Por CELS, Centro de estudios legales y sociales

Operativo intimidatorio y violento. Detenciones arbitrarias. Imputación por un delito federal. Aval de las autoridades políticas a la violencia policial. Falta de un marco normativo específico para regular la intervención de fuerzas federales en las protestas. Las intimidaciones por parte de las autoridades políticas, las acciones violentas de las fuerzas de seguridad y la convalidación por parte del poder judicial son formas de limitar el derecho a la protesta.

El 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional respondió al descontento social masivo, por la posible aprobación de una reforma del sistema previsional, con un despliegue inédito de las fuerzas de seguridad federales. Frente a la proliferación de los reclamos, el gobierno decidió sitiar con fuerzas de seguridad el centro de la ciudad, de manera de colocar a los participantes en una situación de vulnerabilidad desde antes de que la manifestación comenzara. Se trató de un operativo desproporcionado y violento que buscó intimidar, reprimir y castigar el ejercicio del derecho a la protesta.

A pesar de la catarata de imágenes aportadas por los trabajadores de prensa y por los manifestantes que muestran la violencia con la que actuaron las fuerzas, las autoridades políticas no dieron explicaciones sobre ningún aspecto del operativo: no se informó cómo estuvo organizado, cuál es la justificación para poner en la calle a cuatro fuerzas federales ni qué directivas tenían. El modo de actuación de la Gendarmería y de las otras fuerzas indica que el operativo estaba dirigido a impedir que los manifestantes llegaran a las vallas y a reprimir como mensaje intimidatorio. No hay ninguna otra explicación para el armado de un operativo de estas características.

El uso de la fuerza y de las armas llamadas “menos letales” fue contrario a todos los protocolos: hubo disparos de balas de goma indiscriminados y al cuerpo, los gases lacrimógenos se utilizaron sin ninguna precaución, lo mismo ocurrió con el gas pimienta que fue utilizado de manera abusiva. Además, las fuerzas de seguridad buscaron limitar el trabajo periodístico con disparos y bloqueos para que no se tomaran imágenes de las detenciones ni de los heridos.

Como consecuencia del operativo hay más de 40 detenidos a disposición de la justicia federal. En su mayoría, están detenidos por el delito de “intimidación pública”, sin que haya nada que habilite el uso de esta figura ni la competencia federal. Las imágenes también muestran que muchas personas fueron aprehendidas sin motivo. Es decir, como consecuencia de la arbitrariedad de las fuerzas en las calles se privó de la libertad a gran cantidad de personas.

Un día después de los hechos y de las evidencias de abuso policial, el Ministerio de Seguridad no hizo ninguna declaración sobre la violencia desplegada ni informó si abrió investigaciones administrativas. Tampoco hubo mensajes de otros integrantes del Poder Ejecutivo que cuestionaran este tipo de respuesta estatal a la protesta social.

Aunque el operativo de ayer (14/12/17) preocupa por su magnitud y por los niveles altos de violencia, muchas de las prácticas que lo integraron vienen siendo recurrentes. Durante 2017, numerosos operativos en la ciudad de Buenos Aires incluyeron:

  • Cacerías policiales
  • Uso desproporcionado, irregular e ilegal de la fuerza
  • Agresiones a trabajadores de prensa y a quienes registran el accionar policial
  • Falta de información sobre el destino de las personas detenidas
  • Falta de información posterior sobre el operativo respecto a órdenes, armamentos, fuerzas involucradas, cantidad de efectivos, detenidos, heridos.

La respuesta judicial frente a la represión de las protestas también muestra regularidades: no hay control judicial de los operativos de seguridad, se convalidan los argumentos que utilizan las fuerzas para detener y se imputa a manifestantes y transeúntes de delitos graves, independientemente de que haya o no pruebas de que los hayan cometido.

A este escenario, se agregan los mensajes permanentes del gobierno nacional que buscan deslegitimar a los actores que protagonizan las protestas.

Esta combinación de mensajes políticos contrarios a la protesta, la actuación policial violenta y la respuesta judicial criminalizante consolida un contexto de intimidación pública estatal dirigida hacia los manifestantes que busca desalentar las movilizaciones.

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La nota continúa con un detallado análisis de la “Actuación de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires” y de “El poder judicial: arbitrariedad y ausencia del control de la actuación policial”. Este es el enlace al texto completo.