Coincidiendo con el rescate de la autopista de peaje R4 que se ha llevado a cabo este 21 de febrero (el primero de los nueve previstos en las próximas semanas), Ecologistas en Acción denuncia que estas operaciones supondrán un desembolso de miles de millones de euros de fondos públicos.

Como ya ha denunciado en otras ocasiones la organización ecologista, la construcción de autopistas de peaje de la época de Álvarez-Cascos no era necesaria, pero los presuntos pagos ilícitos ligados a sus concesiones, recogidos en los papeles de Bárcenas, empujaron a que se construyeran.

Por Ecologistas en Acción

Para denunciar este rescate, el pasado 21 tuvo lugar una concentración de protesta en la puerta del Ministerio de Fomento.

Las autopistas de peaje diseñadas por el Ministerio de Fomento en la época de Álvarez-Cascos e inauguradas a principios de la década pasada eran obras privadas. Sin embargo, ahora van a ser rescatadas con dinero público, por una cuantía sin concretar aún, pero que algunas estimaciones elevan hasta los 4.600 millones de euros. Ecologistas en Acción califica este rescate de «escandaloso y antisocial».

Las nueve autopistas que ahora se rescatan han sido una ruina económica. Se trata de las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Cartagena-Vera (AP-7), la AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto de Barajas y la Circunvalación de Alicante.

Ninguna de estas vías ha llegado a la mitad del tráfico previsto, y muchas de ellas están en niveles cercanos a la décima parte de las previsiones, lo que refleja de forma nítida el descomunal error que supuso su construcción, por el que nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Por supuesto que todas estas obras tuvieron un fuerte impacto ambiental y territorial, como ya denunció en su día Ecologistas en Acción.

Además del desmesurado coste del rescate, conviene recordar que durante años el Gobierno ha intentado evitar la quiebra de estas concesiones mediante distintos mecanismos que también han supuesto grandes desembolsos públicos. Por un lado, se han concedido créditos participativos (esto es, a muy bajo interés y avalados por el Estado) por cuantías del orden de unos 300 millones de euros anuales.

Asimismo se han venido pagando unas cuentas de compensación: un acuerdo por el que el Estado ha pagado a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente recaudado en los peajes y lo que habrían ingresado si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos, claramente sobredimensionados.

Como ha denunciado repetidamente Ecologistas en Acción, no hay justificación desde el lado del transporte ni de la racionalidad económica para todos estos proyectos viarios que arrasaron una gran superficie de nuestro país. “¿Dónde está, entonces, la justificación para este fiasco ambiental, económico y social?”, se pregunta la organización ecologista.

Para Ecologistas en Acción, la explicación más clara y plausible se encuentra en los papeles de Bárcenas que supuestamente recogen pagos al Partido Popular de muchas de las empresas constructoras de estas obras. Por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito, aunque otros, como los ligados a la AP-41 están siendo investigados. Los presuntos intereses ilícitos son los únicos que explican bien lo que no se puede justificar desde la racionalidad de la planificación del transporte.

Tampoco hay que olvidar que todo este fiasco de sobredimensionamiento de infraestructuras a cargo de fondos públicos se produce al tiempo que el actual ministro de Fomento sigue en la misma dinámica: el verano pasado presentó un plan para construir 2.000 kilómetros de autovías más. En el país con más kilómetros de estas infraestructuras se propone gastar 5.000 millones de euros más para seguir engordando la burbuja de infraestructuras.