A 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, no existen sentencias ejemplificadoras sobre las llamadas “clínicas de deshomosexualización”. Por el contrario, los casos denunciados que se pudieron conocer han sido archivados, sobreseídos o han tenido sentencias irrisorias
Escrito por Carlos Flores
Torturas físicas y psicológicas como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas, e incluso “violaciones correctivas”, han formado parte de las denominadas “terapias de deshomosexualización” que en Ecuador existen “desde hace mucho tiempo, a pesar de que el primer caso documentado data del año 2000”, según se señala en el Informe Alternativo que presentaron a finales de 2016 ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas seis organizaciones sociales. De manera clandestina e ilegal, algunos centros privados de terapias contra las adicciones e inclusive algunos otros vinculados a iglesias evangélicas, han ofrecido estos “tratamientos” de acuerdo con denuncias de víctimas y activistas de derechos humanos.
En aproximadamente una década, la Fundación Causana, por ejemplo, ha documentado cincuenta casos de homosexuales internados contra su voluntad. Si bien, como señala el Informe Alternativo anteriormente citado, la primera denuncia documentada data del año 2000, a través del Consejo de la Judicatura se pudo conocer que solamente existen seis casos judicializados de las llamadas clínicas de deshomosexualización. Solo los responsables de una de ellas tienen sentencia por rapto y su castigo consistió en diez días de prisión correccional y el pago de una multa de seis dólares. Esta es solo una de las razones por las que organizaciones GLBTI acusan insistentemente que no hay una respuesta efectiva desde la justicia y que tampoco existe información concluyente de las autoridades ante el pedido de información sobre condenas.
Esa falta de justicia que demandan las organizaciones se refleja en la historia de Jonathan Vásconez, un transexual masculino que vivió una reclusión de un año y medio, que se interrumpió dos veces porque se fugó del Centro La Estancia, en Patate (Tungurahua). El hecho ocurrió cuando tenía 23 años de edad, ya tenía una hija y todavía usaba el nombre de mujer que le habían puesto sus padres cuando nació: María de los Ángeles. Ese 15 de mayo de 2010, por la noche, fue llevado esposado, con golpes y bajo acusaciones de que era drogadicto al centro de adicciones La Estancia, por orden de su familia.
En el lugar permaneció un año y medio. La primera vez que se escapó fue capturado. De vuelta en el centro, sabía lo que le esperaba. Afirma que había visto que a los internos que escapaban y eran capturados les golpeaban con guantes de boxeo y les bañaban con jabón azul, todo para evitar que el cuerpo quede morado. Aún con las manos esposadas hacia atrás le aplicaron una tortura que no olvida. “Pidieron a tres compañeros que se levantaran y trajeran un tanque café, que me llegaba a la cintura, lleno de agua. Entre los tres me metieron al tanque, de cabeza, unas ocho veces. Puedo decir que ahí vi la muerte. El director de la clínica me grababa con un celular y me pedía que dijera que había ido a robar a mi hija, cosa que no era cierta. Cuando vieron que me moría, me dejaron. Me tiraron un saquillo de basura encima y me mandaron a dormir en el cuarto de los varones, porque era una clínica mixta. Fue en el ático. Estuve un mes y una semana, esposado a la cama, y me hacían comer en el piso”.
El internamiento más largo duró un año, y al cumplirlo, a la clínica llegaron funcionarios del Ministerio de Salud, del DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) y se llevaron al director del centro a la Fiscalía. “A nosotros nos preguntaron cómo nos trataban. Para ese tiempo, créame, el maltrato, el encierro, y todo se me hizo tan normal que yo ni dije que nos maltrataban”. Con el paso del tiempo y las terapias sicológicas, Jonathan recobró la consciencia y la dimensión de lo sufrido.
El centro de recuperación de adicciones fue clausurado en abril del 2012 luego de la visita realizada por las instituciones que recuerda Vásconez. Una nota publicada en la página web del Ministerio de Salud Pública señala que el organismo tomó la medida por “incumplimiento de normas y requisitos”. Ni una palabra sobre hechos como los que Vásconez afirma que vivió. El único acusado judicialmente por el caso, el director de la institución, fue sobreseído. Salió libre.
En este trabajo periodístico nos preguntamos qué ha sucedido con estas “clínicas” como en la que estuvo Vásconez y hasta qué punto la justicia avanzó ante las denuncias presentadas. Primero, presentaremos los datos que muestra el Estado ante los organismos internacionales, así como la respuesta de la justicia que, según las organizaciones sociales, revelan la poca efectividad para sentar precedentes sobre el tema. Segundo, conoceremos los argumentos de seis centros de adicciones que niegan la aplicación de terapias de este tipo, pese a que aparecen en reportes entregados a instancias internacionales. Tercero, repasaremos cómo el Estado ha respondido con normas para evitar que los centros de adicciones ofrezcan estos servicios ilegales, aunque activistas y organizaciones reportan nuevos casos. Finalmente, veremos que desde la perspectiva de la “ayuda espiritual” existen centros dirigidos por iglesias o grupos evangélicos, de acuerdo a los testimonios que pudimos conocer.
Este abordaje llega cuando a nivel regional se despiertan alertas por medidas que atentan contra los derechos humanos de la comunidad GLBTI. Hace poco, una ola de indignación invadió Brasil y el mundo cuando un juez aceptó el recurso que puso una psicóloga vinculada a grupos evangélicos para aceptar como legal las “terapias de reversión sexual”. Es decir, abrió las puertas para que los psicólogos puedan atender a quienes voluntariamente busquen orientación sobre su sexualidad, una medida que va contra la prohibición que estableció el Consejo Federal de Psicología, en 1999, y como también lo hizo la Organización Mundial de la Salud, hace 27 años, cuando retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades.
Mientras, en Ecuador siguen ausentes las sanciones judiciales que sienten precedentes sobre un problema aún vigente.
Este reportajefue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalist (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y se puede encontrar completo en el link que consta a continuación.
