Gracias al movimiento estudiantil, se generó un proyecto de educación superior que buscó eliminar el lucro en las universidades por la vía de impedir que estén en manos de empresas controladoras con fines de lucro. Este proyecto fue aprobado bajo el anterior gobierno de Bachelet con el concurso de parlamentarios de todas las bancadas luego de un largo proceso no exento de dificultades.
Y cuando se pensaba que ya estaba en curso, Pilar Armanet, a nombre de la Corporación de Universidades Privadas, hace una presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) para que revise la legalidad del artículo correspondiente. Con ello aprovecha la instalación del nuevo gobierno de derecha y la conformación de un TC dominado por quienes han colaborado con el primer gobierno de Piñera. Armanet, fue vocera del primer gobierno de Bachelet, milita en uno de los partidos que conformaban la Nueva Mayoría, el PPD, y actualmente es rectora de la Universidad de las Américas.
Como se temía, el TC acaba de declarar inconstitucional el artículo del proyecto de educación superior que prohibía las universidades incluir controladores con fines de lucro. El subsecretario de educación se apresuró a señalar que lo resuelto por el TC no altera la esencia de la legislación que prohíbe el lucro. Sostuvo incluso que la ley prohíbe tajantemente la posibilidad de lucro en las universidades y que el reciente fallo no altera esta situación. Finalizó afirmando que cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada.
Lo expuesto no dejará de extrañar a más de un lector. ¿Cómo es eso? ¿se prohíbe o no el lucro en las universidades?
El artículo 15 del DFL 1 del 30 de diciembre de 1980 afirma que las universidades que se creen, deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. A más de un observador le extrañará que se trate de una ley de tiempos del innombrable, cuando el dominio de los economistas Chicago Boys no tenía contrapeso alguno. La razón fundamental la dio Pablo Barahona (QEPD), quien fuera ministro de economía, presidente del Banco Central y uno de los dueños de la Universidad Finis Terrae. Afirmó que las grandes universidades del mundo no tienen fines de lucro, sus rectores los eligen los profesores, no los dueños. No se venden ni se heredan como las fábricas o buses. El lucro sería a costa de la calidad. Lo que importó al momento de promulgarse la ley era abrir la posibilidad de crear universidades privadas que hicieran contrapeso a las universidades existentes que se veían dominadas e infiltradas por la izquierda. En consecuencia, no era el afán de lucro el que dominaba la escena, sino que ganar la batalla de las ideas por parte de la derecha en un terreno que históricamente le ha sido esquivo: las universidades.
Si se mira lo que son actualmente las facultades de economía y negocios del grueso de las universidades chilenas, incluidas las estatales, pocos dudan del ascenso de la derecha. Con el tiempo, consolidado el pensamiento neoliberal en las universidades, la tentación por lucrar se fue fortaleciendo. Surgieron figuras “originales” orientadas a burlar la ley: universidades sin infraestructura física que arriendan a inmobiliarias cuyos dueños son los mismos de las universidades. Empresas que prestan servicios a las universidades cuyos propietarios son los mismos, cuidándose de afirmar que las transacciones son a precio de mercado. Simultáneamente, a lo largo de todas estas décadas, las universidades lucran infringiendo la ley a vista y paciencia de autoridades nacionales que han estado mirando al techo aduciendo que no disponen de herramientas para controlar el lucro. Hecha la ley, hecha la trampa.
Desafortunadamente lo acordado por el TC más parece entrar en una lógica de guerra que de acuerdos, al borrar con el codo lo que se había acordado en el parlamento.
