Por Hernán Horacio Schaffini | Open Democracy
Los recientes acontecimientos en el territorio Mapuche en Argentina sugieren una creciente espiral de represión y violencia hacia los pueblos indígenas del país.
El pasado sábado 25 de noviembre de 2017 fue asesinado Rafael Nahuel, de 22 años, oriundo de la ciudad Bariloche, en Río Negro, en el marco de un conflicto territorial entre el Estado argentino y organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche. Lo mató una bala de 9 mm. que le entró por un glúteo y se le alojó en un pulmón.
Mientras se investigan las circunstancias, las denuncias apuntan al Grupo Albatros, un comando especial de la Prefectura Naval Argentina, quienes armados con subfusiles automáticos Heckler& Koch MP5 (que usan munición calibre 9 mm.) habrían abierto fuego contra «15 o 20 personas que los atacaron con lanzas y boleadoras».
Los mapuche habían recuperado el territorio, que se ubica dentro de un parque nacional, hace unos dos meses. Lo hicieron público el pasado 11 de noviembre y fueron desalojados el jueves 23. Dos días después se produjo el evento en el que falleció Nahuel y dejó también otros dos heridos.
Desde marzo de 2015, cuando un grupo de mapuches recuperó el territorio dePu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen de manos de la transnacional Benetton, el accionar estatal relativo a los conflictos territoriales en la cordillera de Río Negro y Chubut ha producido un desaparecido (Santiago Maldonado, que luego se reveló como difunto), un muerto (Rafael Nahuel), al menos veinte heridos y un número similar de detenidos y procesados.
La historia larga
El territorio histórico del pueblo mapuche (mapu, tierra; che, gente. Son lagente de la tierra) se ubica en el sur de América, en las zonas conocidas como «Araucanía» por los chilenos y nombrada como «Patagonia» por los argentinos.
Los mapuche resistieron dos invasiones previas a la constitución de los Estados nacionales modernos: la de los Incas, que nunca pudieron avanzar más allá del Río Bío-Bío, en el actual Chile; y la de los conquistadores españoles, quienes se vieron forzados a reconocer la autonomía mapuche en el siglo XVII, mediante los tratados de Quilín.
A fines del siglo XIX, sin embargo, los Estados de Argentina y Chile avanzaron sobre el territorio mapuche de manera sistemática. A la intervención militar de ejércitos modernos le siguieron la ocupación del territorio, la extensión del latifundio y la consolidación de las fronteras de los países, que partieron la tierra mapuche al medio, dividiendo a este pueblo en dos porciones. Una quedó bajo soberanía chilena. La otra bajo bandera argentina.
El genocidio atravesado por la población mapuche no se limitó a la violencia militar. Implicó también un intento de desarticulación política, económica y social. Y la expropiación de sus recursos, tierras e instituciones bajo la forma del destierro, los trabajos forzados (como en la zafra cañera en Tucumán o el servicio militar en la Armada), la separación de familias o la apropiación de mujeres y niños para el servicio doméstico. Incluso la lengua mapuche, el mapuzungun (la «lengua de la tierra») sufrió diversas prohibiciones en el marco de instituciones como la escuela.
Foto Negro Ramírez
En la Argentina, durante la mayor parte del siglo XX, la situación de la población mapuche fue no sólo de marginalidad y pobreza -con un destino signado por la migración rural-urbana- sino de negación e invisibilización. Sobre un imaginario nacional construido en torno de una población «importada», de origen italiano o español, y de que ya no quedaban «indios» en el territorio, se elaboró la idea de que los mapuche eran una población extranjera, proveniente de Chile, y que incluso serían responsables de la supuesta desaparición de otro grupo étnico local, los «tehuelches».
Estigmatizados, invisibilizados, culpabilizados. Además de las precarias condiciones de vida en el campo y la ciudad, los mapuche se convirtieron progresivamente en uno de los chivos expiatorios de conflictos regionales y locales. La invención del «enemigo interno» tiene décadas de elaboración.
Del dicho al hecho
De un tiempo a esta parte, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) un pequeño grupo que reivindica la acción directa, el sabotaje y el enfrentamiento ha sido señalado como la fuente de todos los males en la zona.
Se sabe poco de la RAM. Otras organizaciones mapuche la desconocen y rechazan sus métodos. Hay quien le atribuye ser una creación de los servicios de inteligencia estatales. En otros sectores ha generado simpatías por su supuesta vocación por el enfrentamiento.
A pocas horas de la muerte de Rafael Nahuel el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, hizo las siguientes declaraciones a una radio de Buenos Aires:
«La RAM es un grupo violento. No hay ningún tipo de negociación posible, el diálogo no les interesa».
Además, se encargó de delinear la supuesta actitud del grupo frente al Estado:
«Una cosa es la comunidad del pueblo mapuche, reconocida por el Consejo de Desarrollo Indígena, que tiene voz en el presupuesto de la provincia, escuelas bilingües. Y otra cosa es este grupo que no le interesa el diálogo, que pone en discusión al Estado argentino y al sentido de la propiedad y utiliza la violencia».
Foto Negro Ramirez
Y de señalar el origen de su ideología:
«[Es] una concepción ideológica de la Patagonia chilena que se ha trasladado a parte de la Argentina […] pone en discusión el Estado argentino, no reconoce leyes, ni Constitución, ni autoridades».
