La escola de samba Beija-flor es la campeona del Grupo Especial Carnaval Río de Janeiro 2018.  En el tema principal del espectáculo ofrecido por la escola, se escuchó que «monstruo es aquel que no sabe amar», que «los niños son abandonados por la patria que los parió» –haciendo referencia a la frase popular  «la perra que los parió». En segundo lugar la Escola Paraíso do Tuiuti, presentaba a su vez un entramado de connotaciones políticas, criticando la reforma del trabajo y la seguridad social, y mostrando al presidente golpista Michel Temer bajo la apariencia de un vampiro corrupto, el Vampiro del Neoliberalismo. La reacción no se hizo esperar.   El 20 de febrero, en la Cámara Federal, la mayoría de los parlamentarios aprobó la intervención militar al Estado de Río de Janeiro con la justificación de contener la crisis de seguridad pública de ese Estado.

Cuando leí las noticias mis pensamientos fueron inmediatamente para el actor que durante el Carnaval interpretó Vampiro del Neoliberismo luciendo una banda presidencial adornada con dólares, que también formaban el enorme cuello de su chaqueta. Y no fui la única: el corresponsal de Le Monde en São Paulo también se preguntaba si la decisión de la intervención militar no fue influenciada por el carnaval altamente politizado de este año.

La organización de derechos humanos Justicia Global envió una denuncia a la ONU y la OEA, en la que destaca diversas irregularidades contenidas en el decreto que establece la intervención, así como su absoluta incompatibilidad con los tratados y convenios internacionales de los que Brasil es signatario. La Constitución no autoriza la transferencia de la autoridad política del ámbito civil al militar, sino únicamente del ámbito estatal al federal. Definiendo la naturaleza de la intervención como «militar», el decreto atenta contra el orden constitucional mismo, y este es uno de los puntos más importantes destacados en la denuncia.  En vista de la gravedad de la medida de intervención y sus posibles consecuencias, Justicia Global pide el establecimiento de un canal permanente de diálogo entre los organismos internacionales y la sociedad civil brasilera, que tiene derecho a criticar, monitorear y denunciar la intervención militar. También pide que los organismos internacionales se manifiesten públicamente en relación con las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

La intervención se inscribe en un contexto más amplio de asaltos a las garantías constitucionales, los principios democráticos y las políticas sociales, asaltos sistemáticamente llevados a cabo por un gobierno que no tiene ni apoyo popular ni  –mucho menos–, legitimidad política. La intervención amenaza los derechos y garantías individuales de toda la población de Río de Janeiro, subrayando que los segmentos más vulnerables son los afrodescendientes y los pobres que viven en favelas y suburbios urbanos: históricamente, el uso de las fuerzas armadas en estas zonas siempre ha violado los derechos de sus habitantes.

La intervención federal en Río de Janeiro, con el traspaso del control de la seguridad pública del Estado a manos de un general, ha causado escalofríos a quienes todavía sufren pesadillas por el trauma que dejó la dictadura militar, una dictadura que censuró, torturó y asesinó desde 1964 hasta 1985. ¡Y 1985 está tan cerca! Lo que la población pobre y marginada de las favelas y los suburbios urbanos de Río de Janeiro está pidiendo –y todo el pueblo sano del Brasil también lo pide–, es que el Estado se manifieste a través de políticas públicas que garanticen el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. En resumen, que el Estado deje de apuntar con sus armas a los niños y niñas que más necesitan ayuda y protección.