Un estado de excepción más o menos encubierto. O “a la vieja usanza” en palabras del veterano constitucionalista Javier Pérez Royo: “Estamos volviendo a una etapa negra de la historia de España que pensábamos que habíamos dejado definitivamente atrás. A través de la activación del artículo 155 CE el Gobierno de Mariano Rajoy, con el concurso, explicable aunque lamentable, de Ciudadanos, e inexplicable del PSOE, ha lanzado a la Fiscalía General, y a través de ella a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a la persecución penal del nacionalismo, como si fuera un enemigo al que hay que aniquilar.”
La sesión de investidura del Parlament de Catalunya del jueves 22 de marzo y la prisión provisional ordenada por el juez Llarena contra el candidato a la presidencia de la Generalitat y otros cinco diputados independentistas el sábado 24 de marzo, como consecuencia del auto del Tribunal Supremo del 21 del mismo mes, así como la reactivación de las euro-ordenes de detención contra los exiliados, que han llevado a la detención en Alemania del President Carles Puigdemont, han supuesto una doble catarsis, que son en realidad las dos caras de la misma moneda. Por una parte, la dirección del proceso independentista, en manos de Junts per Catalunya y ERC, ha agotado su capacidad de iniciativa. Por otra, su judicialización represiva pretende impedir cualquier acumulación de fuerzas soberanista para una negociación “bilateral” entre la Generalitat y el gobierno central. El régimen del 78 solo se puede mantener ya en Catalunya mediante la represión y la intervención permanente de sus instituciones políticas. Un estado de excepción cada vez menos encubierto.
La prisión provisional para una nueva tanda de políticos electos catalanes ordenada por el juez Llarena es un nuevo significativo en la escalada represiva del régimen del 78 contra las libertades democráticas de Catalunya y, bueno sería que algunos tomaran nota, del resto del Reino de España. Una parte importante de la ciudadanía catalana (y no únicamente independentista como se pretende interesadamente desde el bloque constitucionalista) está indignada. Y salió a la calle masivamente en muchísimas ciudades y pueblos de Catalunya el viernes 23 de marzo. Alguien lo dejó muy bien expresado: “Ahora Catalunya es una manifestación”. Y lo seguirá siendo, sin la menor duda. La indignación está más que justificada: hay representantes políticos elegidos, en unas elecciones convocadas por el gobierno español, en la cárcel o el exilio y mientras, “personas juzgadas y condenadas por corrupción, blanqueo y otras barbaridades siguen en libertad –por ejemplo Urdangarín-…” según palabras de la poca sospechosa de ser independentista catalana María José Pintor Sánchez-Ocaña.
Una nueva fase política
Basta comparar el discurso de investidura del candidato Jordi Turull con el auto del Tribunal Supremo para constatar la nueva fase política abierta esta semana. El primero solo es comprensible en su inanidad autonomista como parte de la estrategia de defensa de Turull; mientras que el segundo establece toda una genealogía de la voluntad política de la dirección independentista para justificar la acusación del delito de rebelión, no en el (supuesto) hecho incontestable de su “alzamiento violento”, sino en su potencial intencionalidad de utilizar el “poderío de las masas” para doblegar a la autoridad del estado.
Ninguna de estas dos posiciones políticas sobre lo que ha sido el largo proceso soberanista catalán pueden dar cuenta de la realidad social y política vivida por millones de personas. La de Turull: porque pretende evadir la naturaleza profunda de la crisis del régimen del 78, con la ingenua pretensión de una recuperación de las instituciones políticas catalanas intervenidas, al mismo tiempo que se mantiene el horizonte soberanista gestionado desde Bruselas. La de Llarena: porque es una teoría conspirativa elitista que pretende convertir un movimiento pacífico de millones de personas en un golpe de estado de una minoría agitadora.
Desde el comienzo del procés -tras la sentencia del Tribunal Constitucional en junio de 2010 contra el estatuto de autonomía de 2006, la manifestación de julio “Som una nació, nosaltres decidim”, las elecciones autonómicas de noviembre de 2010 y el rechazo del “pacto fiscal” aprobado por el Parlament por el gobierno Rajoy en septiembre del 2012- la estrategia de acumulación de fuerzas soberanista en la calle para su gestión “bilateral” posterior por la Generalitat, ha fracasado una y otra vez. En definitiva, porque la parte esencial no era la movilización social, sino su instrumentalización: la negociación entre las élites centrales y autonómicas del régimen del 78 de la redistribución fiscal que permitía mantener un cierto nivel de consenso popular a través del gasto social y de consenso oligárquico mediante el acceso clientelar al gasto público.
Estos mecanismos de presión inter-oligárquicos estaban -y están- inscritos en la propia naturaleza del “estado de las autonomías”. Lo que bloqueó la gestión de su sistema de financiación común fueron las políticas de ajuste neoliberales a partir de mayo de 2010 con el gobierno Zapatero, en primer lugar, y luego la ofensiva reaccionaria del PP, uno de cuyos principales éxitos fue el recurso contra el nuevo Estatuto de autonomía catalán de 2006. La escalada de la movilización social soberanista articuló un catalanismo popular que, al situar en primer plano el “derecho a decidir” – otra forma de decir el tradicional y democrático derecho a la autodeterminación-, reafirmaba su soberanía y sus aspiraciones democrático-republicanas frente a la gestión institucional autonomista de CiU primero y del PDeCAT después. Una tensión en el campo soberanista que, a medida que se reforzaban organizaciones como la ANC, Òmnium Cultural y los Municipis per la Independència, se trasladaba a un cuestionamiento de la hegemonía de CiU-PDeCAT por ERC, y el reforzamiento en paralelo, en menor medida, de la CUP.
