El grupo político “Barcelona en Comú” ha iniciado el ciclo de debates “Del barrio a Europa” con un tema que afecta a muchas de las grandes ciudades del mundo: la carestía de la vivienda y los efectos de la vivienda de alquiler turístico.

En estos momentos en Barcelona se contabilizan 10.000 viviendas de alquiler turístico legales y se calcula que hay unas 7.000 ilegales. El alquiler de una vivienda turística es cuatro veces más caro que el de una de uso residencial, así que la vivienda turística presiona a la alza el precio de todos los alquileres.

María José Aldanas, coordinadora de la “Xarxa europea Housing Rights Watch”, ofrece un panorama de lo que sucede en otras ciudades europeas. El problema de la “turistificación” de las ciudades es mundial. Existen iniciativas para afrontar la subida de precios de los alquileres en ciudades como Boston, Ámsterdam, Londres, Berlín o París. Por ejemplo, en Berlín, en el 2014 se planteó hacer una normativa que regulase los alquileres que no son ordinarios. Esta normativa solo permite alquilar menos del 50% de un apartamento por un periodo corto, para alquilar todo el apartamento necesitas una licencia y el ayuntamiento impone multas a los usos ilegales. En París el alquiler turístico se limita a 120 días por año y a determinadas zonas de la ciudad. Advierte que en España, tradicionalmente la vivienda no se ha considerado un derecho, sino un motor económico y los intentos de reconocer el derecho a la vivienda han sido paralizados por los tribunales de este país. La estrategia que propone para afrontar la subida de precios es la del litigio, acudir al “Tribunal de Justicia de la Unión Europea” contrastando la normativa local o estatal con lo que propone Europa, o acudir a la ONU.

Janet Sanz, regidora de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, explica las medidas que se han tomado desde esta institución. El precio del alquiler en Barcelona está subiendo desmesuradamente por muchos motivos: mucha gente quiere vivir y visitar Barcelona y eso impacta en el precio de nuestro parque de vivienda, además Barcelona solo dispone de un 1,5% de vivienda pública, frente a otros países europeos que cuentan con un 40%, incluso el porcentaje de vivienda de alquiler es escaso, tan solo el 30%. Ha habido mucha dejadez de las administraciones con este tema durante muchos años. La ley catalana de 2007 del “Derecho a la Vivienda” ya describía que los gobiernos anteriores solo promovían la venta de suelo pero no hacían política de vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona ha actuado en los ámbitos en los que tiene competencias, que es el urbanismo, regulando los usos con el “El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos”. También han incrementado el cuerpo de inspectores para controlar las infracciones de 7 a 100 y han impuesto sanciones desde 6.000€ a 600.000€. Crearon un espacio con las plataformas comercializadoras y hoy en Catalunya hay una ley de turismo de prohíbe que ninguna plataforma publicite un piso sin licencia turística. Para visualizar el problema de la vivienda se está construyendo una red internacional de gobiernos locales: “Fearless cities”. Necesitamos que las ciudades pidan a los estados que regulen, por ejemplo, un grupo de ciudades españolas hemos pedido al Estado español diversos cambios legislativos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Neus Truyol, regidora de “MÉS per Mallorca” del Ayuntamiento de Palma, nos comenta las medidas que está tomando el Ayuntamiento. Se trata de una ciudad con una fuerte tradición turística y aunque las competencias sobre vivienda las tiene el Gobierno Balear, el Ayuntamiento aprobó una normativa para regular el alquiler turístico con licencias que caducan cada 5 años y sanciones a las comercializadoras. Ahora están redactando una zonificación turística.

Sorcha Edwards, secretaria general de “Housing Europe” confirma que el derecho a la vivienda no está en el centro de la política europea. La Unión Europea sigue creyendo que será el mercado el que regulara los precios, todavía está en una política muy neoliberal, aunque advierte ciertos cambios; como la aprobación de un informe en el que se reconoce que las ciudades son el campo de batalla y los gobiernos regionales y nacionales no están dando respuesta a las dificultades que surgen, así que están viendo que ahora han de trabajar con las ciudades, por ejemplo con la Agenda Urbana.