Por Gloria Muñoz Ramírez / Fotos: Oleg Yasinsky
Los tiros se escuchan cerca. La gente de Los Altos de Chiapas ha aprendido a distinguirlos de los cohetones de las fiestas, pero no se acostumbra y sale angustiada al filo de la carretera. Por miedo más de cinco mil han huido a las montañas desde mediados de noviembre. Los retenes civiles armados impiden el tránsito entre Chenalhó y Chalchihuitán, dos comunidades que se disputan linderos a balazos, pues el Estado hizo crecer un añejo conflicto agrario. Veinte años después de la masacre de Acteal, la memoria está más viva que nunca y la zozobra y el terror no dejan dudas. Las armas que repartió el Estado a los grupos paramilitares para combatir a la insurgencia zapatista siguen en las comunidades. La violencia nunca se fue. Son muchos los pendientes.
Acteal. Veinte años de que 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 15 niños y nueve hombres fueron masacrados por grupos paramilitares auspiciados por el Estado mexicano en esta comunidad tsotsil. Oraban por la paz que les arrebató la estrategia de contrainsurgencia diseñada para sembrar el terror entre las bases de apoyo zapatistas. Pero no fue a ellas a quienes atacaron, sino a los integrantes de Las Abejas, organización civil y pacífica creada el 10 de diciembre de 1992, justo hace 25 años.
Noviembre de 2017. Antonio Vázquez Gómez, de la comunidad San Juan Diego Xoyep, sobreviviente de la masacre, recuerda los meses previos a la matanza: “Desde principios de 1997 empezó todo. Primero por Yaxemel y Yajalón, luego se desplazaron (los paramilitares) y empezó el tiroteo, quema de casas, robo de pertenencias. Nos recuerda la situación que estamos viviendo ahora. Así empezó”. Desde su pequeña casa, mientras su esposa hila un huipil en el telar, empiezan a escucharse los tiros. “Ya váyase”, dice a esta reportera, “es mejor caminar de día”.
Los desplazados de hoy recuerdan a los de hace dos décadas. De mayo a diciembre de 1997 fueron desplazadas por la violencia más de seis mil personas de diferentes comunidades. Acteal se convirtió en una comunidad amenazada y a la vez un lugar de refugio para familias de otras comunidades “que veían en su respuesta no violenta al conflicto una forma de protección”, advierte Carlos Martín Beristáin en la reciente publicación Acteal, resistencia, memoria y verdad, coeditada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Hoy, producto del conflicto limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, de acuerdo a un informe de 25 organismos de derechos humanos del 27 de noviembre, existen por lo menos cinco mil personas desplazadas de Chalchihuitán y 300 de Chenalhó, entre ellas 114 mujeres embarazadas, además de recién nacidos, niñas y niños.
Lo que ocurre en esta región se vincula directamente con la falta de justicia en Acteal. “No es casual que este recrudecimiento se dé en el marco de la liberación de los autores materiales de la masacre y la reactivación de grupos paramilitares denunciada en los últimos meses por la Sociedad Civil Las Abejas”, advierte la organización Nodo Solidale.
Para Pedro Faro Navarro, director del Frayba, Acteal “es uno de los pendientes fundamentales pragmáticos en la justicia mexicana”. La masacre, indica en entrevista, “no es un hecho aislado, no se dio de repente, fue planificada”. Por lo que dos décadas después se sigue exigiendo “una investigación que esclarezca la verdad de los hechos vinculados a una política de contrainsurgencia en Chiapas, que derivó en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres como la de Acteal”. Y que sin duda, advierte, tiene como consecuencia directa la violencia actual que se vive en la región.
La masacre. Guadalupe Vásquez Luna tiene 30 años de edad, 10 tenía aquel 22 de diciembre de 1997, cuando perdió a nueve integrantes de su familia: sus padres, cinco hermanos, su abuelita y su tío. “Antes del 22 ya había muchos conflictos y sabíamos que los paramilitares se estaban entrenando, pasaban armados, con camiones llenos y las armas para fuera, por la orilla de la carretera. Todos nos espantábamos y nos daba miedo. Quemaban casas arriba del cerro o en la comunidad que está a espaldas, amenazaban con venir a matarnos. Hasta que lo hicieron”.
La entrevista con Lupita se da en el marco del quinto aniversario de la muerte de su hermano Manuel, conocido como el mensajero y el guardián de Acteal, también sobreviviente de la masacre y fallecido por negligencia médica, sumando su muerte a la de las víctimas de un sistema que si no mata a balazos lo hace por falta de servicios de salud.
