Desaparición forzada: caso Daniel Solano
Fiske Menuko, Río Negro. Una camioneta Ecosport Blanca, un Fiat Duna rojo, una moto, cuatro policías, una pareja de testigos. Los vales de nafta, los robos, la advertencia y el pacto de silencio. Como piezas de un rompecabezas las pruebas dentro del juicio por la desaparición forzada de Daniel Solano se van incorporando a la causa de forma gradual e imponente formando, con movimientos vertiginosos, una extensa red de relaciones y vínculos delictivos. Durante la última jornada judicial (día 8) declararon dos personas de identidad reservada. Una de ellas completó su declaración vía videoconferencia confesando que siguió a cuatro policías que se llevaron a Daniel Solano desde el boliche bailable Macuba hasta la isla 92, en cercanías al río Negro. La segunda persona afirmó que su ex pareja robaba para la policía y que, específicamente, Sandro Berthe participaba, desde el interior de la institución policial, en el mercado negro de los vales de nafta. Este último testimonio pone a la vista de la opinión pública cómo diferentes agentes institucionales se sirven de los recursos del Estado para ejecutar hechos delictivos que la ciudadanía y los líderes de opinión reconocen, pero que finalmente deciden no denunciar.
¿Por qué fue necesario que un abogado de Salta llegará hasta Choele Choel para realizar una investigación en donde se hicieron visibles distintos abusos que se ejecutan sobre los trabajadores y las trabajadoras rurales desde hace décadas, a la vista de toda la ciudadanía, en la región del Alto Valle? ¿Acaso la ciudadanía de Río Negro y Neuquén desconoce el destino de los trabajadores y la trabajadoras golondrinas en la región? ¿Qué rol tuvo la fiscalía dentro de la investigación del caso que derivó en este juicio? ¿Por qué no existe en la región un periodismo de investigación capaz de denunciar las maniobras que realizan empresas como Expofrut? ¿De qué manera, esta ausencia comunicacional beneficia el pacto de silencio que mantienen los 7 policías, sus cómplices y los testigos temerosos y desprotegidos que, por ejemplo, en este caso, muchos de ellos aún no se han animado a declarar? ¿Por qué los medios locales responden también a la naturalización de las distintas formas de violencia que se ejercen sobre los trabajadores? ¿Por qué, a pesar de la complejidad y la magnitud del caso, Gualberto Solano pasa las audiencias prácticamente solo sentado en los pasillos de la Ciudad Judicial de Fiske Menuko? El pacto de silencio no sólo compromete a los 7 agentes de la policía, además interpela al Poder Judicial, al poder empresarial frutícola de Río Negro y Neuquén; el pacto de silencio interpela a la institución policial y a los medios masivos de la región que deciden, sistemáticamente no estar presentes en ninguna de las audiencias del caso, produciendo un vacío comunicacional en donde en realidad existe un crimen o, peor aún, una red criminal.
Introducción
A las cinco de la mañana, en esta época del año, Neuquén se muestra como una ciudad fría y solitaria. A esa hora todavía la ciudad permanece oscura. Sobre la ruta sólo se logran ver las luces intensas de los camiones de carga que no detienen su marcha en toda la noche. A esa hora en Neuquén es necesario atravesar caminando todo el centro de Neuquén para encontrar el único lugar abierto para cargar la tarjeta de colectivos: un kiosco ubicado en la intersección de las calles Avenida Argentina e Independencia. De Neuquén hasta la ciudad judicial son exactamente dos horas de viaje. El último pasaje me lo pago gentilmente Asunción Ávalos. Nos volvimos juntos de la última jornada (día 8). Asunción tiene 84 años y viaja desde Picún Leufú, una ciudad que está a casi km 200 de distancia de Fiske Menuko, para presenciar las audiencias y acompañar a Gualberto Solano. Asunción ya ha estado presente en varias audiencias. Asunción es en muchos casos una de las únicas personas presentes, sentada en la sala de audiencia. La última foto que le logré tomar se lo ve sólo con uno de los imputados de fondo: Héctor Martínez. Cuando miro esta foto de nuevo la reconozco y la veo como una fotografía histórica, entiendo que, para los medios masivos locales, no significa nada, ni la foto, ni el caso. ¿Qué relevancia puede tener para un medio gráfico local la fotografía del papá de un joven víctima de desaparición forzada que presencia el juicio de otro caso de similares características mientras uno de los imputados lo observa de cerca?
