Este 3 de febrero, se conmemora el cuarto aniversario de la muerte de dieciséis personas subsaharianas en la Playa del Tarajal -Ceuta- cuando intentaban entrar por mar desde Marruecos en suelo europeo. Sus muertes han quedado impunes.
Este año tendrá lugar el próximo sábado 3 de Febrero. Cuatro años después, asociaciones como Elin, promotora de la marcha, intentaran denunciar las muertes que se producen en Frontera Sur como consecuencia de las políticas migratorias de la UE. Antes, los participantes podrán ver un documental y hay convocadas mesas redondas en el salón de actos del IES Siete Colinas de Ceuta.
Se cumplen cuatro años de la mal llamada “tragedia del Tarajal” donde, según la versión oficial, dieciséis migrantes de origen subsahariano murieron ahogados cuando se disponían a entrar a nado a Europa por la playa del Tarajal de Ceuta, procedentes del norte de Marruecos. Estas dieciséis personas formaban parte del grupo de alrededor de 200 que consiguieron aquella noche burlar los controles que las fuerzas marroquíes desplegaban en los bosques cercanos a la valla de Ceuta y llegar hasta la playa, en la misma aduana, donde se arrojaron al mar. Se habla de unos 1.500 subsaharianos los que intentaron entrar en Europa en la madrugada del 6 de febrero del 2014 y solo esos 200 lograron acercarse.
La Guardia Civil los recibió con material antidisturbios cuando nadaban en dirección a la orilla, botes de humo y pelotas de goma que les lanzaban desde el espigón. Esta acción no fue admitida por el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, y más tarde, por el polémico director del instituto armado, Arsenio Fernández de Mesa, quien negó que se usara material alguno antidisturbios en el agua, cargando en las fuerzas marroquíes la responsabilidad de las muertes.
Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior en aquel momento, tras repetidas negativas, compareció una semana más tarde en el Congreso reconociendo el uso de material antidisturbios de manera disuasoria, pero apuntando al agua. Explicaciones que no tuvo más remedio que ofrecer después de la difusión de las imágenes en las que se podía observar, tal y como reconoció el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez en el Congreso, que los agentes de la Guardia Civil habían utilizado «equipos antidisturbios» para impedir que los “inmigrantes” llegaran a España disparando “145 balas de goma y cinco botes de humo”, hacia la posición donde nadaban, al mismo tiempo que estaban siendo perseguidos por una patrullera marroquí.
Martínez enfatizó que ninguno de los jóvenes que llegaron a la costa española resultó herido y que la Guardia Civil solo había disparado cuando éstos estaban todavía en aguas marroquíes, suavizando la actuación desde el Espigón. ¿Pero por qué nadie trató de rescatar a los que se estaban ahogando? ¿Por qué no avisaron a Salvamento Marítimo y a Cruz Roja? El Gobierno del PP hizo oficial la mentira a través del Ministro y tumbó la petición de apertura de una comisión de investigación que la oposición pedía aprovechando la mayoría absoluta con la que contaba en 2014.
Las mentiras del Delegado del Gobierno en Ceuta y del Director de la Guardia Civil habían salido a la luz dejando en evidencia a la cúpula del Ministerio; incluso el máximo representante del ejecutivo en la ciudad autónoma llegó a tachar en su cuenta de Facebook de miserables a las organizaciones que acusaban directamente a los guardias civiles como responsables de las muertes, como el caso de la ONG Caminando Fronteras que hizo público un informe al que adjuntaba los partes de lesiones y los testimonios de supervivientes, coincidiendo todos en lo mismo: las pelotas de goma iban dirigidas directamente a ellos. Tras conocer el informe, Francisco Antonio González, aconsejó a los guardias civiles que interpusieran querellas contra la ONG.
Los mandos de interior mintieron sin escrúpulo alguno. Nadie asumió responsabilidad y nadie sabe quién dio la orden para autorizar la actuación de los agentes españoles en la playa del Tarajal. A día de hoy, nadie ha pedido perdón a las familias de las víctimas de aquella fatídica mañana de febrero del 2014.
