Este próximo sábado, 17 de marzo, tendrán lugar en todo el territorio español manifestaciones contra la llamada Ley Mordaza, de la que se cumplen tres años y que tanto recorte de derechos ha supuesto.
En Madrid, la manifestación saldrá a las 18 horas de Sol y llegará hasta las Cortes.
Como seguramente sabréis, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos.
El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma hemos estado siguiendo de cerca este proceso, y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas, y ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales.
Es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la Ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley, tales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las «devoluciones en caliente».
Desde que el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Mordaza, estamos viviendo un incremento de abusos policiales y de la vulneración de derechos debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley de Seguridad Ciudadana. Con ello, se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no sólo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza. Las multas por «desobediencia o la resistencia a la autoridad» y «la negativa a identificarse» o «la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación» (artículo 36.6) ascienden a 10.196.817 euros. Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por «faltas de respeto y consideración» a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4), el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros 6 meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas por un valor de 469.203, en 2016 se interpusieron un total de 19.497, por un importe de 3.006.761 euros. En total, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros.
En 2016 de las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana alrededor de 34.000 podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no sólo por el impacto sobre personas en concreto sino también porque además está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos a protestar y expresar sus reivindicaciones, y esto a su vez implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos.
La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, y la Ley Mordaza es una de las armas utilizadas para cercenar la libre difusión de información, e incluso con sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión.
Además, la Ley Mordaza recogió una disposición adicional (la décima) con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente” que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años. El pasado 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificó que son ilegales condenando a España por llevarlas a cabo. El gobierno debe detener de una vez esta práctica que tiene consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Ceuta y Melilla.
Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades.
