Mientras el gobierno central tramita el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Cádiz, Santiago de Compostela, la Coruña, Valencia y Zaragoza le reclaman medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.
En una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, los responsables de vivienda de los ayuntamientos, le han entregado una serie de alegaciones exigiendo una inversión en vivienda para España que la equipare al resto de países europeos, donde la vivienda es considerada un derecho fundamental.

Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar dicho plan con 2.000 M€ de inversión para el 2018, e invertir así la tendencia que se ha ido produciendo en los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda. Actualmente el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059% del PIB (467 M€ en 2017). Si el Estado continúa con la tendencia actual de recortes en vivienda (recortes que han supuesto una reducción de 1.000 M€ en los últimos 8 años), las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años.

La reclamación de los siete ayuntamientos es que en el plazo de 10 años el gasto público se sitúe en el 1’5% del PIB. Los representantes municipales insisten que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, y son las que más sufren la carencia de recursos públicos de las políticas estatales que tienen que permitir garantizar la vivienda como un derecho de primera necesidad.
El incremento presupuestario es imprescindible para poder aumentar el parque público de alquiler y situar así las ciudades españolas al nivel europeo. Actualmente, el Estado español sólo tiene un 2’5% de vivienda asequible (sumando viviendas de protección oficial y alquileres de rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía, mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o Francia se sitúa en el 17%.

Otras medidas propuestas son las de tipo financiero, como que el Instituto de Crédito oficial habilite líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda de protección oficial; que desde el Gobierno se apoye técnica y financieramente para pedir la financiación y ayudas europeas; que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea. En cuanto a la potenciación de nuevos modelos, la propuesta es establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.

Los ayuntamientos también plantean la necesidad de evitar la especulación con la vivienda pública de compra. La propiedad del suelo de este tipo de vivienda no tiene que pasar en manos privadas con los años, como pasa actualmente. Entre las propuestas incluyen obligar a las entidades bancarias rescatadas con fondos públicos a incluir inmuebles vacíos en el fondo de viviendas para el alquiler social, o priorizar al pequeño propietario con pocos recursos en las ayudas a la rehabilitación.

Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado la visita de hoy a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para poner sobre la mesa la reivindicación de modificaciones en el marco legal y normativo que proteja a los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) tiene que alargar la duración mínima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción de 3 años que se llevó a cabo en la última modificación de esta ley ha conducido a subidas de los precios mucho por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Además, los ayuntamientos reclaman que la LAU permita a las comunidades autónomas, en coordinación con los municipios, que puedan si así lo requieren, y si se da el caso de una alta demanda acreditada, regular los alquileres para evitar los precios abusivos.

Eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIS (sociedades de inversión in mobiliaria) es otro de los planteamientos que ponen sobre la mesa los ayuntamientos, puesto que la actividad de estas sociedades repercute negativamente en el mercado del alquiler, y gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales sus beneficios superan los 5.000 millones de euros. Así mismo denuncian la política que regala la tarjeta de residencia a personas extranjeras que compren viviendas de más de 500.000€.