Un año después se recogieron imputaciones
Un año más tarde, tras las denuncias de varias organizaciones, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ceuta, encargado de la investigación, imputó por un presunto delito de homicidio imprudente a un total de 16 guardias civiles de la compañía que participó en el operativo aquel día. El capitán, un teniente, un sargento y 13 agentes fueron citados a declarar por la Jueza María del Carmen Serván, imputados por homicidio imprudente. La investigación trataría de aclarar si la actuación de la Guardia Civil en la playa aquella mañana tuvo relación causa-efecto con las muertes de al menos cinco de los migrantes.
En octubre de 2015, la titular del juzgado archivó la causa. No había pruebas suficientes de que la actuación de la Guardia Civil hubiera sido responsable de la muerte de estas personas. Los informes enviados al juzgado y las pruebas aportadas, incluso los testimonios de los testigos presentados, que según el auto eran testigos “no identificados”, no fueron suficientes para demostrar la culpabilidad de los agentes. Se consideró que no era del todo fiable.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ordenó reabrir la investigación considerando que «nada excusa la dejadez o tibieza» para aclarar la actuación de la Guardia Civil usando material antidisturbios. La Audiencia estimó íntegramente los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional y libre de las actuaciones, ordenando continuar la causa como diligencias previas del procedimiento abreviado y apreció que los pasos dados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 hasta octubre de 2015 no alcanzaron «los grados de suficiencia y eficacia» que serían exigibles. La Asociación Coordinadora de Barrios, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) recurrieron el sobreseimiento de las diligencias instruidas por los delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación ordenados por la jueza instructora.
Nuevamente, la pasada semana la jueza ordenó el archivo de la causa. No se sabe nada de las autopsias exigidas a Marruecos por la comisión rogatoria. Las autoridades marroquíes no han sido unos colaboradores eficientes para aclarar las circunstancias de las muertes en el Tarajal. De nuevo, la justicia se lava las manos en unos hechos tan graves como los producidos en la playa al lado de la Frontera de Sur de Europa. Al igual que las denuncias por las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, tan inhumanas como ilegales, se siguen produciendo.
Los familiares de las víctimas han tratado de venir a España para conocer el lugar donde están los nichos en los que descansan los restos de las cinco personas muertas el 6F del 2014 en el cementerio civil de Ceuta, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores les ha negado el visado de entrada a España. Ni por razones humanitarias el Gobierno de España consiente que las familias puedan reconocer los cuerpos de sus seres queridos, asesinados según al versión de algún superviviente y que así lo han denunciado sus portavoces, muertos de una forma cruel mientras intentaban llegar, paradójicamente, a un lugar donde los Derechos Humanos son la base de la convivencia y sobre ellos están los cimientos de la construcción de Europea. Nada más lejos de una realidad cruel y miserable que hace que los gobiernos estén constantemente en guardia ante el problema, que no es otro que la desigualdad y las formas de mirar a África como un “continente invasor”. Resulta irónico que los invasores están al otro lado del lujoso telón de acero de Europa. Norte contra Sur, ricos contra pobres.
Una marcha les recuerda
Una concentración anual de personas anónimas y otras que forman parte de organizaciones pro Derechos Humanos llegarán a Ceuta desde todos los puntos del estado español y de Marruecos. La V Marcha de la Dignidad, recordará a las 16 víctimas del Tarajal como todos los años desde que se produjeran los tristes acontecimientos. Organizada por colectivos y asociaciones de ámbito social ceutíes en forma de jornada reivindicativa y de reconocimiento, que acabará en la misma Playa del Tarajal, escenario macabro donde perdieron la vida dieciséis seres humanos, donde se dará lectura a un manifiesto.
Este año tendrá lugar el próximo sábado 3 de Febrero. Cuatro años después, asociaciones como Elin, promotora de la marcha, intentaran denunciar las muertes que se producen en Frontera Sur como consecuencia de las políticas migratorias de la UE. Antes, los participantes podrán ver un documental y hay convocadas mesas redondas en el salón de actos del IES Siete Colinas de Ceuta.
Imágenes de Antonio Sempere de conmemoraciones anteriores.
