Por María Fernanda Espinosa
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Desde el 24 de mayo de 2017, cuando Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República, adoptó el compromiso de construir un gobierno democrático y plural, basado en la participación ciudadana. Con gran decisión democrática impulsó un amplio proceso de Diálogo Nacional en el que todos los sectores de la sociedad participaron en cientos de mesas, encuentros y talleres, realizados en todo el país y también en el exterior con nuestras comunidades migrantes.
La participación activa de la ciudadanía y sus aportes en base al plan de gobierno de Alianza PAIS, fue fundamental ya que no sólo contribuyó a restar legitimidad a las argumentaciones del candidato de la banca derrotado en las elecciones, sino que también le permitió al Gobierno sostener una lucha frontal contra la corrupción y avanzar en una serie de reformas en el ámbito institucional con el propósito de fortalecer nuestro sistema democrático y las instancias de participación ciudadana, de fiscalización y de control.
Como uno de los resultados del diálogo nacional, el Gobierno convocó a una Consulta Popular, como la mejor herramienta para que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre temas de interés nacional. Las siete preguntas de la Consulta abarcan desde el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad pública, a reformas penales, de protección a la infancia y de conservación de la naturaleza. La elección de las siete preguntas se produjo luego de varios diálogos y de contribuciones directas de más de dos mil setecientas preguntas enviadas por la ciudadanía al Presidente.
Reconocemos los avances de los últimos años, sobre todo, en la superación del modelo neoliberal y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, especialmente, de los más pobres. El gobierno de Lenin Moreno, sostenido por nuestro Movimiento Alianza País, continúa y profundiza la línea progresista y democrática en base a políticas públicas y una acción de gobierno por la garantía de derechos, la inclusión y el combate frontal a la pobreza y la desigualdad.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno comenzó a recuperar, desde el inicio de su gestión, el espíritu, el legado y los valores éticos que amparan la Constitución de Montecristi, la que en este año cumple su primera década de vida.
La profundización de la democracia, el diálogo permanente con la ciudadanía, la recuperación institucional de nuestro país, la lucha contra la corrupción en todos los niveles y la permanente participación política y social de los distintos sectores, grupos y colectivos que componen a nuestro Ecuador diverso, intercultural y plurinacional, fueron los principios que en 2008 dieron vida a una de las constituciones más progresistas de la región. Y son estos mismos mandatos los que hoy guían la marcha del gobierno del Ecuador.
Sin embargo, varios de los que participaron en la elaboración de la Constitución de Montecristi hoy cuestionan al Presidente Lenín Moreno y a su gobierno por su espíritu de diálogo y por su interés en escuchar a los diversos sectores del país. Lo atacan por dialogar con la oposición, con la “vieja política” y la “partidocracia”. Dialogar con los contrarios es indispensable en cualquier democracia para construir acuerdos mínimos de gobernabilidad en función de los intereses nacionales. Pero nada se dice sobre el acercamiento y la atención a las organizaciones de indígenas, afroecuatorianos, montubios, obreros, campesinos, mujeres, grupos LGBT, ecologistas, pequeños empresarios, actores de la economía popular y solidaria, académicos, militantes de partidos de izquierda, etc., muchos de los cuales se alejaron de nuestro proyecto político precisamente por decisiones que contradecían sus propios principios revolucionarios como, por ejemplo, una política regresiva en los derechos de las mujeres, decisiones que afectaban los derechos de la naturaleza y la sustentabilidad ambiental, el desmantelamiento de la educación intercultural, y la eliminación del derecho a la sindicalización pública, entre otros temas.
