Por Federico Paterno | ANCAP
¿Qué pasa con los pueblos originarios?
La situación límite en la que vive el pueblo Mapuche hoy a través de la represión estatal y el reciente asesinato de Rafael Nahuel, merece una reflexión y un análisis profundo. ANCAP entrevistó a Alexis Papazian, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. La construcción de un enemigo interno para avanzar sobre los Mapuche. La ley 26 160 y su influencia para resolver los desalojos. El modelo extractivo y el repliegue de las comunidades ante el proceso de represión y desalojo.
La Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena desde 2004, trabaja en articular los esfuerzos de profesionales de diferentes disciplinas y diversos puntos del país, interesados en profundizar sobre el concepto de Genocidio aplicado al proceso que afectó y afecta a los pueblos indígenas preexistentes a la conformación del Estado argentino. La organización nace a partir de la iniciativa conjunta de la antropóloga Diana Lenton y el historiador Walter Delrio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y hoy está compuesta por investigadores/as de disciplinas sociales y artísticas e integrantes de organizaciones indígenas que desarrollan sus tareas en distintos puntos del país buscando tener participación en diversos espacios, territorios y luchas.
ANCAP dialogó con Alexis Papazian, integrante de la Red e historiador.
–¿Cómo analizas lo hechos de violencia que vienen creciendo hacia el pueblo Mapuche y los pueblos originarios?
–En términos de lo último que uno viene observando, la muerte en un contexto represivo, ese análisis cayó y se cae a pedazos cuando se ve lo que sucedió el 23 de noviembre en el Lago Mascardi y la muerte de Rafael Nahuel. No solo por lo que es la violencia institucional por parte de las fuerzas federales, sino por el aval que le dieron la Ministra de Seguridad Patricia Bulrich y la Vicepresidente Michetti. No es gatillo fácil sino que es algo más estructural, y una forma de hacer política con la población mapuche en particular. Paralelo a esto se da la invención de la RAM, no porque no exista en términos absolutos, sino como representante de una organización que puede generar daño al Estado argentino cuando no va a suceder. Es más una creación del propio Gobierno o agencias gubernamentales del gobierno con algunos sectores radicalizados, pero de ninguna manera la representación del pueblo mapuche.
Cuando se habla en muchos medios de la idea de comunidad mapuche y no de los mapuches, la verdad que en Neuquén hay más de cien comunidades mapuche. En Río Negro otro tanto, en Chubut lo mismo, en la Pampa hay comunidades mapuche, en Mendoza también las hay. Como cultura o como pueblo hay diversas comunidades y organizaciones y la RAM no es representativa, no representa al pueblo mapuche y Facundo Jones Huala tampoco más allá de que estemos en contra de su criminalización y su extradición, pero no representa a todo el pueblo mapuche.
–¿Cómo ves el manejo del Gobierno para resolver este problema?
–Para el Gobierno lo que importa es criminalizar a un sector mapuche de la sociedad que es joven y pobre. Tengamos en cuenta que no es solo un asesinato de una persona por la espalda, sino que es un uso super desmedido de la fuerza. Lo «irregular» que dice el gobierno es una recuperación territorial que estaba con una mesa de diálogo entablada previa a esa represión, y ahora vuelve a retomarse esa mesa de diálogo. Las comunidades son las que buscan el diálogo y no el estado, y eso es lo preocupante. Esto no es la primera vez que sucede con los pueblos originarios; también ocurrió con el Gobierno anterior sobre todo en la zona de Formosa, pero es histórico desde la conquista para acá.
Cuando el reclamo es territorial el derecho liberal tiende a estar por encima de convenios internacionales como el art. 169 de la OIT. La propia constitución nacional dice que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y entre esos pueblos está el Mapuche.
–La Ministra de Seguridad se reunió en las últimas semanas con gobernadores e intendentes del sur. ¿Qué esperas de esa reunión? ¿Qué pasa hoy con la Ley 26.160?
–Por lo pronto hay que esperar un poco, pero sí uno ve que el mismo día que se promulga la prórroga de la Ley 26160, ese día entran a reprimir a una comunidad que está recuperando un territorio en Parques Nacionales y que además tenía una mesa de dialogo entablada y no se respetó. No esperaría las mejores noticias de parte de una reunión de la Ministra de Seguridad, cuando no se por qué la Ministra de Seguridad se tiene que reunir con los gobernadores para hablar de la recuperación de tierras. Sería algo más del Ministerio del Interior, de Desarrollo o de Justicia, pero no es una cuestión de seguridad. Si se le ofrece a una comunidad un relevamiento territorial en las condiciones en que la ley la asiste y que eso sea la titulación de sus tierras, es bienvenido, sin embargo eso no implica que no hayan cometido crímenes en la actualidad, ni tampoco que no hayan reprimido.
En el gobierno anterior esta ley no se implementó –no al menos en su totalidad–, y en este aún menos. Lo vería con bueno ojos si se hace, pero no olvidamos el encarcelamiento de mujeres y niños y los asesinatos.
–¿Qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de analizar este conflicto con los pueblos originarios?
–Hay una continuidad en ese caso respecto al modelo extractivo, tal vez más violenta, más acelerada, con menos restricciones para el caso del sur, sobre todo con el caso del fracking en la meseta neuquina y en algunas partes de Río Negro. La ley 26 160 no es algo para casarse, es la ley que tenemos, la que es posible. Lo que tiene de interesante es que impediría los desalojos, pero aún así los hacen. La ley tampoco tiene muy en claro qué es lo que se hace con los informes técnicos que se arman en los relevamientos. No dice nada la ley de qué va a ocurrir después de realizado el relevamiento, si se les van a entregar o no los títulos de propiedad comunitaria. En otros casos están las carpetas con los informes técnicos terminados y no sucede nada. Eso pasa porque la ley eso no lo prevé no hay una reglamentación que cierre eso.
Yo trabajé mucho en la zona de Aluminé, en Neuquén. La gente de la zona de la meseta habla de la zona de Azul, Puan y del Río Salado para el sur, y son todos corridos por la conquista. Y con el emprendimiento inmobiliario o turístico los vuelven a correr y Parques Nacionales también los corre. Hay que prestar atención a la ley 26.160, pero también hay que defender la titulación comunitaria de las tierras. Cuando se habla de alianzas entre kurdos, ISIS o lo que sea, le están quitando historicidad y crean un terrorismo interno. Le quitan peso a un proceso histórico. El estado debería tener políticas reparatorias a las políticas genocidas a los pueblos originarios. El contexto de hoy no está yendo para ese lugar.
