Una reforma anunciada con bombos y platillos por el gobierno de Michelle Bachelet, luego frenada por el lobby y actualmente en un escenario de incertidumbre, con el presidente electo Piñera hablando de «reestablecer la certeza jurídica» en torno a los derechos de aguas. Precisamente en su anunciado gabinete hay al menos cinco ministros con derechos constituidos. «Hoy tenemos un gabinete ministerial designado por Piñera que es cómplice del modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas», dice el secretario general de Modatima, Rodrigo Mundaca.

Fue quizás el anuncio más aplaudido de la presidenta Michelle Bachelet de su discurso del 21 de mayo de 2014, el primero que tendría en este segundo mandato:

—La sequía que hemos visto ya no es una emergencia, llegó para quedarse. (…) No se trata, además, sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino también de la sobreexplotación de cuencas y del mal uso de los derechos de agua. Es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas.

Lo que la mandataria tenía en mente era una indicación sustitutiva (revisar desde la página 53) que daría un nuevo aire al proyecto que permanecía congelado desde 2011 cuando ingresó vía moción parlamentaria a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, tal como reveló un reportaje de Ciper, el lobby de los sectores mineros, agrícolas e hidroeléctricos, con la ayuda de ex miembros de la Dirección General de Aguas (DGA)-entre ellos dos del mandato de Piñera, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, y dos que alcanzaron a estar en el primer mandato de Bachelet, Rodrigo Weisner y Orlando Acosta-, además de la venia incluso de funcionarios del propio gobierno como el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, terminaron por lograr que el mismo Ejecutivo presentara indicaciones que terminaron con puntos clave del espíritu original del proyecto.

De este modo se terminó con la norma que establecía que los empresarios mineros pidieran permiso para usar aguas halladas durante su operación, la que establecía “caudales ecológicos” mínimos y se amplió el plazo de años para propietarios de derechos que no hicieran uso de estos. El propio Micco dijo en un Encuentro Nacional del Agro que no habría efectos de retroactividad en la reforma.

Y tenía razón, ya que la polémica modificación que establecía concesiones con plazo definido para los derechos de agua -30 años- no solo no tocaba a los ya constituidos y perpetuos, sino que sufrió un cambio de redacción que habla de “otorgar derechos de aprovechamiento” en lugar de “concesiones”.

Aun sin todas esas modificaciones, desde el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) señalan que la reforma era insuficiente desde su origen. “Nosotros siempre sostuvimos que la reforma al Código de Aguas planteada por Bachelet era completamente insustancial si es que no se planteaba la derogación del artículo 19 numeral 24 de la Constitución política, que señala literalmente que ‘los derechos de los particulares sobre las aguas,  concedidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos’”, dice Rodrigo Mundaca, secretario general del movimiento.

La labor de Modatima y diversos reportajes han dado cuenta de cómo el problema de la gestión y posesión de recursos hídricos ha afectado a provincias como Petorca (ver reportaje acerca de las redes de poder en el sector y de cómo ha escalado hasta la prensa internacional tanto danesa como italiana). Y el problema está lejos de ver su mayor gravedad en el panorama nacional, ya que esta semana se reveló la dura realidad de Ciudad del Cabo, que tras una sequía de tres años podría quedarse sin agua y convertirse en la primera gran ciudad en tener que ser abastecida por otras provincias.

A pesar de todos estos antecedentes hoy, a casi siete años de que ingresara el proyecto de reforma al Código de Aguas, sigue estancado en el parlamento. Iniciado ya febrero y su receso legislativo, y sin las urgencias que requeriría, la aplaudida promesa de Bachelet parece quedarse sin ver la luz.

Los derechos de aprovechamiento de aguas de los ministros de Piñera

Sebastián Piñera fue enfático respecto a su postura en torno a la reforma durante su campaña: “Hoy existe una gran incertidumbre jurídica debido a las modificaciones al Código de Aguas impulsadas por la Nueva Mayoría”.

En su programa de gobierno se propone asegurar la disponibilidad de agua para potenciar el desarrollo del sector agrícola y se postula de forma textual: “Restableceremos la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, de cualquier tipo, nuevos o antiguos”.

Dentro del gabinete que anunció el presidente electo hay diversos ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, tal como pudo constatar El Desconcierto.

