Considera que sería un grave ataque a la libertad de expresión e información que dañaría la democracia. Los jueces pueden condenar los delitos por la red, porque la tecnología lo permite.
La Comisión Permanente de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), reunida ayer en Madrid, ha dado a conocer el siguiente comunicado:
La FeSP rechaza la posibilidad de eliminar el anonimato en Internet
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) muestra su rotundo rechazo a la posibilidad de que el Gobierno intente eliminar el anonimato en internet, porque esa medida, aunque estuviera avalada por una ley, supondría un grave ataque al derecho constitucional y humano a la libertad de expresión e información de la ciudadanía, que debe ser protegido siempre en cualquier sistema democrático.
Las recientes declaraciones realizadas en ese sentido por el portavoz del PP en el Congreso y por algunos ministros, con el argumento de que hay que combatir las noticias falsas y el acoso en las redes sociales, permiten entrever un intento de controlar la información y la opinión libre de la ciudadanía que es incompatible con las normas y convenios internacionales sobre esta materia ratificadas por España. Los únicos límites que deben existir para el ejercicio de ese derecho constitucional son el Código Penal y las leyes vigentes, algunas de ellas ya bastante restrictivas para la ciudadanía.
La Comisión Permanente de la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, rechaza y condena la utilización de las redes sociales para difundir noticias falsas o para difamar, calumniar o perjudicar a personas, empresas, organismos o instituciones. Pero esas malas prácticas no deben ser combatidas con la imposición de más restricciones a la libertad de expresión e información, porque se dañaría a la propia democracia.
La tecnología permite identificar a quienes hagan ese mal uso de las redes sociales, como se ha visto en distintos casos que han terminado con una condena judicial a sus autores. Pero esa sanción solo pueden imponerla los jueces cuando comprueben que alguien, con sus mensajes en la red, ha cometido un delito tipificado en la legislación vigente.
La Comisión Permanente de la FeSP también expresa su preocupación por el anuncio que ha hecho la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de proponer la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa del Congreso, integrado por diputados y «editores de los principales medios de comunicación», para que estudien las medidas a adoptar ante la «amenaza de la desinformación».
Para hacer frente a la desinformación y las noticias falsas es necesario educar en comunicación; facilitar siempre toda la información y los datos con la máxima transparencia, algo que no siempre hace el Gobierno pese a presumir de la Ley de Transparencia, y que los jueces apliquen las leyes a quienes cometan un delito.
Si al Gobierno le preocupa la desinformación y las noticias falsas, como dice, la mejor manera de evitar esas rechazables prácticas es con una ley que regule el derecho a la información y la comunicación, como existen en los países de la Unión Europea y en otros muchos, en la que se establezcan los derechos y las obligaciones de los profesionales de la información para que sea plenamente efectivo ese derecho de la ciudadanía.
El Parlamento aprobó en marzo de 2015 la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza por las restricciones que establece para derechos de la ciudadanía y de los profesionales de la información- y reformó otras normas con las que también se limitan esos derechos. Los excesos cometidos al imponer sanciones en aplicación de esa ley han sido criticados en varias ocasiones por el Defensor del Pueblo y, en algunos casos, anulados por los jueces.
A la aprobación de esas leyes en los últimos años -con el único apoyo del PP y los votos en contra de los demás partidos- se suman ahora las declaraciones de miembros de ese partido y del Gobierno que parecen anticipar una especie de Ley Mordaza 2.0, para controlar la información y la comunicación de la ciudadanía y de los periodistas con la excusa de combatir las noticias falsas, impedir mensajes machistas tan rechazables como los que circulan por Internet o evitar interferencias informáticas en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña.
El Gobierno y el Partido Popular deberían saber que no se pueden poner puertas al campo, y eso es lo que harían si pretenden eliminar el anonimato en Internet y limitar derechos de la ciudadanía como método para combatir delitos informáticos que ya están contemplados en la legislación vigente y que los jueces pueden perseguir, juzgar y castigar.
