El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche. Tendría que haber sido una convocatoria al trabajo conjunto entre ambos partidos pero, en su lugar, con la excusa de presentar un compromiso sobre el destino de los casi 800.000 inmigrantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), Trump criticó a los inmigrantes latinos tal como lo hizo cuando lanzó su campaña presidencial en 2015. En esa ocasión dijo de los mexicanos: “Traen drogas. Son criminales. Son violadores”.
Horas antes de que Trump pronunciara su discurso, el juez federal de distrito Nicholas Garaufis emitió una severa reprimenda contra Trump durante una audiencia judicial en Nueva York que debía determinar si la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia por parte de Trump era ilegal. El juez aclaró que no iba a pasar por alto las “despiadadas declaraciones contra los latinos… recurrentes y redundantes” del presidente. Las palabras del juez podrían haber servido a modo de resumen del discurso del Estado de la Unión de Trump.
Varios miembros del Congreso asistieron al discurso del Estado de la Unión con invitados especiales, entre ellos los llamados “soñadores”, inmigrantes indocumentados que esperan su regularización, y sus defensores. El congresista republicano Paul Gosar, de Arizona, solicitó a la policía del Capitolio estadounidense que verificara la identificación de todos los presentes y que arrestara a los inmigrantes indocumentados que habían asistido. Su solicitud fue ignorada.
Para millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, así como para sus familiares, el discurso sobre el Estado de la Unión no era un mero discurso político: sus vidas penden de un hilo. El presidente Barack Obama promulgó el programa DACA mediante una orden ejecutiva en el año 2012. Este programa permitió que miles de jóvenes que llegaron al país cuando eran niños sin la documentación adecuada se registraran ante el gobierno federal para recibir un permiso de trabajo y protección contra la deportación. Entre otras cosas, estas personas debían someterse a una verificación de antecedentes, además de dar su dirección y datos biométricos.
Normalmente conocidos como “soñadores”, estos jóvenes básicamente no tienen patria. Su situación legal en Estados Unidos es incierta, pero a su vez tienen poca o ninguna conexión con su país de origen. Los inmigrantes de mayor edad, los más de diez millones de personas residentes en Estados Unidos que no tienen documentación y no califican para el DACA, se encuentran en dificultades similares. Viven bajo el riesgo diario de ser arrestados y deportados. Viven en las sombras.
En su discurso, Trump mencionó a la pandilla criminal salvadoreña MS-13 –que tuvo su origen en Estados Unidos– cuatro veces, avivando las llamas del racismo y del miedo a los crímenes violentos. Como concesión hacia los demócratas, sugirió que se les podría dar una vía legal para la ciudadanía a los 1,8 millones de soñadores que esperan acogerse al DACA (a los que se refirió únicamente como “inmigrantes ilegales”). No obstante, exigió a cambio una serie de modificaciones restrictivas en la política de inmigración estadounidense que terminarían constituyendo la reforma más sustancial en más de medio siglo. Estas modificaciones incluirían la eliminación de la obtención de residencia legal mediante sorteo, obstáculos para la unificación familiar, mediante la restricción a que nuevos inmigrantes se unan a sus familiares que ya se encuentran en Estados Unidos, y un fondo de 25.000 millones para construir el muro fronterizo y militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México.
La senadora demócrata por Washington Maria Cantwell invitó a presenciar el discurso del Estado de la Unión a una mujer que ha sido blanco de la deportación por parte del gobierno de Trump. Maru Mora Villalpando es una de las dirigentes del grupo “Resistencia del Centro de Detención del Noroeste”. A la mañana siguiente del discurso, Maru Mora Villalpando relató en una entrevista para Democracy Now!: “[Trump] convirtió a mi comunidad en un chivo expiatorio, junto con muchas otras comunidades. Pero era importante mostrar que no tenemos miedo y que vamos a continuar la lucha”.
A pesar de no asistir al discurso a modo de boicot, la congresista Yvette Clarke, de Brooklyn, invitó al líder inmigrante Ravi Ragbir, director ejecutivo de la Coalición Nuevo Santuario, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Cabe destacar que Ragbir acababa de ser liberado tras casi tres semanas de detención la noche anterior al discurso. Había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 11 de enero, al momento de su control de rutina, y fue conducido rápidamente hacia el proceso de deportación. Las numerosas protestas y acciones legales impidieron su deportación a Trinidad y Tobago el 12 de enero. Un juez ordenó su traslado del centro de detención de Krome, en Florida, hacia un centro de detención en Nueva York mientras se procedía a evaluar su caso. Finalmente, el lunes pasado, en una notable decisión, la jueza de distrito Katherine B. Forrest ordenó la liberación inmediata de Ravi Ragbir.
La jueza escribió: “No debería suceder –y nunca antes había sucedido– que aquellos que han vivido durante años en este país sin problemas sean sometidos a un tratamiento que asociamos con regímenes que criticamos por injustos, regímenes en los que personas que han vivido durante mucho tiempo en el país se puedan detener sin previo aviso en las calles, en sus hogares y en sus trabajos, para enviarlas lejos. No somos ese país, y pobres de nosotros cuando nos convirtamos en ese país bajo la ficción de que las leyes lo permiten. Tenemos una ley superior a cualquiera que pueda interpretarse de ese modo, y esa ley es nuestra Constitución”.
La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras “Nosotros, el pueblo”. Con un poder mayor al de cualquier presidente, esa fuerza colectiva es la que nos salvará.
