Por Darío Aranda

Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.

El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.

El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.

El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.

La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.

El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.

“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.

En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).

Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.

Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.

Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.

Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.

La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.

Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.

Las críticas a Bergman

Las críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fueron unánimes. “Bergman no tiene la más pálida idea de cómo preservar el ambiente, parece más un promotor de los agronegocios y la megaminería”, denunció Nina D’Horacio, de la Asamblea de Esquel. “La gestión del Ministro desde el inicio fue vergonzosa y nefasta para el ambiente y nuestros bienes comunes, y lejos de mejorar ha ido empeorando”, resumió Giraud de Mendoza. Todas las asambleas advirtieron que resistirán en las calles, rutas y territorios. También destacaron que en Argentina rige el “principio de progresividad del derecho ambiental”, que lleva implícito el de no regresión. Por lo cual la modificación que planean el Gobierno y las empresas es inconstitucional.