El caso que salta más a la vista es el de Antonio Walker Prieto, futuro ministro de Agricultura, actual segundo vicepresidente de Fedefruta y el más prominente empresario de los hermanos Walker Prieto, con un patrimonio que supera los cuatro millones de dólares y más de 600 héctareas de manzanos, peras, cerezas y kiwis en la VII Región a través de la empresa que fundó en 1988 con su padre, Ignacio Walker Concha: la Agropecuaria Walker Prieto (Wapri).

El único Walker Prieto que tiene constituidos derechos de aguas a nombre personal, según los registros de la DGA, es Pedro. El hermano del futuro ministro tiene derechos por decenas de miles de litros por segundo (l/s) en la región de Aysén y por centenas en la de la Araucanía.

A través de Wapri, Antonio Walker también tiene constituidos derechos de aguas. En el portal de la DGA aparecen dos de naturaleza subterránea de 1992 en la comuna de Teno -por 70 l/s cada uno- y tres de 2001: uno superficiales por 116,66 l/s en Río Claro y otro subterráneo por 30 l/s en Teno. Además, en 2009 aparece otro en Río Claro, por 13,85 l/s. En total, son alrededor de 300 l/s en derechos del futuro ministro.

Sobre la reforma al Código de Aguas, Walker dijo en la Revista del Campo (revisa el artículo compartido por Fedefruta): “La discusión hay que situarla en lo técnico, y no en lo ideológico ni lo político. Reconocemos que en el actual proyecto hay aspectos positivos: coincidimos con el no a la especulación y que la prioridad es el consumo humano. Pero no podemos poner un remedio peor que la enfermedad. Por ello es fundamental que haya certeza jurídica. Hoy se es propietario de un derecho y con la modificación se pasa a titular, cuando se asignen nuevos. Hoy se puede gozar, usar y disponer de ese derecho, pero luego no se podrá disponer. No podemos aceptar que la DGA sea juez y parte en un tema tan delicado”.

Walker no es el único integrante del gabinete que asumirá en marzo con derechos constituidos.

A título personal, el próximo ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán, aparece con derechos constituidos por 6 l/s en Casablanca. En cuanto a empresas, el nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela Alfonso, a través de su empresa llamada “B.O. Glass Containers S.A” -ex Proyectos Industriales Tobruk Limitada- tiene dos derechos subterráneos por un total de 94 l/s en la localidad de Rengo.

Caso similar ocurre con la nueva ministra de Energía, Susana Jiménez Schuster, quien en 1996 constituyó la “Sociedad Agrícola Protea Limitada”. A través de ella, constituyó luego la sociedad “Agrícola y lechera Protea Limitada”, que tiene dos derechos de aguas subterráneas constituidos en 2004 en Curacaví, por un total de 210 l/s.

Otro caso es el del futuro ministro de Minería, Baldo Prokurica Prokurica, quien se ha inhabilitado en el debate acerca de la reforma al Código de Aguas. Según detalla un reportaje de Ciper, participa en un 25% de la “Sociedad agrícola Konavle limitada”, que tiene constituidos desde 2016 en Freirina derechos por 2 l/s. También la sociedad ha hecho dos solicitudes para constituir derechos para extraer otros 8 l/s y 13 l/s en Freirina.

Otro de los ministros de Piñera que podría tener intereses en cuanto a la reforma es el de Desarrollo Social, Alfredo Moreno Charme. Esto porque tiene constituida en el rubro la sociedad “Consultora y Agrícola Río Claro Limitada”, que en 2015 además absorbió a la sociedad “Agrícola Bellavista S.A.”, quedando con un capital superior a los 12 mil 600 millones de pesos.

Desde Modatima, Rodrigo Mundaca asegura: “No tenemos ninguna confianza en que el gabinete se vaya a emplear a fondo en una reforma constitucional que permita hacer del agua un bien común y un Derecho Humano, ya que la privatización del agua a ellos les permite mantener sus negocios asociados a la industria extractiva agro exportadora, a la industria extractiva minera, a la industria extractiva en las hidroeléctricas y en las forestales”.

“Hoy tenemos un gabinete ministerial designado por Piñera que es cómplice del modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas”, remata el dirigente.