La pasada por el tribunal fue solicitud de la Corporación de Unidades Privadas (CUP), y la revisión terminó desarmando uno de los proyectos más emblemáticos de la administración de Bachelet y una de las principales demandas del movimiento estudiantil.

Para las 10 de la mañana de este martes estaba fijada la sesión en que el Tribunal Constitucional definiría una de las aristas más trascendentes de la reforma a la Educación Superior impulsada por Michelle Bachelet: la que prohíbe a las universidades que se definen como sin fines de lucro incluir entre sus controladores a personas o instituciones que sí tengan fines de lucro.

Y en una votación de 6 votos contra 4, el tribunal declaró como inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior –donde está contenida la norma–, ya que considera que el texto transgrede el derecho que la Constitución asegura a la libertad de enseñanza y organización. En otras palabras, con este fallo se desmorona el corazón de la reforma pues permite que haya lucro en la educación superior.

La pasada por el TC de esta iniciativa, curiosamente, no salió de ninguno de los parlamentarios de Chile Vamos sino que de una de sus involucradas directas: fue Pilar Armanet (PPD), ex rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, quien pidió por escrito al tribunal que hiciera la revisión, criticando que la norma se había aprobado con mayoría simple (más de la mitad de los parlamentarios presentes en la Cámara), y ella apeló a que se necesitaba de quórum calificado (mayoría absoluta).

Según explicó el diputado en los días anteriores a que se conociera la decisión, desde ahora el Estado estaría obligado a entregar generosos recursos –ya sea a través de créditos o gratuidad– a instituciones de educación superior que, sin embargo, no entregar garantías de que estén revirtiendo todo en calidad, y que puedan utilizarlos para su propio enriquecimiento. “Es decir, con este acto arbitrario es ilegítimo del TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público”, cerró Jackson.

Además, el Estado estaría forzado a entregar cuantiosos $$ (vía créditos o gratuidad) a IES q no dan garantía d reinvertir todo en calidad, sino lucrando cn ésta. Es decir, con este acto arbitrario e ilegítimo del TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público.

En tanto, en la previa a que los diez integrantes del tribunal iniciaran la votación, un grupo de estudiantes se manifestó en las afueras del TC con la consigna “Chile ya decidió”. “No queremos más lucro en la educación, queremos la educación como un derecho y que Tribunal Constitucional no decida de espalda a la ciudadanía”, dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales.

Durante esta mañana el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que desde el gremio organizarían marchas en caso de que la norma fuera aprobada. “Cualquier pretensión de reponer el lucro sin duda alguna generaría inmediatamente una respuesta de marchas y movilizaciones por parte del movimiento social”, dijo.