Héctor Martínez mira la cámara mientras Asunción Ávalos mira el centro de la sala de audiencia. Foto Gustavo Figueroa.
Kiñe. Primer capítulo
El pacto de silencio
Los medios de comunicación tienen un rol de importancia y relevancia sobre el caso Solano y sobre todos los actos de violencia que se han ejecutado sobre los trabajadores y trabajadoras rurales del Alto Valle. ¿Por qué los medios locales serían incapaces de realizar una investigación para denunciar los abusos que se cometen en las chacras del Alto Valle? ¿Por qué fue necesario que viniera una persona de Salta para realizar una investigación e inclusive un documental sobre un caso local? ¿Por qué un medio como Canal 7, por citar sólo un ejemplo, no sólo no está cubriendo el juicio sino que además sería incapaz de realizar un trabajo de investigación sobre los abusos que padecen los trabajadores rurales de la región; abusos que son avalados con silencio por parte de las instituciones del Estado y el poder judicial? ¿Por qué Canal 7 sería incapaz de realizar una investigación rigurosa sobre las acciones y operaciones delictivas de Expofrut? ¿Por qué los medios locales responden también a la naturalización de las distintas formas de violencia que se ejercen sobre los trabajadores?
¿Existe una relación directa e intrínseca entre el no hacer de los medios masivos comerciales y las pretensiones de los victimarios? ¿Qué tipo de periodismo de investigación puede existir en ciudades como Choele Choel (escenario de la desaparición forzada de Daniel Solano), Picún Leufú (ciudad donde nació Sergio Avalos), Allen (ciudad donde se produjo la desaparición forzada de Carlos Painevil) o Las ovejas (reciente escenario donde se produjo el doble femicidio)?
¿Para comprometerse y realizar una forma de periodismo de investigación en ciudades extractivas como las de Neuquén y Río Negro es necesario morirse de hambre? ¿De qué manera favorece esto a los victimarios? ¿Los favorece porque se mantienen anónimos como se mantienen anónimas también sus acciones delictivas? ¿Cuándo las cámaras se va a decidir a hacer foco sobre ellos? ¿Cuándo ya hayan consumado sus delitos? ¿Cuándo finalmente ya exista un desaparecido, y el caso esté a punto de resolverse? En este contexto, ¿resulta relevante o insignificante que un medio masivo como Canal 7 transmita el rostro de los imputados y parte de las audiencias del caso?
Epu. Segundo capitulo
Al final del camino una isla
“¿No lo vas a ayudar?”, lo interpeló ella a él. Él sólo atinó a seguirlos una vez que dejaron de golpearlo. Ella y él, subidos en una moto, los siguieron a la distancia. En la camioneta viajaban cuatro policías y Daniel Solano. Mientras la camioneta y la moto avanzaban, apareció desde la oscuridad de la noche un Fiat Duna rojo.
El abogado querellante Leandro Aparicio le realiza una única pregunta a una testigo de identidad reservada que habló a través de una videollamada. Foto Gustavo Figueroa.
El fin del viaje era la isla 92, cerca del río Negro. Después de llegar a ese punto la pareja volvió en la moto al boliche Macuba. Habían pasado parte de la noche ahí. Ahora volvían para reconocer a los policías. Los policías se dieron cuenta quiénes eran ellos. Los sacaron del boliche. Ella había reconocido a cuatro de los policías imputados. No lo dudó. Los denunció, pero en la comisaría se encontró con dos de los policías que se llevaron la noche del 5 de noviembre a Daniel Solano. Pablo Bender y otro policía (que la testigo no pudo reconocer en su segunda declaración) le advirtieron que ella, esa noche, no había visto nada. Ella no aceptó el pacto de silencio. La testigo había reconocido también a Héctor Martínez y Juan Barrera como las personas que golpearon a Daniel Solano y se lo llevaron hasta la isla 92. Reconoció la camioneta Ecosport y el Duna rojo mencionado en repetidas ocasiones.