Desde su perspectiva era claro que para ser un «verdadero» mapuche hay que dejar de lado los reclamos:
Pero Weretilnek no es el único ni fue el primero. El difunto gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ya había dicho de la RAM:
«Son delincuentes que de mapuches no tienen nada».
Porque desde su perspectiva era claro que para ser un «verdadero» mapuche hay que dejar de lado los reclamos:
«Miren quiénes son y vean los que están en contra de la ley, de los mapuches, porque la comunidad mapuche está integrada, trabaja y es parte de nuestra comunidad».
Y la peligrosidad de la RAM es lo que justifica que se la trate con dureza:
«Lo que han hecho es una salvajada, un atropello. Pusieron en peligro a un montón de gente».
Nos preocupa porque aparecen y desaparecen. Aparecen en las rutas y rompen coches, queman camiones, entran a las estancias y queman maquinarias, estaquean, les pegan y les roban a los propios mapuches.
Y así llegamos, finalmente, a los simpatizantes. La peligrosidad de la RAM comienza a extenderse a otros sectores sociales, no necesariamente mapuche:
«¿Qué es lo que están defendiendo? ¿Una patria en base a sangre, la violación de la Constitución, darle carta libre para que hagan lo que quieran? ¿Qué es lo que defienden estos que viven a 1500 kilómetros y hay algunos de acá también? Hay profesores de la Universidad Nacional de la Patagonia que están involucrados».
Y finalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos hizo las siguientes afirmaciones:
«Estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación. Grupos que no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, el Estado, la Constitución, los símbolos y se consideran como un poder fáctico, que pueden resolver con una ley distinta a la de todos los argentinos».
Para concluir en torno del principio de inocencia y carga de la prueba:
«El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno ha definido que esto [la represión que le costó la vida a Rafael Nahuel] se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial».
Entonces, mientras le imputa a los demás la «peligrosidad» y la «delincuencia», es el propio Estado quien se aleja de la Constitución y las leyes.
La historia corta
En los últimos treinta años la legislación relativa a los pueblos originarios dio grandes pasos en la Argentina. La ley nacional 23.302 dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La reforma constitucional de 1994 incluyó el artículo 75° inc. 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los «pueblos indígenas argentinos». Se refrendó y ratificó el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre «Pueblos indígenas y Tribales».
Sin embargo, ninguna de estas herramientas proveyó soluciones concretas para las problemáticas de las poblaciones originarias. Ni siquiera el Relevamiento Territorial encarado por el INAI entre 2006 y 2016 (y prorrogado ahora por cuatro años más) llevó alivio alguno: sólo se concretó en un pequeño porcentaje, no contemplaba la entrega de títulos de propiedad comunitarios (reclamo ampliamente difundido entre las poblaciones indígenas de todo el país) y falló también para suspender los desalojos, cosa que ordenaba la ley de su creación, la 26.160.
«Nos dejaron viviendo en las piedras» -me dijo una vez un amigo mapuche. «Pero ahora descubrieron que las piedras tienen valor».
Foto Negro Ramírez
Las comunidades indígenas de la Argentina continúan asentadas sobre lo que los Estados consideran «tierras fiscales», en zonas periféricas de las que también son repetidamente expulsados de acuerdo a la lógica del petróleo, la soja o la minería. «Nos dejaron viviendo en las piedras» -me dijo una vez un amigo mapuche. «Pero ahora descubrieron que las piedras tienen valor».
Por eso las organizaciones mapuche no «toman» ni «ocupan» tierras, sino que, desde su perspectiva, recuperan territorios. Retornan a lugares de los que fueron original y violentamente desplazados.
Pero en un país como la Argentina, de neto perfil primario agroexportador, con una poderosa clase dominante vinculada al campo, poner en discusión la tierra y el territorio -demandas centrales de la población mapuche y de todos los pueblos originarios- se hace casi imposible. La historia reciente en este punto se nos presenta con la dinámica de una caldera: una acumulación de tensiones que se tratan con poca política, pero con todo el Código Penal. Y mucho más.
El cheque en blanco de la represión
Los actuales acontecimientos en la región hacen pensar en el crecimiento de una espiral de violencia con pocas posibilidades de ser detenida. La gravedad de la situación no responde solamente al empleo de la represión, sino al aval incondicional que el Estado ha brindado a las respuestas desproporcionadas que las fuerzas de seguridad han tenido contra la protesta mapuche. Hostigamiento, balas de goma, balas de plomo, persecuciones, arrestos injustificados, la lista es larga.
Para el Estado, extender la supuesta peligrosidad de la RAM al conjunto del pueblo mapuche es un paso que se puede dar muy fácilmente. Luego, de allí a los simpatizantes. O a los opositores. El clima es propicio para que una represión selectiva se ejerza sobre el conjunto de la sociedad.
Y a ello se suma el recrudecimiento de otras tensiones, anteriores, más antiguas que las recuperaciones actuales. Terratenientes particulares, en disputas con pobladores dispersos, hoy sienten que tienen un cheque en blanco para emplear impunemente los medios que emplean desde siempre: la amenaza, el hostigamiento, la agresión. Son conflictos en sierras lejanas que nunca llegarán a las primeras planas de los diarios. El aval gubernamental al uso de todos los medios de violencia impune les ha abierto un gran paraguas. Así, pueden hacer suya la máxima de Luis XIV: en este desolado paraje, el Estado soy yo.
Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.
