Por Cristián Opaso, Fundación Terram
No se trata de menospreciar las buenas intenciones de la saliente administración de Michelle Bachelet, ni tampoco la de las empresas generadoras. Después de todo, por algo se empieza y el solo anuncio el pasado veintinueve de enero sobre eventual cierre, gradual y programado, de las veintinueve unidades generadoras a carbón de centrales térmicas que operan en Chile y el compromiso condicionado de la no construcción de nuevas generadoras de este tipo, es sin duda una buena noticia, pues reconoce lo que comunidades y organizaciones han venido denunciado por años: que los combustibles fósiles, en especial el carbón, son altamente nocivos tanto para la salud del planeta, como la de las comunidades circundantes.
El problema es que una cosa son los dichos y otra cosa, a veces muy distinta, son los hechos.
Y los hechos recientes, tanto lo obrado por el gobierno chileno, como por parte de las empresas generadoras que hicieron el anuncio conjunto (AES Gener, Colbun, Enel y Engie), apuntan a todo lo contrario. En pocas palabras, el gobierno y las empresas podrían –y deberían- hacer mucho más.
El gobierno chileno se ha negado a comprometerse a nivel internacional en acuerdos directamente relacionados al cierre de las plantas a carbón y, a nivel local, parece seguir haciendo la vista gorda a las recurrentes evidencias de los gravísimos impactos que siguen provocando las centrales a carbón en la salud de las personas y en especial en los niños que viven en sus cercanías.
A pesar de haber circulado rumores, incluso reportes de prensa, en el sentido de que el gobierno de Chile, durante 23° Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP23) realizada a fines de 2017 en Bonn, Alemania, se uniría a la veintena de países que conformaron la Alianza Energía sin Carbón o Alianza Global para Eliminar el Carbón, el gobierno decidió NO ser parte de este compromiso internacional para eliminar las plantas a carbón de aquí al 2030. A cambio promovió un acuerdo de carácter nacional, bastante menos ambicioso. Cabe destacar que Francia por ejemplo sea ha puesto como plazo el 2021 para cerrar todas su plantas a carbón.
A nivel internacional, el gobierno chileno tampoco se ha comprometido plenamente con la eliminación del mercurio, uno de los principales metales pesados emitidos por las termoeléctricas a carbón y que es actualmente normado en Chile por el Decreto N° 13 que Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. Decimos que no lo ha hecho plenamente porque a pesar de que en el año 2013 suscribiera la Convención de Minamata sobre el Mercurio, y que ésta entrara en vigencia el 16 de agosto de 2017, el gobierno chileno aún no ratifica dicho Convenio. En Chile, como en muchos otros países, la generación eléctrica en base a carbón es la principal emisora de mercurio al ambiente.
Por otra parte, a nivel local, el gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para darle seguimiento –y menos para solucionar de raíz- el persistente problema de contaminación por metales pesados en las cercanías de las centrales termoeléctricas a carbón. En este sentido son trágicamente emblemáticos los casos de las escuelas de Ventanas y de Coronel, adonde operan 4 y 3 centrales a carbón respectivamente, propiedad de AES Gener, Enel (ex Endesa) y Colbún.
En Ventanas, fue sólo gracias al tesón de grupos ambientalistas y la intervención de la Contraloría Regional de Valparaíso que las autoridades tuvieron que hacer caso y, ¡después de 6 años!, recién se comenzaran a adoptar las medidas de limpieza y vigilancia pedidas por oficio en octubre de 2011 por el entonces Seremi de Salud de Valparaíso Dr. Jaime Jamett Rojas, al Subsecretario de Educación Sr. Fernando Rojas, con el fin de limpiar los metales pesados detectados en 14 escuelas de la Comuna de Puchuncaví.
Cabe señalar también que el gobierno no sólo no se compromete a una fecha precisa para cerrar las plantas, salvo mencionar vagamente el año 2050, sino que además, y a pesar de las declaraciones, deja abierta la puerta a nuevas centrales a carbón, si éstas contaran “con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de esta fecha”.
En Coronel, en febrero del año 2016 se anunció que en un estudio realizado a escolares de 15 colegios de la zona se habían detectado 18 alumnos con altas niveles de arsénico, mercurio, cadmio y níquel; y sólo hacen un par de meses, en noviembre 2017, se comprobó que otros 10 alumnos de la escuela Rosa Medel de Coronel estaban contaminados con arsénico y/o níquel. Sin embargo a unos 500 metros de la escuela, siguen operando las Central Bocamina I y II.
Un informe elaborado por la PDI el año 2013 relacionaba directamente la operación de las centrales Bocamina I y II con la presencia de altas cantidades de metales pesados en los alrededores. Datos oficiales informados por la empresa muestran además que en años recientes (2015) Bocamina ha emitido ¡diez veces más mercurio que lo permitido por el Decreto N° 13! Por otra parte tres ejecutivos de la empresa Enel (exEndesa) fueron formalizados el año pasado por negligencia en la operación de las centrales e impactos en al mar circundante.
Cabe destacar además que tres de las siete centrales operando en Coronel y Puchuncaví tiene más de 24 años de antigüedad, la vida útil que el propio gobierno considera para estas plantas.
El gobierno tiene entonces los argumentos y herramientas como para exigir cerrar éstas plantas a carbón de manera inmediata, no sólo por haber acabado su vida útil, sino por ser una fuente permanente de emisiones altamente contaminantes que siguen afectando a la población.
Hace algún tiempo ya que las empresas, señalan que no van a construir más centrales a carbón. En el caso de Colbún, que también opera una central a carbón en Coronel, ya anunció el año pasado que no construiría la segunda parte de su Central Santa María, pero aún no se ha desistido formalmente ante el SEA, acción necesaria para tomar en serio las declaraciones de la empresa. Es más el actual Ministro de Energía Andrés Rebolledo, en declaraciones a la prensa tras el anuncio del acuerdo, habría aclarado “el compromiso no afecta los proyectos termoeléctricos a carbón ya en curso, como Mejillones y Santa María II”, contradiciendo así lo dicho por la empresa.
Cabe señalar también que el gobierno no sólo no se compromete a una fecha precisa para cerrar las plantas, salvo mencionar vagamente el año 2050, sino que además, y a pesar de las declaraciones, deja abierta la puerta a nuevas centrales a carbón, si éstas contaran “con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de esta fecha”.
No cabe duda que Chile debe cerrar de forma inmediata las plantas más antiguas y contaminantes y en un periodo de pocos años, se debe programar el cierre y desmantelamiento del resto de la plantas.
A la luz de los hechos parece contradictorio, ambiguo y totalmente insuficiente el reciente anuncio del gobierno y las empresas generadoras. Compromiso que además, nada asegura sea respetado por el gobierno que asume en marzo.