Pablo Bender fue reconocido como el oficial que intimido a una testigo dentro de una comisaría para que aceptara el pacto de silencio. Foto Gustavo Figueroa
Küla. Tercer capítulo
Los vínculos delictivos de la policía
El Duna rojo pertenecía a Sandro Berthe. Varios testigos han afirmado que los han ido a buscar en ese auto para declarar en la comisaría. Un acto tan intimidatorio como los que practicaba la última dictadura cívico militar argentina yendo a buscar a sus víctimas con los Falcon verdes oficiales. Los verdugos buscaban a los testigos en sus autos para que declaren a su favor o para que acepten el pacto de silencio. Muchos han hablado, pero otros muchos han aceptado el pacto por miedo, porque se sienten vulnerables, desprotegidos.
La segunda testigo en declarar confesó que Berthe le vendió el Duna rojo a su ex pareja, que ambos realizaban acciones dentro de una extensa red de relaciones y vínculos delictivos; acciones que se beneficiaban exclusivamente de la institución policial, y por lo tanto de los recursos del Estado. Específicamente la testigo de identidad reservada declaró que su ex pareja robaba para la policía y que antes de que éste cayera preso formaba parte del negocio negro de los vales de nafta, del cual Sandro Berthe era parte.
Juan Barrera conversa con Héctor Martínez y Sandro Berthe. Foto Gustavo Figueroa
Berthe sigue siendo el protagonista de la escena. Sigue estando en primer plano, pero la presencia de Bender, Martínez y Barrera en este tramo del juicio, resulta innegable. Son dos las personas las que ven de forma directa a estos cuatro policías golpear a Daniel Solano; son dos personas de identidad reservada que ven cómo estos cuatro policías se llevan a Daniel en una camioneta. Una de ellas inclusive logra seguirlos en su moto hasta la isla 92 de Choele Choel.
Meli. Cuarto capítulo
Prisión preventiva
Al finalizar las declaraciones los abogados querellantes exigieron a los jueces que los siete policías fueran puestos en prisión preventiva ya que entienden que “no están dadas las condiciones de seguridad para que los testigos vengan a declarar estando los imputados en libertad”. El abogado querellante Leandro Aparicio argumentó:
“El señor Berthe era el que estaba parado en la puerta del juzgado 30 cuando teníamos que ingresar con ocho o nueve testigos para declarar; el señor Berthe, usted la escuchó a la testigo, era el que llamaba a C.R. desde la cárcel para desviar la investigación e involucrar al doctor Heredia en una supuesta venta de drogas. No es casualidad que casi ninguno de los testigos de Choele Choel, mucho menos los testigos que han identificado a policías, haya venido a declarar. ¡No es casualidad!”
Un pedido que no fue acompañado por la fiscalía.
“En este momento la fiscalía no va a acompañar a la parte querellante en el pedido de detención y voy explicar por qué: la fiscalía más allá de que represente a la víctima, tiene que actuar con un plus de objetividad; y actuando con ese plus de objetividad entiendo que en este momento no tengo elementos objetivos para decir que los testigos no estén viniendo porque están amenazados”.
Finalmente los jueces acompañaron los argumentos de la fiscalía negando el pedido de prisión preventiva para los oficiales.
Teresa Giuffrida, fiscal de la causa, se opuso al pedido de prisión preventiva. En la foto discute con Sergio Heredia. Foto Gustavo Figueroa
La soledad y el abandono que padecen los testigos es lo que refuerza el pacto de silencio que mantiene aparentemente ilesos a los responsables ideológicos de la desaparición forzada de Daniel Solano. La soledad de los testigos es inclusive más acuciante que la que muestra Gualberto Solano (el papá de Daniel) cuando se queda solo en los pasillos de la Ciudad Judicial.
El pacto de silencio no sólo compromete a los 7 agentes de la policía, además interpela al Poder Judicial, al poder empresarial frutícola de Río Negro y Neuquén; el pacto de silencio interpela a la institución policial y a los medios masivos de la región que deciden sistemáticamente no estar presentes en ninguna de las audiencias del caso, produciendo un vacío comunicacional en donde en realidad existe un crimen o, peor aún, una red criminal.
