Luego de enormes vicisitudes la justicia jujeña encontró la manera de acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia argentina (CSJ) que acataba de mala gana el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero sin mermar en el uso de torturas contra la detenida arbitraria Milagro Sala.
Se le concedió la prisión domiciliaria, pero una vez más, no fue enviada a su casa, sino a un edificio de la Tupac Amaru donde estaba previsto que funcionara un centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes.
La noche que llegaron al nuevo “domicilio” del barrio El Carmen, Milagro Sala y su esposo, Raúl Noro, fueron denunciados por supuestamente secuestrar a los dos jóvenes que los estaban ayudando a trasladar sus efectos personales al interior de la vivienda. Un despliegue policial que incluyó efectivos de élite, un fiscal, un negociador y varios vehículos policiales, pusieron de los nervios a Noro, de 74 años, quien tuvo que ser atendido por médicos tras el desopilante incidente.
Ubicar a Sala en un barrio hostil forma parte del plan de hostigamiento elucubrado por el juez Pullen Llermanos. Solo, muchas horas después se permitió que se realizara la “mudanza”, luego de que declararan los jóvenes y aseguraran que estaban allí por su propia voluntad.
Raúl Noro aclaró que su estado de salud es frágil y que no puede hacerse cargo de la seguridad y las atenciones necesarias para su compañera Milagro Sala, por lo que los abogados tramitan la presencia de otra persona en la casa. “Somos fuertes, aguantamos y lo seguiremos haciendo”, aseguró Noro, quien confirmó que se cuidan mutuamente.
Las reglas de la prisión domiciliaria otorgada a Milagro Sala escapan a los estándares internacionales. Además de utilizar la tobillera electrónica, su casa dispondrá de una custodia perimetral, con amenaza permanente de devolverla a la cárcel ante la menor sospecha de incumplimiento de las nuevas normas dispuestas por la justicia del contador Gerardo Morales.
Pullen Llermanos determinó un “código de conducta” que permite las visitas de sus parientes más cercanos “sin límite temporal”, pero las visitas serán un máximo de cuatro personas a la vez entre las 7 y las 19 horas de los días martes, jueves y sábados y no más de veinte personas por día. A su vez, estas personas serán requisadas y no podrán ingresar con teléfonos celulares.
Los controles médicos y psicológicos deberán ser autorizados por el juzgado y Sala no puede retirarse la tobillera mientras permanezca en la casa.
“No me siento nada bien porque mis compañeras quedaron adentro de la cárcel”, opinó Sala y también criticó al juez, “siento mucha indignación porque el juez no cumplió con la resolución y tuvo que esperar hasta el último día”.
