«La gente que se moviliza lo hace con menos miedo, sabiendo que va a haber represión y tomando muchas medidas de seguridad. Al presidente Hernández se le están yendo muchas cosas de las manos, desde que el fraude que estaba montando pasaría desapercibido, hasta la manifestación ciudadana», sostiene la dirigente social hondureña, Berta Zúñiga Cáceres.
Por José Robredo Hormazábal
Ya son 10 días desde las elecciones presidenciales de Honduras, que en dudosos escrutinios selló la reelección del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, lo que desató una movilización de la ciudadanía para protestar acusando fraude en todo este proceso. La autoridad respondió declarando Estado de Sitio y represión, situación similar a lo ocurrido con Manuel Zelaya en 2009.
Hasta el momento, la acción del gobierno de Hernández -ejecutada por la policía y los militares- ha dejado una decena de muertos y casi un centenar de heridos. Sin embargo, las fuerzas especiales policíacas también se manifestaron en contra de la medida represiva y de las malas condiciones laborales que viven.
Así, la movilización social se mantiene, ya no con masivas marchas -la última fue el pasado domingo 3 de diciembre- sino que con manifestaciones en los barrios, a través de cacerolazos y otras acciones, mientras la policía patrulla. Ante la presión, el gobierno de Hernández accedió a realizar el reconteo total de las actas electorales -poco más de 18 mil- para confirmar o descartar el resultado dado a conocer tras los comicios que le daban al actual presidente un 42,98% de los votos contra el 41,39% del opositor Salvador Nasralla.
En este escenario, El Ciudadano conversó con Berta Zúñiga Cáceres, hija de la asesinada activista social y medioambiental hondureña Berta Cáceres, para conocer la situación en el país centroamericano. Al respecto, sostiene que “a través de la movilización se ha buscado revertir el resultado que presentan las autoridades a través del Tribunal Supremo Electoral, los que aún no son oficiales, pero que apuntan que el presidente será Juan Orlando Hernández”.
“Las fuerzas de seguridad tan reforzadas no funcionan porque haya una guerra acá, sino que es para agredir a los movimientos sociales que se han convertido en oposición a ese régimen dictatorial que hay en Honduras”, sostiene Zúñiga sobre las acciones represivas del Gobierno.
Al ser consultada sobre cómo se proyecta este proceso, es clara en manifestar su desconfianza y recalca: “Hay una demanda popular para que haya un reconteo de los votos para aclarar el panorama y dar un veredicto definitivo de las elecciones, pero no existe confianza ante la actuación del Tribunal Supremo Electoral”.
¿Cuál es el contexto de movilización hoy en Honduras a nueve días de las elecciones?
Han sido días de mucha tensión y de mucha sublevación por parte del pueblo. Juan Orlando Hernández y su gobierno han sido muy cuestionados, no solamente estando él como presidente, sino que también cuando fue presidente del Congreso Nacional durante el gobierno anterior -continuador del golpe de Estado en Honduras-. Ha habido mucha tensión en torno a este proceso, primero porque las elecciones anteriores ya habían sido impugnadas y en estas elecciones se repite el fraude electoral que todo el mundo denuncia. Pero en esta ocasión fue bastante descarado y empujó al pueblo a salir espontáneamente a las calles a movilizarse con casi 200 movimientos territoriales como expresión de repudio a que Hernández siga gobernando por cuatro años más e imponiendo la corrupción, el saqueo del Estado y los territorios.
¿La ciudadanía se está convirtiendo en actor protagonista en esta crisis?
Ha sido impresionante el hecho de que la ciudadanía se manifieste a través del voto, ya que nunca la ciudadanía y las organizaciones sociales han sido consideradas como interlocutores válidos por el gobierno de Hernández. Este gobierno se encuentra plagado de injusticia, de impunidad. A través de la movilización se ha buscado revertir el resultado que presentan las autoridades a través del Tribunal Supremo Electoral, los que aún no son oficiales, pero que apuntan a que el presidente será Juan Orlando Hernández.
