El ministro de Energía de la República Argentina, el accionista de Shell Juan José Aranguren, justificó presidir empresas que cuentan con cuentas en paraísos fiscales en que esto no constituye ningún delito en sí mismo. Si bien esto es cierto, que la empresa en cuestión haya sido contratada 13 veces por el Estado desde que Aranguren asumiera el cargo, merece ser un hecho a investigar y esclarecer si hubo o no delitos.
Tampoco es el único ministro del presidente Mauricio Macri en formar parte de los “Papeles del Paraíso”, el ministro de Finanzas Luis Caputo también aparece con cuentas offshore y también fue denunciado por beneficiar a empresas a su cargo con la toma de préstamos de la nación argentina.
El propio Macri y 50 funcionarios más de su gobierno formaron parte de la filtración de los Panamá Papers, pero el absoluto control de la justicia que ejerce el presidente permite que se encarcele opositores para esconder los propios casos de corrupción, evasión fiscal y lavado de activos.
La vicepresidenta del país, Gabriela Michetti, defendió a sus compañeros alegando que tener cuentas offshore no es ilícito. El problema es cuando esas cuentas permanecen ocultas o son utilizadas para realizar negocios en Argentina sin pagar los respectivos impuestos.
“Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público que ayuda a la Argentina a salir adelante”, agregó en tono de disculpa la vicepresidenta.
La imagen de la Argentina no se ha visto afectada por estas cuestiones, alegan desde el oficialismo, algo que solo puede sostenerse desde la censura mediática que ejercen en el país, donde los medios no alineados con el poder político están cerrando sus puertas cada día desde diciembre de 2015.
Ante la consulta de una periodista mexicana, el propio Macri defendió que su hermano haya blanqueado dinero no declarado por hacerlo “de manera legal”. Claro, si justamente lo que se le cuestiona al presidente es haber hecho una ley a medida de su familia para introducir en el sistema bancario, patrimonios de dudosa procedencia.