Antes de la masacre, recuerda Lupita, “hubo momentos de muchísima tensión y se nos desplazó. Acteal era una ermita chiquita y nos juntábamos para dormir todos los desplazados. Aquel 22 de diciembre ya había muchos desplazados y mi papá decidió hacer ayuno y oración… A las nueve de la mañana empezó la oración y a las diez de la mañana empezaron a disparar de lejos, pero teníamos fe. Cuando se acercaron, mi papá buscó un lugar abajito del panteón, nos llevó a todos ahí porque tenía esperanza de salvarnos. Nunca nos imaginamos que llegaran a matar de cerca”.
Guadalupe Vázquez es hoy concejala del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), fórmula colegiada con la que participa el Congreso Nacional Indígena en el proceso electoral presidencial del 2018 y que actualmente se encuentra en la etapa de la recolección de firmas para acreditar la candidatura de su vocera María de Jesús Patricio. Sobreviviente y entera, Lupita, como la conocen en la región, es hoy vocera de la resistencia de un pueblo que sigue exigiendo justicia.
Ante la Relatora Especial sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Lucía Tauli Corpuz, la joven concejala fue clara: “Los responsables de la masacre de Acteal son funcionarios del gobierno de alto nivel, como el mismo presidente de la República (Ernesto Zedillo), el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación, el gobernador de Chiapas, la policía estatal, los agentes del ministerio público, el alcalde municipal de Chenalhó, entre otros, que sabían de la violencia en el municipio en contra de la población civil y en específico contra los miembros de Las Abejas”. El Estado mexicano, dijo frente a la representante de la ONU, “propició la masacre, por lo que es “culpable de un crimen de lesa humanidad”.
Lupita recuerda que aquel 22 de diciembre de 1997 pegó su cuerpo al de su madre, “pero en un momento en que ya estaban muy cerca, levanté la vista y vi a los paramilitares. Apenas alcancé a decirle ¡mamá! cuando la hirieron, me levanté a llorar porque algo de mí decía que era el fin. Mi papá escuchó que empecé a llorar, le dije ¡mataron a mi mamá! Él bajó y me sacó de ahí… Esperaron a que yo me desviara tantito y empezaron a matar a todos… Hasta el día de hoy me suena el llanto, el quejido de los hombres, de las mujeres, de los bebés y niños que estaban ahí. Fue un cambio muy fuerte en mi vida. Después de la masacre tuve que dejar de ser yo, tuve que ser la niña convertida en mujer que tenía que ver por sus hermanos”.
Por los 20 años de injusticia, dice, “me viene el coraje. No puede ser que nos callemos”, dice Lupita.
Las Abejas. Antonio Vázquez Gómez, de la comunidad de Xoyep, otro sobreviviente de la masacre, recuerda el inicio de Las Abejas, organización que también en diciembre cumple 25 años y que nació y creció bajo el auspicio del obispo Samuel Ruíz García, quien “nos promovió fuertemente en contra de la injusticia, la impunidad, el desplazamiento y las desapariciones”.
En 1992, cuenta Antonio, hubo un conflicto de tierras protagonizado por una familia de Chenalhó. “En la pelea se murió una persona, y nos echaron la culpa las personas que impartían en la parroquia, por lo que se fueron presos cinco personas inocentes. Cuando escuchamos esto se organizó una manifestación para liberarlos y ahí se juntó la oración. Nos concentramos en el entronque de Larráinzar discutiendo cómo vamos a llamar a nuestra organización. Unos dicen Hormigas, otros dicen Mariposa, otros dicen Grillo, pero por último se mencionó Abejas, porque se mantienen y se defienden. Ahí nos empezamos a llamar así y logramos llegar hasta San Cristóbal con manifestaciones por calles y calles, hasta el Cereso número 5 y hasta que logramos liberar a los cinco presos”.
Antonio recuerda que desde el inicio Las Abejas se organizaron contra “la injusticia, la violación de derechos y contra todo lo que hacen los malos gobiernos junto con los capitalistas”. Por eso, explica, “cuando fue el levantamiento armado en 1994 participamos en los cinturones de paz, en las manifestaciones y en la mesa del diálogo. Pero ahí se calentaron los paramilitares y los partidistas y nos empezaron a decir, ¡ah, mira, son los mismos zapatistas! Fue como un petate para la masacre”.
En 1996, en el preámbulo, los funcionarios “del ayuntamiento municipal, gobernado por priístas, se empezaron a pelear con los cardenistas para despojarlos de su silla, pero se quedó sentado el PRI. Nosotros, la parroquia, la organización, vimos que son violentos y por eso no nos aliamos ni al PRI ni al cardenista, sino que permanecimos independientes. Se empezaron a enojar y nos obligaron a la cooperación para comprar armas, municiones”, cuenta Antonio.