Desde la destitución de Manuel Zelaya ha habido fuerte inestabilidad y persecución al movimiento social. ¿Cómo la ciudadanía ha tomado estos hechos?
Creo que una de las características fundamentales que ha permitido sostener al gobierno de Juan Orlando Hernández, a pesar de todas las reacciones sociales que se han dado durante estos cuatro años, ha sido el reforzamiento de las fuerzas de seguridad, lo que ha sido impresionante. Se ha elevado la cantidad de efectivos policiales y militares, además de crear nuevas fuerzas de seguridad que funcionan en zonas denominadas de conflicto, que es donde se hace la defensa territorial o hay disputas por la tierra contra los grandes terratenientes. La excusa ha sido la lucha contra el narcotráfico, pero eso les dio un poder importante a las cúpulas militares que ahora participan, como los que dirigen el crimen organizado en sectores muy importantes como lo es la costa norte.
¿Este vínculo apunta contra el movimiento social?
Las fuerzas de seguridad tan reforzadas no funcionan porque haya una guerra acá, sino que es para agredir a los movimientos sociales que se han convertido en oposición a ese régimen dictatorial que hay en Honduras. Han producido una degradación que vincula a la corrupción a todos los niveles, también en el cotidiano de la sociedad, de la juventud empobrecida -que es la que no tiene posibilidad de estudiar- que crea la imagen sobre que se encuentra incubada en los barrios marginales, que son la mayoría. Se crea un clima de miedo muy grande, lo que se traduce en una represión abierta y de conocimiento público, que ha atemorizado mucho a la población, que a pesar de los distintos tipos de descontento existente no se atreve a desafiar al gobierno por temor. Ahora lo hace y eso es muy importante.
¿Cómo se toma la desobediencia manifestada por el grupo “Cobra” de fuerzas especiales de la policía?
Creo que la población está muy emocionada de escuchar la voz de la policía que no quiere reprimir más al pueblo, que están disconformes del trato que reciben los funcionarios públicos y que tienen los mismos problemas que enfrenta la población hondureña en general. La gente estaba muy emocionada de que a quienes identifican como fuerzas represivas se pongan del lado del pueblo. Ahora, desde los movimientos sociales o de la población más crítica no existe confianza en eso, se sabía que se llegaría a un pacto en el que se le mejoren las condiciones laborales y ahí se acabó la revuelta. De todas formas, eso motivó mucho a la ciudadanía a mantenerse en las calles y tener la claridad de que hay que sacar a Juan Orlando Hernández, pero también dar la certeza de que la fuerza del pueblo es tan grande que incluso las fuerzas de seguridad no quieren enfrentarse a la población.
¿Se ha perdido el miedo por parte de la ciudadanía?
La gente lo hace con menos miedo, lo hace sabiendo que va a haber represión y tomando muchas medidas de seguridad. Al presidente Hernández se le están yendo muchas cosas de las manos, desde que el fraude que estaba montando pasaría desapercibido, hasta la manifestación ciudadana. En algún momento se pensó que habría un golpe de Estado como el que se le dio a Manuel Zelaya, cosa que aún no sucedió porque se llevaron a cabo todas las acciones posibles para contener una revuelta mucho más grande.
¿Cuáles son los posibles escenarios para el futuro de la movilización?
Hay una demanda popular para que haya un reconteo de los votos para aclarar el panorama y dar un veredicto definitivo de las elecciones, pero no existe confianza ante la actuación del Tribunal Supremo Electoral, y los movimientos sociales apuntamos a que no solo se dé que Juan Orlando Hernández no sea el próximo presidente, sino que renuncie de manera inmediata. Ese es el llamado, que se vaya desde ya, lo que es muy difícil pero creemos que está bajo la mirada de la comunidad internacional que está haciendo presión importante a través de los observadores de la elección. Hasta ahora se está realizando una auditoría a más de 5 mil actas y se espera una impugnación por parte de los partidos políticos en contienda que denuncian el fraude, junto con mantener la movilización social hasta que se concrete la renuncia del actual presidente de la República.
