Una crónica sobre el dinero y la política
Por Ernesto Carmona / Mapocho Press.-
El multimillonario en dólares Sebastián Piñera Echenique también succiona una beca del Estado chileno, su “jubilación” como ex presidente, que probablemente resulte “modesta” comparada con otros ahorritos que guarda en paraísos fiscales. En el ranking de la revista Forbes 2017 aparecía este 1 de diciembre de 2017, con una fortuna de 2.700 millones de dólares, 500 millones más que en marzo de 2016.
La fortuna de Piñera que reseña Forbes equivale a 833 años de salario mínimo chileno, que asciende a $270.000 mensuales (428,5 dólares). Pero este tesoro no le impide agarrar cualquier dinerillo del Estado, por chico que sea. Al fin de cuentas su fortuna personal le permitiría vivir 8,33 siglos con el sueldo de cualquier mortal, y sin añadir los intereses, algo que jamás soñó Noé ni cualquier otro longevo del imaginario popular.
Piñera cobra y se da el vuelto. Pertenece directamente a la clase propietaria y a la nomenclatura que la sirve. Ya vivió la experiencia del “país atendido por su propio dueño”, que fue muy exitosa para los grandes grupos económicos que lo respaldan, pero malísima para el resto de la gente, algo que al parecer ha sido olvidado.
Piñera también encarna al típico miembro de la nomenclatura chilena. Su padre fue un funcionario público de la mentada clase media que antaño sirvió al Estado, bastante “apitutado” por el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), y como diplomático logró que sus vástagos estudiaran en Bélgica y Estados Unidos. Por lo demás, en Chile la educación era gratis, incluso la universidad privada (católica).
Según el Departamento de Finanzas del Senado, en septiembre de 2017 el candidato presidencial cobró ese mes $18.074.863 [28.690 dólares, al cambio de $630] por su condición de ex presidente. Esta cifra incluye la “pensión presidencial” de $ 9.121.806 [14.479 dólares], que es igual a la dieta de un senador y la paga la cámara alta.
A ese “salario básico” debe sumarse una asignación mensual fija de $1.733.298 por traslados (combustible, peajes, mantenimiento de vehículos), más $7.219.759 por funcionamiento de oficinas (sueldos de asesores, arriendos y afines), rubro que se pagan según rendiciones de cuenta que estos beneficiarios deben presentar cada mes ante el Senado.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el hijo de Frei Montalva, es el ex presidente (1994-2000) que le sale más caro al erario nacional: en septiembre de 2017 cobró $18.582.001, que incluyen la dieta de $ 9.121.806, más $1.733.298 por traslados y $ 7.726.897 por gastos de oficina. Uno se pregunta qué hace por el país en esas oficinas el hombre que privatizó el agua que beben “todos los chilenos”, a dónde se traslada, qué hacen sus asesores, etc.
Ricardo Lagos Escobar, el más “barato”, cobró en septiembre $17.627.358, que incluyen la “pensión”, igual asignación de transporte y “solamente” $ 6.772.254 por gastos de oficina.
Los tres ex presidentes devengan $54.284.222 mensuales (o un millón 34 mil dólares al año) que pagan “todos los chilenos”. Estas generosas pensiones pagadas por el Estado se fijaron cuando se les acabó la granjería que los convertía en senadores vitalicios.
Por efecto de un breve inciso añadido al artículo 30 de la Constitución pinochetera de 1980 todavía vigente en Chile, la Ley 19672, promulgada por Ricardo Lagos Escobar el 28 de abril de 2000, estableció el “Estatuto de los ex presidentes” que otorga “la dignidad oficial de Ex Presidente de la República” junto con el generoso estipendio que paga la cámara alta.
El poder de la nomenclatura chilensis
La clase propietaria y sus grandes grupos económicos tienen a su servicio a una vasta clase política y tecnócrata instrumental que raras veces paga directamente porque lo hace el Estado. Manejan grandes puertas giratorias que a cada rato los trasladan del sector privado al público, y viceversa, mientras ofrecen redención y felicidad a un pueblo elector cada vez más flaco. Apenas el 46% de los ciudadanos con derecho a votar lo hizo en la primera vuelta presidencial 2017, 6.573.272 votos válidos de 14.347.288 electores habilitados.
