Por Darío Aranda
El crimen de Rafael Nahuel representa el último nivel de la escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Represiones salvajes en Chubut, criminalización en Neuquén, operativos sin orden judicial, detenidos -incluso niños y niñas- y torturas. El Gobierno respaldó a los efectivos y así explicitó la orden para el avance represivo. El fantasma RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la chilenidad de la política oficial contra los indígenas y el genocidio que no cesa. Una nota de Darío Aranda, que repasa los hechos, los discursos y la envestida judicial, y analiza qué representan. El reportaje fotográfico que acompaña esta nota es un documento clave para comprender las consecuencias concretas de este plan. Fue producido durante la “inspección ocular” ordenada por la justicia en el lof Lafken Winkul Mapu y realizado por Foto Viojf para la revista Cítrica. Forma parte de la cobertura colaborativa de los medios cooperativos Cítrica, Tiempo Argentino y lavaca.
Los hechos
30 de agosto de 2016. El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El documento interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad, en línea con el discurso de las petroleras, argumentó que las comunidad realizan “usurpaciones” en campos hidrocarburíferos. Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado La lucha indígena no es delito, cuestionó al Gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
Foto Viojf/Cítrica/lavaca
1° de septiembre de 2016. El juez federal Guido Otranto determinó la nulidad del pedido de extradición impulsado por la justicia chilena en contra del lonko Facundo Jones Huala. El gobernador Mario Das Neves cuestionó el fallo: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes (en relación a mapuches)”. E instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
10 y 11 de enero 2017. Tres represiones en dos días sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y Policía de Chubut avanzaron con escopetas y gases lacrimógenos. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala llegó a la prensa de Buenos Aires. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano. No hubo víctimas fatales de casualidad.
Foto Viojf/Cítrica/lavaca
21 de junio de 2017. Un centenar de efectivos de Gendarmería ingresó a la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y reclamaron que se retiren del territorio indígena. Los efectivos impidieron que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
Foto Viojf/Cítrica/lavaca
27 de junio. El lonko Facundo Jones Huala fue detenido horas después de concluida la reunión entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet en Chile. El vecino país había solicitado la extradición de Jones Huala. El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y una decena resultaron heridas.
1° de agosto. Represión de Gendarmería en el Lof en Resistencia de Cushamen. Sin orden judicial, ingresaron a territorio comunitario. Con la posterior desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En el lugar había estado el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y mano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti. Las camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes.
Foto Viojf/Cítrica/lavaca
18 de septiembre. Más de cien efectivos de Gendarmería llegaron de madrugada hasta la comunidad Vuelta del Río (entre Esquel y El Bolsón) en búsqueda de indicios de Santiago Maldonado. La brutalidad y desproporción fueron la regla. Rompieron puertas, levantaron de forma violenta a los integrantes de la comunidad, los mantuvieron precintados durante seis horas a la intemperie, desde antes de la salida de sol y sin abrigos.
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19 de septiembre. Más de 60 policías de la Uespo (Unidad Especial de la Policía) ingresaron de forma violenta a la comunidad Fvta Xayen en el paraje Tratayen (a 80 kilómetros de Neuquén capital), parte de Vaca Muerta. Detuvieron al werken (vocero) Diego Rosales y a dos jóvenes de la comunidad. “El aspecto más grave y urgente es que han plantado falsas ‘pruebas’ para ensuciar nuestra justa causa. Junto con el operativo ha aparecido armas y drogas que servirán para un montaje repetido, el ‘maputerrorismo’“, denunció la Confederación Mapuche.
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20 de septiembre. Por la noche, cuatro sujetos quemaron la casa de Marcelo Calfupán (de la comunidad Vuelta del Río) e intentaron lo mismo con la vivienda del lonko, Rogelio Fermín.
23 de noviembre. Operativo con más de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de Bariloche). El operativo, ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva, fue realizado de madrugada. Se esposó a mujeres durante horas e incluso se detuvo a los niños.
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25 de noviembre. Asesinato de Rafael Nahuel en una represión del Grupo Albatros de la Prefectura. La bala ingresó por la espalda.
28 de noviembre. Javier Cañio (de la comunidad Caniu) de Buenos Aires Chico (El Maitén), fue demorado y retirado de su territorio por dos móviles policiales para sacarle sangre, según la orden judicial que le presentaron. El hecho se enmarca en la denuncia realizada por el grupo Benetton en la causa del puestero que habría sido apuñalado en julio pasado. “Es un claro acto intimidatorio”, sostuvo el propio Cañio en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.
Esa es la enumeración solo de un puñado de las acciones de violencia contra el Pueblo Mapuche en el último año.
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Los discursos
Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, días antes de la represión en la que desapareció Santiago Maldonado: “(Debemos) Empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia (…) Sólo quieren generar caos y temor en la población (…). No tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”. Incluso afirmó que los mapuches estaban en contacto con “extremistas kurdos”. Explicó que las fuerzas federales estaban articulando acciones junto a la policía de Río Negro y de Chubut.
Reivindicó la figura de “flagrancia” (del Código Procesal) y justificó que los efectivos actúen sin la intervención de un juez ante cortes de ruta. También anunció la llegada de más efectivos a la Patagonia.
Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.
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El presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado recién diez días después de la represión. Y tildó a la comunidad mapuche: “poco democráticos y bastante violentos”.
Luego del asesinato de Rafael Nahuel, la ministra Bullrich respaldó de forma contundente a los efectivos: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. No tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, insistió en que los mapuches atacaron y afirmó que siempre a los efectivos se les debe dar “el beneficio de la duda (…). Si no le damos el beneficio de la duda no le damos la posibilidad de que defienda a los ciudadanos”.
