor o en aborto terapéutico.
A pesar de haber sido impulsado por legisladorxs oficialistas, Peña deja sus funciones en el parlamento sin que se haya avanzado.
“Sale Lorena, pero hay muchas más mujeres y hombres del FMLN que firmaron la propuesta. Lo importante es tener claro que ningún derecho se pide y se consigue sin exigencia organizada y lucha en la calle”, sostiene Franchesca Mata.
El movimiento
La ola feminista que atraviesa al mundo caló hondo en América Latina y el Caribe. Las mujeres, entonces, se agrupan, se convocan en diferentes espacios, se suman a charlas y elaboran estrategias para salir adelante, juntas. Para avanzar en derechos plenos para vivir vidas libres de violencias.
“La estrategia debe ser más unidad y lucha en las calles. Apoyarnos en la solidaridad internacional como un bastión ineludible para saber y demostrar que no estamos solas, que los ojos del mundo están puestos en El Salvador”, dice Mata.
Y García se suma a la carrera: “Para este 8 de marzo que vamos a marchar y a poner en evidencia todas las violaciones a los derechos humanos que estamos enfrentando las mujeres de nuestro país, sobre todo las mujeres que se encuentran en la cárcel que se enfrentan ante tratos crueles, inhumanos y degradantes y que no han tenido acceso a la justicia como principio básico en una democracia”.
Las mujeres, unidas, en asamblea, alzan su megáfono. No se cansan, ya no se callan. Aprenden a escucharse y a hacerse oír. “Amigas, compañeras, aunque no estemos organizadas, aunque aún no nos conozcamos, hay cosas que nos unen. Este es un llamamiento para hacer realidad el que ‘ante la indignación, acción’”.
