La Ley de Transparencia Salarial comienza a regir a partir de este fin de semana en Alemania y esto permitirá que las mujeres puedan conocer cuánto cobran los hombres por el mismo trabajo. De esta manera podrán exigir una equiparación salarial en caso de existir una brecha.

La ministra alemana de Familia, Katarina Barley, del Partido Socialdemócrata (SPD), considera que esto favorece el respeto de los derechos de las mujeres: «Si una mujer sabe con seguridad que recibe un salario más bajo en comparación con un colega hombre, puede reclamar judicialmente su derecho a recibir la misma cantidad por las mismas tareas”. Según las cifras del propio ministerio las mujeres ganan un 20 % con respecto a los hombres y en el caso de cumplir con las mismas labores la diferencia llega al 6 %, poniendo a Alemania entre los países más desiguales de Europa, solo superados por Estonia y República Checa.

Si bien en Italia la brecha es la menor del continente, la Fundación Hans Böckler nos advierte que estas estadísticas nos pueden llevar a engaño, ya que la brecha entre sexos es mucho mayor, puesto que en Italia solo la mitad de las mujeres en edad laboral tienen un trabajo remunerado.

La ley cuenta con voces críticas que señalan que solo queda como un gesto simbólico, ya que en la práctica no combatirá la desigualdad. Que solo las empresas con más de 200 empleados deban transparentar los sueldos, “significa que muchas mujeres no podrán beneficiarse de ella, porque muchas de ellas trabajan sobre todo en empresas pequeñas”, sostiene  Christina Klenner, investigadora de género del Instituto de Economía y Ciencias Sociales de la Fundación Hans Böckler. Y, a su vez, la ley exige que para poder recurrir a la justicia se deben encontrar al menos seis representantes del sexo opuesto que ejerzan una tarea comparable a la propia, para preservar el anonimato de los empleados.

A su favor, podemos destacar que esos seis sueldos promediados pueden ser de diferentes departamentos de una misma empresa, considerándose trabajos similares.

La experiencia en Québec, Suecia o Islandia, muestra que no deben ser las mujeres las que se expongan al investigar y defender sus derechos, sino que las mismas empresas deberían velar para que estas desigualdades existan. El Estado islandés multa a las empresas que sostengan salarios desiguales por cuestiones de género y son supervisadas para ver que cumplan con los estándares de igualdad.

La ley alemana resguarda el derecho, pero son las víctimas de esta estafa las que deben exigir a las empresas el aumento salarial o recurrir a la justicia.