Los paramilitares, continúa, “estaban contra los zapatistas por orden de los tres niveles de gobierno. Como Las Abejas no participamos en apoyo a los partidos, pasaron encima de nosotros porque les contaron que éramos los mismos zapatistas. Entonces empezamos a organizar cinco campamentos como refugio”. Uno de ellos fue Acteal, donde fue la masacre.
Para Antonio la matanza “no fue en vano”, pues “se movió el corazón de muchas personas, estados, pueblos y hasta internacionales. Por eso fue el vuelo de Las Abejas, porque vinieron compañeros de otros países y empezamos a salir. Uno de nuestros compañeros llegó hasta Australia, otro hasta la India, y aunque los paramilitares tuvieron la intención de callar, eso no fue posible. Dios se rebeló contra ellos y recibimos diferentes apoyos. Pero la justicia no llegó”.
Sólo, lamenta, “se logró meter en la cárcel a algunos de los autores materiales, llegaron a ser encarcelados más de 80 paramilitares, pero los autores intelectuales siguen libres con su función y ocupación y eso nos preocupa mucho”.
Y ahora ni los autores confesos están presos. Entre el 2001 y 2014 fueron liberados, por distintos motivos, los paramilitares acusados o condenados. El momento más álgido de este proceso fue el 12 de agosto del 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó al grueso de los condenados inicialmente debido a violaciones al debido proceso. Hoy sólo ocho están tras las rejas.
Dice Antonio que a los asesinos “les dieron un muy buen premio: dinero, tierra, casa y hasta un buen vehículo. Esos paramilitares no regresaron a Acteal porque el gobierno del estado, para que no se enojara el pueblo, buscó otra tierra, pero los mandó a vivir en la misma región, lo que no es aceptable porque siembran temor y transitan por aquí todo el tiempo, por eso los sobrevivientes tienen miedo. Nos siguen amenazando, truenan sus rifles, sus armas, pues aunque la exigencia fue que se les desarmara, no, cómo los iban a desarmar si es el mismo orden, los protegen”.
La justicia de abajo. Antonio Gutiérrez Pérez, de la comunidad de Tzajalchén, también fundador de Las Abejas y coordinador de la campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, señala que ante la falta de justicia del Estado, lo que toca “es organizar la otra justicia para buscar una solución de manera autónoma”.
Por eso, explica, desde el pasado 23 de marzo inició la campaña para buscar “justicia, paz, tranquilidad, libertad y unidad para vivir armoniosamente”. Porque, se pregunta, “en la actualidad ¿quién está provocando más divisiones, matazones, tiroteos, sustos, asesinatos, encarcelados, violados, despojos de tierras? Pues el gobierno federal y estatal. Y esto es actual, hace veinte años inició y hasta ahora lo vivimos”. La campaña “es para visibilizar nuestro caminar, para seguir exigiendo, recordando, reflexionando nuestro camino en esos 20 años y en los 25 de organización”.
La justicia, pendiente ineludible: Frayba. Son múltiples las consecuencias de la masacre en la comunidad, la región y el país. Una de ellas y que tiene repercusión actual “es la división comunitaria y organizativa”, señala en entrevista Pedro Faro Navarro, director del Frayba. En estos años, explica, Las Abejas “han sufrido dos escisiones por la falta de justicia, que desgasta a las comunidades psicológicamente en su proceso de reivindicaciones, y provoca un trauma parecido a la tortura”.
Los impactos, advierte Faro, “se pueden ver hoy en Los Altos, donde sigue habiendo muertes con armamento de alto poder, exclusivo del ejército, como está ocurriendo en el conflicto entre Chalchihuitán y Chenalhó”. Lo que ocurre, explica, “es que las armas y el entrenamiento paramilitar están ahí y están volviendo a suceder desplazamientos y asesinatos en la región”.
En el ámbito pragmático, indica, la masacre de Acteal está pendiente del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después pase a la Corte Interamericana, “donde estamos impulsando que se amplíen a las cuestiones de crímenes de lesa humanidad los hechos de contrainsurgencia en Chiapas, sobre todo por el terror, la acción criminal y cruel del 22 de diciembre de 1997, en donde la mayoría de los masacrados fueron mujeres, y a cuatro de ellas se les abrió el vientre materno”.
Acteal, reflexiona, “es una gran soledad de viento, una tristeza que carcome el tiempo, un dolor profundo que perfora la vida, una orfandad que lacera el alma. Es la impunidad, la oscuridad, es la desolación. Pero también es una raíz que retoña con su fuerza de memoria, que cada 22 da su palabra de lucha y de esperanza”.