Con relación al proceso de diálogo, cabe preguntar si la participación de empresarios puede hacer pensar a algunos que el gobierno se ha “derechizado”. Ahora bien, ¿acaso un gobierno progresista y de izquierda no puede tener diálogo con empresarios, sobre todo, si busca reactivar la economía? Así, acusan al gobierno de ser “dialoguista”, como si fuera éste un pecado o una traición, y en cambio, no mencionan la confrontación permanente que dividió y polarizó profundamente a nuestra sociedad, con heridas que todavía hoy no han cicatrizado. El diálogo debe ser entendido como herramienta para gobernar: no puede ser una conversación entre los que piensan igual sino, fundamentalmente, un espacio para procesar los disensos y llegar a acuerdos mínimos en función de las necesidades del país y de las mayorías.
Por otra parte, y a diferencia de los países en donde existen gobiernos neoliberales, en Ecuador se desarrolla el Plan Toda una Vida, con programas completos de atención educativa, de salud, de vivienda, etc. En síntesis, un programa que garantiza derechos a los más pobres y vulnerables durante todo su ciclo de vida. A esto se suma una clara política de acción afirmativa por los derechos de las mujeres, la restitución del sistema de educación intercultural bilingüe, la decisión de pagar una deuda con el campo a través de la gran Minga Agropecuaria, y una política exterior soberana, sólo por citar algunos ejemplos.
Más allá de estas acusaciones generales, los ataques contra el Presidente Moreno y el gobierno del Ecuador van también contra la Consulta Popular.
En primer lugar, algunos han cuestionado la legalidad del proceso. Sin embargo, la convocatoria a la Consulta Popular cumplió con todos los procedimientos y requisitos establecidos en el N° 14 del artículo 147 de la Constitución de la República, y con el 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, así como también con el proceso de control previo constitucional previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo tanto, los argumentos de una supuesta inconstitucionalidad no tienen ningún sustento.
En segundo lugar, se planteó el carácter “persecutorio” de la Consulta por la pregunta N° 2, que plantea si “Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015 (…)?”.
De ninguna manera aceptamos la tesis de la “exclusión” de candidatos por esta vía: de hecho, apelamos a una Consulta Popular, que es uno de los instrumentos más poderosos de democracia directa, para conocer la opinión ciudadana en torno a la alternabilidad en el gobierno y la recuperación de lo que aprobamos en la Constitución de Montecristi. En este sentido, es importante reafirmar que una gran cantidad de legislaciones en el contexto internacional plantea una limitación a la reelección indefinida como una forma de consolidar el sistema político e impedir, de ese modo, la dependencia de una sola persona
Un tema tan trascendental como la calidad y la forma de una democracia que requiere además un cambio constitucional, no puede decidirse en una asamblea legislativa, como se hizo en el año 2015. El debate y la decisión sobre la reelección indefinida debe ser un tema de debate nacional, ciudadano, y debe requerir del pronunciamiento del soberano, del mandante, del pueblo. En otros países de nuestra región se ha consultado al pueblo sobre este mismo tema y no hubo ningún cuestionamiento. Algunos sectores de la izquierda internacional -porque todos los partidos de izquierda en el Ecuador apoyan la consulta popular- esgrimen que se trata de una decisión para afectar al ex-presidente Rafael Correa y con dedicatoria. Precisamente eso es que lo que se quiere evitar: que se personalice una decisión fundamental para el rumbo de nuestra democracia y que el pueblo ecuatoriano pueda decidir libremente. La democracia, la participación directa, el poder de decidir de un pueblo, no pueden estar supeditados a una persona, a un nombre y apellido.
Por lo mismo, resulta cuestionable la afirmación de que en Ecuador la política esté “judicializada” y que se utiliza nuestro sistema legal para perseguir a los líderes y a los dirigentes políticos. A través del pronunciamiento de la ciudadanía en elecciones libres y directas se busca conocer la opinión en torno a la alternabilidad en el gobierno y a la limitación al número de períodos presidenciales, situación claramente distinta a lo que actualmente ocurre en otros países de la región, donde se utiliza deliberadamente el aparato de justicia para perseguir y dificultar (o directamente imposibilitar) la actuación de diversas figuras políticas o de ex gobernantes.
