Lo que sucede en Chile contrasta notablemente con la aplicación de justicia en países vecinos. En Ecuador ha sido condenado el vicepresidente Jorge Glas, por haber recibido coimas de Odebrecht. En Perú, el ex presidente Humala y su esposa se encuentran detenidos y en proceso judicial, mientras Alejandro Toledo se encuentra fugitivo, ambos por recibir dineros de la constructora brasileña.
En días recientes, el fiscal Pablo Gómez sobreseyó por prescripción a 58 imputados en los casos de Soquimich (SQM), lo que se agregaba a la suspensión condicional de otras 60 personas. En suma, la mayor parte de los imputados ya no serán investigados sobre el financiamiento ilegal de políticos, plan maquiavélico orquestado por la empresa de Ponce Lerou para asegurar sus negocios.
Por otra parte, Gómez ha propuesto la suspensión condicional en contra de SQM y sus filiales Nitratos y Salar, a cambio de un pago de $2.550 millones. Al mismo tiempo, el fiscal Manuel Guerra propuso una salida alternativa al senador UDI Iván Moreira, en el marco del caso Penta, a cambio del pago de $35 millones por el parlamentario.
El cierre de las causas por financiamiento irregular de la política significaron una pérdida humana y profesional importante. Los destacados fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo renunciaron al Ministerio Público. Por su parte, Mauricio Daza, abogado querellante contra SQM, Penta y Corpesca, cuestionó tanto los sobreseimientos como las suspensiones condicionales de Moreira y de la empresa productora de litio. Daza señaló: “se observa que las principales autoridades del Ministerio Público están dispuestas a hipotecar la credibilidad de la institución que ellos dirigen para garantizar impunidad en la práctica a un puñado de personeros del ámbito político y económico que están involucrados en estos casos”.
Hace algunos meses el Sistema de Impuestos Internos (SII) facilitó la impunidad de políticos y empresarios, al cerrar sin causas criminales las investigaciones sobre el financiamiento irregular de la política en los casos Penta y SQM. En efecto, el director del SII, Fernando Barraza, prefirió optar por el cobro de multas y no querellarse penalmente contra las empresas corruptoras y los políticos corruptos.
Así las cosas, tanto el SII como la Fiscalía se han visto debilitadas o, mejor dicho, ha quedado demostrado que se encuentran al servicio de los poderosos. Esta lamentable situación se agrega a las crisis institucionales en Carabineros y el Ejército: el desfalco en la institución que debe proteger a la ciudadanía y la corruptela de quienes defienden nuestra soberanía utilizando los Fondos Reservados del cobre, en beneficio de algunos inescrupulosos. El prestigio de ambas instituciones se ha deteriorado y por ello la opinión pública reclama que los altos mandos sean reemplazados.
El tratamiento de la corrupción en nuestro país ha sido nefasto durante estos últimos años. Políticos, empresarios, e incluso centros de estudio están siendo liberados de culpa o, en el peor de los casos, pagan su libertad con modestas sumas de dinero. Al mismo tiempo, la condescendencia gubernamental con los mandos uniformados sólo conduce a la fragilidad de estas instituciones.
El presidente Lagos sostenía, con esa firmeza que lo caracteriza, “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Pero se equivocaba. Las instituciones deben ser transformadas porque no están funcionando para todos los chilenos, sino en favor de una minoría.
Lo que sucede en Chile contrasta notablemente con la aplicación de justicia en países vecinos. En Ecuador ha sido condenado el vicepresidente Jorge Glas, por haber recibido coimas de Odebrecht. En Perú, el ex presidente Humala y su esposa se encuentran detenidos y en proceso judicial, mientras Alejandro Toledo se encuentra fugitivo, ambos por recibir dineros de la constructora brasileña. Los principales asesores de Lula, Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda y José Dirceu, jefe de gabinete, están condenados a elevadas penas por el escándalo de corrupción en Petrobras.
El sistema de organización económica impuesto en Chile no ayuda a esa indispensable convergencia entre la política y la ética. Se ha fortalecido inmensamente el poder de los grupos empresariales. El crecimiento se ha concentrado en el 1% de los más ricos. Así, el poder empresarial se ha extendido al ámbito político con manifiesta influencia en el Parlamento y los partidos políticos, de cualquier signo que estos sean.
Se ha producido un fenómeno curioso. Los políticos, en vez de regular la vida económica para reducir la concentración y favorecer la competencia, se subordinan al poder de los grupos económicos. En estas condiciones, la política y el Estado se debilitan y, en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados, se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política.
En consecuencia, el país requiere cambios profundos para erradicar la corrupción. El sistema económico neoliberal, las políticas sociales subsidiarias y un régimen democrático restrictivo, deben ser transformados para que las instituciones funcionen en favor de la mayoría.
Pero, al mismo tiempo, se precisa un cambio cultural sobre la naturaleza y fin de la política. La política no puede ser una actividad ajena a la moral, en la que lo único importante es ganar, conservar y acrecentar el poder. Cambios estructurales, juicios justos y un sistema educativo que priorice la decencia están llamados a reducir la corrupción.
