Desde los inicios del gobierno de Macri, se alegorizó el carácter retrógrado de sus políticas mediante fechas significativas de la historia argentina. Los 90’, década en la que el neoliberalismo impactó de lleno privatizando la vida bajo el envoltorio de la eficiencia, pareció en un primer análisis situar claramente el retroceso.
La descalificación a opositores, el linchamiento mediático continuado, el intento de quebrar las organizaciones populares y la posterior persecución judicial y encarcelamiento sin juicio a varias de las principales figuras del gobierno anterior, sugirieron, como el período que mejor cuadraba al gobierno macrista, la imagen del año 55’, en el que un gobierno militar derrocó a Perón, prohibiendo y proscribiendo posteriormente al peronismo y a la democracia. También se aludió al año 30’, comienzo de la “década infame”, en la que una restauración conservadora impulsada por la oligarquía terrateniente sofocó las libertades civiles y las demandas sociales.
El carácter colaboracionista y negacionista de varios integrantes del gobierno en relación a la última dictadura militar, el intento de acortar a la mitad las penas de convictos por delitos de lesa humanidad, el desmontaje de reparticiones estatales dedicadas a la protección de derechos humanos, el otorgamiento de prisión domiciliaria a genocidas, la desembozada represión ante la creciente protesta social y las amenazas a líderes sindicales configuran un paisaje que conecta directamente con la tragedia que vivió el país entre los años 1976 y 1983.
Todas esas caracterizaciones tienen su asidero. Sin embargo, 1984 – el año que el escritor británico George Orwell inscribió en el imaginario mundial como símbolo del control total de la población mediante la vigilancia, la represión y la manipulación de la realidad – es una fecha que describe con gran aproximación al gobierno de Macri en referencia a su política de comunicaciones.
Ya el primer día de su gestión emitió un decreto subordinando la comunicación al poder ejecutivo. Poco tiempo después dejó sin efecto la adecuación del pulpo mediático Clarín, que tenía como fin equilibrar su posición dominante. A través de la pauta publicitaria se premió a socios y se castigó a medios críticos, exigiendo la renuncia de periodistas por sus opiniones. Se eliminó la transmisión gratuita del fútbol, devolviendo el negocio a los grandes operadores privados. Cientos de comunicadores fueron despedidos del aparato estatal, discriminando según preferencias políticas, luego de revisar sus perfiles en redes sociales. Los montos destinados al fomento de la comunicación comunitaria fueron retenidos o recortados y varias emisoras decomisadas.
Luego de dos años, el gobierno cierra la muralla de la opinión única: se aprueba la creación de un holding que agrupa a la principal empresa de TV por cable, los operadores mayoritarios de internet y poderosas compañías de telefonía fija y celular, con posición hegemónica en todas las áreas. Al mismo tiempo, se da fin al sistema público de Televisión Digital Abierta (TDA), que de forma gratuita y federal, permitía acceder a toda la población a contenidos de calidad.
Como lo señala un reciente comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática, “el Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad.”
La práctica macrista de asfixia de voces críticas, concesiones monopólicas, vaciamiento de la comunicación pública, extorsión a medios no afines, despido, persecución y represión a periodistas, a la hora de reclamar – declamar – la defensa de las libertades de expresión y prensa, descalifican y deslegitiman tan sólo una voz: la del propio gobierno.
