El cuerpo social de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz vive con profunda preocupación el intento del municipio de quitarle la concesión de los servicios que presta, poniendo en riesgo 300 puestos de trabajo y el futuro de una institución que lleva 54 años gestionando de manera solidaria los servicios.
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A través de su resolución número 129, el Tribunal Superior de Justicia de Córdobaavaló el decreto del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, que dispone la municipalización del servicio de agua. EL TSJ sostiene en su fallo que la municipalidad actuó “conforme a derecho” al haber dispuesto la extinción y cese del contrato de concesión porque los plazos del acuerdo se encontraban “claramente extinguidos” (la última prórroga venció en mayo de 2012). Como consecuencia, corresponde al municipio “asumir la prestación efectiva e inmediata del servicio de provisión de agua potable”.
Se trata de un fallo por mayoría que si bien ratifica el decreto municipal, contempla también que el Concejo de Representantes de la localidad “podrá perfeccionar lo resuelto por el Departamento Ejecutivo Municipal o, bien, optar por otra modalidad de prestación del servicio dentro de los límites dispuestos por la Carta Orgánica municipal”.
En su voto en disidencia, el vocal Luis Rubio sostuvo que el propio ordenamiento municipal acuerda “las formalidades que deben cumplir las ordenanzas que aprobaran el modo de gestión de cualquier servicio público local”.
En ese sentido, precisó que la Carta Orgánica “preservó la decisión de definir el modo de gestión de los servicios públicos locales”, y la ubicó entre las “cuestiones que merecen ser reflexionadas con mayor deliberación y participación ciudadana” mediante el mecanismo de “doble lectura y mayorías agravadas” en el Concejo de Representantes para disponer su aprobación.
Desde la Cooperativa Integral, en tanto, ya se adelantó que el fallo será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Esta decisión del TSJ será apelada por la Coopi en todas las instancias correspondientes hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirma el documento y advierte que la situación “representa una total amenaza para el futuro de la Coopi”.
“La quita del servicio de agua y después el de cloacas, representa su quiebra y su desaparición como institución. Significa quitarle el objeto social para el cual la Coopi nació hace 54 años”, afirma.
“El fallo contradice el mandato de la Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 134, dictamina que es el Concejo de Representantes de esta ciudad el que debe resolver en este tema”, señala más adelante.
Y agrega: “Privar a la Coopi de la posibilidad de gestionar todas sus actividades con la lógica de integración de recursos, que por otro lado, se avala y permite a las empresas del capital lucrativo, significa la pérdida de 300 fuentes laborales, 300 familias que pierden su ingreso económico principal. Elimina 54 años de trabajo cooperativo aplicado a servicios públicos como el agua y las cloacas que tendrán su impacto en el turismo y la salud pública de la Villa y la Región. También sentencia más de cinco décadas de accionar solidario aplicado a la cultura, la educación, la salud y al operar en conjunto con la sociedad de la que la Coopi forma parte”.
Sobre el servicio de cloacas
Otra de las resoluciones tomada por el TSJ tiene que ver con el servicio de cloacas. El Tribunal dispuso que “la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación deberá sustanciar la causa en la que la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos (Coopi) cuestiona la decisión de la Municipalidad de esa ciudad de dar por extinguido el contrato de concesión de desagües cloacales una vez vencido el plazo de concesión”.
Como consecuencia, mientras se desarrolle el proceso y hasta que recaiga una resolución sobre el fondo de la cuestión, la Coopi seguirá a cargo de dicho servicio. Por mayoría, el Alto Cuerpo hizo lugar al recurso de apelación promovido por la Coopi y ordenó que las actuaciones bajen a la Cámara para que continúe el proceso.
Cabe recordar que el miércoles 6 de diciembre una comitiva municipal se hizo presente en la planta de tratamiento de líquidos cloacales con la intención de proceder a la toma provisoria del servicio, atento a que el 26 de noviembre venció el contrato.
La comitiva municipal se volvió con un categórico rechazo de las autoridades y de los trabajadores de la Coopi, que se encontraban presentes en la planta. Desde la Coopi se argumentó que el procedimiento es ilegítimo ya que no respeta lo dispuesto por la Carta Orgánica en cuanto es el Concejo de Representantes quien tiene facultades para resolver la municipalización de los servicios.
Los trabajadores, en tanto, siguen en estado de asamblea permanente y movilización. “Estamos unidos en defensa no sólo del servicio de cloacas, sino de todos los servicios que brinda la cooperativa. Si la Coopi pierde un servicio, se produce un efecto dominó para el resto de los servicio, con el peligro que significa perder las fuentes de trabajo de los otros servicios también”, advirtió José Ipolito, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Coopi y secretario gremial del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias.
