Por Leonel Ayala
Para nadie era un secreto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, daría como ganador al ilegal candidato y actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), aún con la advertencia del Secretario General de la OEA, de abstenerse de tal declaración, antes de que la comisión de este organismo presentara su informe del proceso electoral del 26 de noviembre 2017.
Tampoco era un secreto que si el TSE declaraba ganador a JOH, significaba encender la mecha de una explosión de alcance insospechado; hasta los diarios controlados por el régimen han titulado y presentado imágenes de que Honduras arde en llamas, producto de la protesta popular en contra del fraude. Se contabilizan 30 muertes, 1600 heridos, varios desaparecidos, bancos y grandes negocios incendiados, 95 tomas de carreteras, escasez de combustible, aparecen escuadrones de la muerte o comandos paramilitares estilo Colombia, varias sedes policiales incendiadas, voces civiles que gritan estar cansados de poner el lomo y aguantar las atrocidades de la policía y del ejército; ingobernabilidad creciente a lo largo y ancho del país.
San Pedro Sula, la “capital industrial” en la zona norte, tiene tres días de estar semiparalizada: vuelos aéreos suspendidos, compañías de transporte interurbano en paro, transporte de mercaderías a medias y cerradas las zonas de mayor actividad comercial.
La lectura de los informes de la OEA y de la comisión de la Unión Europea, han dejado en evidencia el fraude; mientras la embajada de Estados Unidos, en un lenguaje ambiguo, pareciera darle su complacencia al escogido legalmente por el desacreditado TSE.
Luis Almagro, Secretario de la OEA, ha propuesto la anulación de las elecciones; más de 250 académicos del continente y reconocidas voces con suficiente autoridad moral, apoyan esta propuesta, como única salida al conflicto y evitar las graves consecuencias de una guerra civil, que se ve muy cerca, en respuesta a la brutal represión de la protesta contra el fraude electoral. La Constitución de la República de Honduras, establece el derecho a la insurrección ante un gobierno usurpador de la voluntad popular.
Los hondureños piden a la comunidad internacional, a los pueblos hermanos, para que presionen a los que deciden en sus países, al no reconocimiento de JOH; hoy más que nunca son necesarias estas acciones de solidaridad para evitar la consolidación de una dictadura, que está desangrando terriblemente a esta empobrecida nación, causando mayor dolor y sufrimiento a un pueblo que estoicamente ha soportado tantas injusticias.
Nulidad completa del proceso, nuevas elecciones y un plebiscito previo, para que el pueblo se pronuncie a favor o contra la reelección; de ganar el no, el partido nacional deberá buscar otro candidato para las elecciones a celebrarse en un plazo de 6 meses, con un nuevo TSE y la vigilancia de organismos internacionales.