En tercer lugar, las críticas de la oposición se han dirigido hacia el tratamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una de las principales innovaciones de la Constitución de Montecristi de 2008. Se trata de un órgano dedicado a la fiscalización del poder y de la institucionalidad política, y que incentiva la participación ciudadana a la vez que promueve la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los casos de corrupción y las investigaciones en curso han cuestionado severamente la actuación del CPCSS, la eficiencia de su funcionamiento y su poder de fiscalización.
Específicamente, la pregunta de la Consulta es “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos (…)?”.
Como resulta evidente, de ninguna manera la pregunta plantea la eliminación del CPCCS, sino reestructurarlo y proceder a un cambio en su composición interna a partir de una elección popular universal. Eso resuelve los cuestionamientos de que los ¨concursos¨ para nombrar a los miembros del Consejo pueden ser hechos a la carta y sin transparencia. En síntesis, se trata de fortalecer y democratizar el Poder de participación y control social.
En cuarto lugar, y más allá de los cuestionamientos hacia estas preguntas, la campaña negativa por el “siete veces no” genera sorpresa y hasta indignación. No resulta claro cómo y por qué la oposición rechaza iniciativas tan importantes y, en algunos casos, tan deseadas por la sociedad, como las planteadas en la pregunta 1, dirigida a sancionar “a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes”, y más aún, en la pregunta 4: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes”.
De igual modo, bajo la lógica de la confrontación, se rechazan preguntas de máxima importancia para la conservación ambiental del Ecuador y de la región. En este sentido, las preguntas 5 y 7 de la Consulta proponen la prohibición de la minería metálica, en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos; e incrementar la zona intangible del parque Yasuní, en al menos 50.000 hectáreas, y reducir en consecuencia el área de explotación petrolera autorizada. Así, por medio de estas iniciativas se pretende colocar un freno a las actividades extractivas en una de las áreas más importantes del país.
Por último, el rechazo de la oposición también apunta a la sexta pregunta, en la que se consulta a la ciudadanía sobre la conveniencia de derogar la Ley de Plusvalía, que más allá de las expectativas originales de penalizar la especulación, generó una enorme confrontación social y, en términos económicos, una caída severa del 8% en la construcción, lo que a su vez motivó una creciente pérdida de empleos en este sector.
Lo que sorprende es que ciertos intelectuales de izquierda utilicen frases hechas, lugares comunes que no corresponden a la complejidad y contradicciones propias de un proyecto progresista en construcción. Sorprende también que cierta izquierda no pueda hacer una lectura menos personalista, menos cargada de sentencias morales y con mayores contenidos analíticos y de fondo. Las palabras que se repiten en varios de estos discursos son “traición”, “persecución”, “derechización”, etc. Estas sentencias, por supuesto, no tienen sustento y aparecen como simples juicios de valor. De hecho, esa misma izquierda debió en su momento alertarnos sobre los traspiés, los errores y las carencias de nuestra Revolución Ciudadana durante la década anterior, en lugar de hacer silencio o de aplaudir sin sentido autocrítico.
Una vez más, ¿dónde está la “traición” cuando se consulta a la ciudadanía en temas tan relevantes como éstos? Debemos comprender a la Consulta Popular no a partir de una lógica de la “imposición”, sino como una herramienta clara de expresión de la ciudadanía. Se trata de una elección abierta, sin condicionamientos de ningún tipo, y con todas las garantías expresas sobre el efectivo cumplimiento de sus resultados.
En definitiva, debemos ver a la Consulta Popular no como un medio para excluir y limitar, sino como un instrumento para sumar y fortalecer. Por eso, el 4 de febrero no votaremos por un candidato, votaremos por el fortalecimiento de la democracia, por el mejoramiento de la institucionalidad del Estado, por la lucha contra la corrupción, por el combate al abuso sexual contra los menores, por la reactivación económica y por la defensa de los derechos de la naturaleza.
(*) Vicepresidenta (e) de Alianza PAIS y canciller de la República del Ecuador.