La clase política, los altos jefes del servicio público, legisladores, más otras jerarquías como uniformados, autoridades, policías, militares, carabineros, políticos, etcétera, constituyen una gran nomenclatura burocrática parasitaria y corrupta, incluso ladrona según numerosos casos en la justicia. Sólo los altos mandos de carabineros crearon un ejército fantasma de 6.800 pacos que no existen pero cobran todos los meses desde hace más de una década.
Toda esta gente medra mientras sirve los intereses de los grandes grupos económicos que ejercen el poder real en este país, y de hecho, sin que nadie los haya elegido, también usan malas prácticas comerciales, se coluden, fijan precios monopólicos, pero no les pasa nada. Tienen la fuerza del dinero acumulado durante décadas, e incluso siglos, por un puñado de familias.
Un buen ejemplo de esta nomenclatura del poder es el gerente general de la estatal Corporación del Cobre (Codelco) Nelson Pizarro Contador, el mismo que el 23 de agosto de 2016 dijo que en la empresa del Estado “no queda un puto peso”. En junio de 2017 percibía un salario mensual de 37.023.168 pesos chilenos (CLP), es decir 58.770 dólares estadounidenses al mes (al cambio de $ 630 por dólar), 137 veces el sueldo mínimo [$ 270.000, o 429 dólares], según informaron medios de prensa y un estudio comparativo de Darío Eugenio Montero Martínez.
Para el experto Julián Alcayaga, Pizarro es un hombre de la rama minera Exxon y del grupo Luksic (que posee vastos minerales de cobre y tiene en el gobierno de Bachelet a la ministra de minería, Aurora Williams) cuya misión en Codelco es más bien destruirla por dentro que sacarla adelante, como hizo la anterior administración del millonario Piñera.
Otro estudio difundido por BBC Mundo señaló en junio de 2017 que la presidenta chilena Michelle Bachelet era la segunda jefa de Estado con el sueldo más alto de América Latina, 9.920.105 CLP, o alrededor de 15.000 dólares al mes, 37 veces el salario mínimo, superada sólo por los 19.300 dólares que cada mes se embolsa Jimmy Morales, el comediante de TV que gobierna Guatemala. Evo Morales, de Bolivia, es el presidente que menos gana en la región, 3.327 dólares desde mayo de 2017.
Un parlamento de 100 millones de dólares
Ahora que Chile tiene 50 senadores, tantos como EEUU, según un informe emitido por la Biblioteca del Congreso (BCN) en febrero de 2017, el costo anual de la llamada cámara alta ascenderá a 18.702.462.050 pesos (29.7 millones de dólares) que mensualmente se desglosan así: dieta de $9.121.806; gastos operacionales por $8.299.500; personal de apoyo por $6.834.052; asesorías externas (ojalá especializadas en copy&paste) por $3.145.170; gastos operacionales para los comités de $23.296; monto por personal de apoyo para los comités por $958.045 y asesorías externas para los comités por $2.788.901. Sólo la dieta de 9,1 millones, equivale a 34 salarios mínimos.
La Cámara de 155 Diputados resulta 245% más cara: $45.881.925.720 (72,8 millones de dólares) que mes a mes incluyen la dieta mensual de $9.121.806; más $5.896.210 para gastos operacionales y traslados; $6.050.131 en personal de apoyo; asesorías externas por $2.329.756; gastos operacionales para los comités de $23.297; personal de apoyo para comités $955.283; y asesorías externas para los comités por $291.219.
A partir de marzo de 2018 cada diputado costaría $24.667.702 al mes y $296.012.424 al año, salvo cualquier dinerillo extra que pueda surgir en la discusión del presupuesto nacional. En otras palabras, los 205 haraganes (as) de la nomenclatura parlamentaria alta y baja le cuestan “a todos los chilenos” 102,5 millones de dólares al año.
Además, los candidatos electos y perdedores ya están tramitando los pagos del Servicio Electoral (Servel) que ascienden a $ 1.069 por voto obtenido (un dólar y setenta centavos). De nuevo pagan “todos los chilenos”. Este nuevo beneficio del Estado dicen que fue pensado para evitar que este sector de la nomenclatura recurra a las coimas, cohecho, “regalos” de grandes empresas y otros delitos de cuello y corbata en que suelen incurrir “transversalmente” para financiar sus campañas electorales.