A pesar de los vaivenes políticos del procés, de la tenacidad de la movilización popular por conseguir el referéndum del 1 de octubre y de la huelga cívica del 3 de octubre, de la respuesta electoral del 21 de diciembre a la intervención de la Generalitat, la estrategia de negociación “bilateral” de la dirección independentista del procés se ha mantenido frente a la alternativa de una estrategia unilateral de desarrollo de un proceso constituyente republicano. Como han explicado los dirigentes del procés, la República catalana fue “proclamada sin efectos jurídicos”. Y en vez de una defensa política colectiva frente a la represión judicial, se respondió con una multiplicidad de defensas basadas en la minimización de las responsabilidades individuales.
El mérito de la CUP, ante el agotamiento evidente de esta estrategia, que la dirección del procés ha conducido a un callejón sin salida, ha sido explicarlo con todas sus consecuencias: ni habrá recuperación de las instituciones autonómicas, ni el estado español permitirá una nueva acumulación de fuerzas entorno a ellas, ni puede haber una negociación “bilateral” sobre el alcance de la soberanía catalana. La República catalana, el proceso constituyente popular para su construcción, es incompatible con el régimen del 78.
La narrativa del auto del Juez Llarena atribuye a la dirección del procés, acusada de rebelión, una lógica causal conspirativa que implicaría su propio desbordamiento por una movilización popular capaz de limitar la capacidad de acción política y represiva del estado español, creando espacios para el propio ejercicio de su soberanía. Se trata de una lectura liberal-conservadora de las consecuencias potenciales de la “rebelión de las masas”, más allá de su manipulación en un conflicto inter-oligárquico, que responde a una visión explicativa -y justificativa- de la represión de los movimientos populares bajo la I Restauración y los primeros años de la II República, especialmente en octubre de 1934, y el posterior golpe de estado militar el 18 de julio de 1936.
En este sentido, la “normalización” no es sino una “superación de la fractura” que pasa por la represión selectiva de la dirección independentista y una represión generalizada del movimiento soberanista popular. Es decir, contra gran parte de la población catalana. Incluso en su fórmula mejor intencionada, vamos a suponerlo así, la de Miquel Iceta y el PSC, para limitar esta represión a un “mal menor” que permita una utópica vuelta a la alternancia en la Generalitat entre un tripartito transversal de las izquierdas catalanas y una derecha catalanista reconstituida, frente al peligro que significa el nuevo lerrouxismo de Ciudadanos. Se trata de un espejismo más o menos autoimpuesto.
La resistencia al régimen del 78 como prioridad
La represión y la intervención de las instituciones catalanas son aspectos mórbidos de la crisis estructural múltiple del régimen del 78. Una crisis que se sigue acentuando en términos de corrupción, incapacidad de gestión fiscal y presupuestaria, aumento de las tensiones territoriales nacionales y crecimiento de la desigualdad. No existen alternancias políticas factibles a nivel autonómico, de la misma manera que no es creíble una coalición Ciudadanos-PP, como sugieren las encuestas de opinión actuales, para encauzar y “regenerar” el régimen del 78. Este régimen no se puede regenerar, aun menos por la derecha que lo parasita.
Las cosas solo pueden ir a peor mientras la movilización de las resistencias populares -como las mujeres el 8 de marzo, los pensionistas, las mareas sanitarias- no construyan una nueva correlación de fuerzas y las bases de una alternativa de izquierdas al régimen del 78. Una alternativa que sin el reconocimiento claro, explícito y constante del derecho de autodeterminación de las naciones históricas Catalunya, País Vasco y Galicia, y de la propia España (¿es que se ha podido expresar y autodeterminar alguna vez su ciudadanía sobre esta monarquía impuesta por la dictadura franquista o la República?) está abocada al más espectacular de los fracasos.
Un componente esencial de esas movilizaciones será la defensa de las libertades democráticas, que hoy están suprimidas en Cataluña por la represión judicial y la intervención de sus instituciones políticas. La respuesta en positivo al agotamiento de la estrategia procesista comienza por la defensa unitaria del espacio democrático de la movilización popular, contra la judicialización y la represión de las libertades de asociación y manifestación. No es posible una “recuperación de las instituciones” con políticos encarcelados por rebelión o perseguidos en el exilio por intentar ejercer el mandato democrático de sus electores. De nada servirá en este sentido un Govern elegido antes del próximo 22 de mayo si se somete a las condiciones de los gestores del art.155, sea el gobierno Rajoy, sus fiscales o el Tribunal Constitucional. Como tampoco la convocatoria estatal de nuevas elecciones autonómicas para intentar forzar la voluntad del electorado hasta que el bloque del art. 155 tenga una mayoría parlamentaria.
La nueva fase abierta en la política catalana, concretada en la declaración institucional del President del Parlament Torrent tras suspender la segunda sesión de investidura, tiene como prioridad la recuperación de las libertades políticas intervenidas mediante la movilización social de un frente antirepresivo. El que Catalunya en Comú se haya sumado y participen en él organizaciones sociales y sindicales no independentistas, en una mayoría democrática soberanista, puede ser decisivo a la hora de estructurar la resistencia contra el régimen del 78. De momento, gran parte de la población de Catalunya está en la calle por la defensa de la libertad y la democracia.