En declaraciones al diario Ámbito Financiero, justificó además el uso de balas de plomo: “Son legítimamente usadas por las fuerzas de seguridad. Ellos tienen la legitimidad para actuar ante un ataque y así lo hicieron”.
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El relato
Los gobernadores y funcionarios provinciales también mantuvieron un discurso represivo para con los mapuches. El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, luego de la represión de enero contra la comunidad en Resistencia de Cushamen calificó de terroristas a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), aunque la comunidad había aclarado en numerosas oportunidades que no pertenecían a esa organización.
Durán anticipó que Chubut “va a endurecer las posiciones” frente a los cortes de ruta y explicó que junto a Río Negro “programarán tareas de inteligencia y protocolos de actuación” ante las comunidades. También adelantó que exigirán “mayor firmeza a las autoridades judiciales”.
El ministro chubutense criticó a la justicia provincial y federal porque “hay sospechosos que siguen libres” y advirtió que es “difícil prever los blancos de ataque del terrorismo mapuche”. El 25 de julio volvió a referirse a los mapuches: “Son un grupo de delincuentes”.
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El fantasma de la RAM
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es una organización fantasma. No se conocen sus líderes, su historia ni su proyección. Sí hubo incendios y sabotajes de encapuchados que luego dejan pintadas de RAM o prolijos panfletos con la sigla, reivindicando el atentado, auto incriminándose.
La única persona que señaló haber pertenecido a la RAM es Facundo Jones Huala. Justificó su accionar. Pero afirmó que “hace años” no participaba más.
La estrategia política y mediática fue que todo lo mapuche sea igual a RAM. Aunque las comunidades aclaren no saber quiénes son y no pertenecer a la organización, funcionarios y periodistas lo usan como sinónimos.
A cada comunidad que se le preguntó siempre respondió lo mismo: “No somos de la RAM. No conocemos a la RAM”.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches emitió un duro comunicado: Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche.
“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.
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Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos.
“Cómo es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propios de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora”.
Afirmaron que el pueblo mapuche tiene “decenas de autoridades procesadas”, con órdenes de desalojos ya dictadas y próximas a ejecutarse. Reivindicaron la defensa de territorios indígenas mediante cortes de ruta, bloqueos a locaciones, “acciones legítimas y legales que nunca llegan a agresiones físicas, ni a jugar con lo más valioso que defendemos que es la vida”.
Explicaron que cada pu Lof o Lofce (comunidades) tiene sus propias autoridades originarias (Lonko, kona, werken). No existe una sola autoridad ni una organización que decida por todas las comunidades. La Confederación Mapuche Neuquina está conformada por más de 60 comunidades que se encuentran en las distintas zonales (Xavnko, Centro, Willice, Pewenche y Lafkence). La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chewelche en Río Negro la componemos más de 145 Comunidades de las cuatro regiones (Andina, Sur, Atlántica y Alto Valle). “No existe una sola forma de organización que lleve la voz de las comunidades, nuestros mayores nos han trasmitido que tenemos diversidades territoriales, pero siempre convencidos de un principio que nos une la defensa y la lucha por nuestro territorio”.
Repudiaron la instalación de mineras, petroleras, hidroeléctricas y forestales. “No vamos a entregar el territorio ni vamos a permitir que ingrese ninguna multinacional a destrozar nuestros elementos naturales que por vida hemos resguardado y cuidado para las presentes y futuras generaciones”. Exigieron una política de reparación histórica y regularización territorial.
Foto Viojf/Cítrica/lavaca
Chilenización
El discurso oficial es que las comunidades mapuches de Argentina adoptan formas organizativas y “violentas” similares a las de Chile. No hay pruebas reales de eso. Pero sí hay indicios de que el gobierno de Argentina adopta lo que en Chile es política de Estado hace décadas: construcción de enemigo interno, criminalización de la lucha mapuche y ley antiterrorista.
Macri se reunió con su par de Chile (Bachelet) en junio. El oficialista diario Clarín consignó que hablaron de la situación de las comunidades mapuches. El subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó Argentina el 29 de septiembre. Se reunió con Patricia Bullrich y el tema central fue la situación del pueblo mapuche.
“No sabemos bien en qué momento la administración macrista asumió el garrote como una posibilidad real (…) Es posible que la chilenización de la política indígena no haya sido programada sino que sea una consecuencia, por ejemplo, de la importancia que tomó en el gabinete el sector duro de la política policial, representado en la figura de Patricia Bullrich”, señaló Felipe Gutiérrez Ríos, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y del portal de noticias Mapuexpress.
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La embestida judicial
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el 30 de noviembre. La organización aportó pruebas de que Gendarmería Nacional ingresó a territorio mapuche (en Vaca Muerta) sin autorización judicial. “Se dispuso el uso de la fuerza pública por simple orden política. El caso reviste extrema gravedad, y compromete seriamente la responsabilidad penal de Bullrich y Noceti, ya que devela la existencia de un plan de acción deliberado desde la cartera de Seguridad, consistente en utilizar en forma discrecional la fuerza pública sin contar con la autorización judicial, vulnerando garantías constitucionales, afectando derechos humanos fundamentales y poniendo en vilo la vigencia del Estado de derecho”, explicó la Confederación Mapuche.
Jorge Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche, en diálogo con radio Universidad Calf explicó que formularon la denuncia penal por “la embestida judicial que hay contra el pueblo mapuche, que se viene traduciendo en numerosas causas jurídicas, en desalojos violentos y en casos de muerte, que era algo que nosotros pensábamos que nunca iba a llegar a ese extremo”.
Ver Denuncia mapuche contra Bullrich y Noceti por allanamientos sin orden judicial
