Por Agustín Galo Samario
México vive hoy una grave crisis de derechos humanos que se saldará este año, según expertos, con alrededor de 30 mil muertos, el más letal desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República en 2012. Sin embargo, es desde 2006 en que Felipe Calderón Hinojosa le declara la “guerra al narcotráfico” que la violencia se vuelve norma. A partir de entonces se han multiplicado en cientos de miles los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzados internos.
Al igual que organizaciones civiles nacionales, organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido esta situación y denunciado que la “impunidad casi total” en el país deja sin castigo el 98 por ciento de los crímenes cometidos, la mayoría sin siquiera ser investigados.
Por ello la recomendación al gobierno mexicano de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, es constituir un consejo asesor integrado por expertos mexicanos y del extranjero para el combate a la impunidad. La administración de Peña Nieto, en contraste, ni siquiera ha reconocido que en México haya una crisis de derechos humanos y, de acuerdo con defensores, no parece haber posibilidad de que en el corto o mediano plazo acepte la creación de ese consejo asesor. En su nombre, algunos funcionarios han utilizado una frase para advertir que no pasará la propuesta: “Sobre mi cadáver”.
La realidad de hoy en México está compuesta por corrupción, macrocriminalidad, violaciones graves a los derechos humanos y una impunidad sistémica, con instituciones del Estado sin la capacidad ni la solvencia para hacerles frente. Es por eso que, sin lugar a dudas, se necesitan mecanismos de supervisión y cooperación internacional que nos ayuden.
En ello coinciden Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quienes a la vez comparten la opinión de que no hay señales que permitan ver la posibilidad de constituir un consejo asesor contra la impunidad del modo en que se ha propuesto.
En principio, añaden cada uno por separado, porque el gobierno federal no está dispuesto a aceptarlo. Luego, porque el proceso electoral 2018 ya inició y en el horizonte de los posibles candidatos a la presidencia de la República el tema no aparece en sus consideraciones.
No sorprende que los mexicanos se sientan inseguros
Al concluir el 7 de octubre de 2015 su visita oficial de tres días a México, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sostuvo que parte de la violencia puede ser atribuida a “poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente”, pero también a que “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.
El panorama que encontró en nuestro país fue desalentador, por decir lo menos. Con estadísticas oficiales que mostraban que el 98 por ciento de los crímenes cometidos quedan sin resolver y que la mayoría de ellos “no son nunca propiamente investigados”. Cifras como las siguientes le parecieron “simplemente impactantes”: 151 mil 233 personas asesinadas de diciembre de 2006 a agosto de 2015 y al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, en muchas de las cuales habrían participado agentes del Estado.
Constató la violencia contra mujeres y niñas, miles de ellas “abusadas sexualmente o víctimas de feminicidio” sin que “prácticamente nadie” haya sido condenado; y “los terribles abusos” contra refugiados y migrantes que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante su visita a México en 2015. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
“Muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora, y consistente, de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, que tan sólo semana y media después, al cabo de una reunión en Nueva York con una representación del gobierno mexicano, recomendó el establecimiento de un consejo asesor experto en derechos humanos y combate a la impunidad, además de crear una institución forense autónoma, independiente y con recursos suficientes.
La administración federal expresó su voluntad de valorar la posibilidad de crear el consejo asesor. Si bien el Alto Comisionado de la ONU dejó la idea de que el organismo fuera integrado también con especialistas externos, desde ese momento el gobierno de Peña Nieto mantuvo la postura de que no se requiere apoyo internacional con el argumento de que México cuenta los expertos y las instituciones para conformarlo.
Defensoras y defensores de derechos humanos acusaron recibo del mensaje y, en un posicionamiento firmado en noviembre de ese año por más de 200 organizaciones mexicanas y del extranjero, advirtieron del riesgo de que las recomendaciones de Zeid Ra’ad Al Hussein terminaran por ser desvirtuadas y en una simulación, cuando en realidad se trata de pautas para integrar un grupo de expertos internacionales con “experiencias exitosas” que asesore y acompañe la implementación de reformas de largo aliento para que las instituciones mexicanas desarrollen capacidades para acabar con la impunidad.
Jimmy Morales, actor a escena
La ONU y el gobierno de Guatemala firmaron en 2006 un acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). El organismo, que tiene como mandato apoyar a la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado guatemalteco en la investigación y persecución penal de casos complejos, fue clave para el arresto en 2015 del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El éxito de la CICIG es un tema relevante para México y como tal, de acuerdo con algunos defensores mexicanos, fue abordado el 5 y 6 de junio de este año en las reuniones que sostuvieron en Guatemala el presidente Enrique Peña Nieto y Jimmy Morales, actual mandatario del país centroamericano.
Además de tratar el caso de la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en esa ocasión Jimmy Morales le habría comentado a Peña Nieto: “Ni se te ocurra aceptar un mecanismo como la CICIG, porque esa es una idea de los gringos”. Javier Duarte fue extraditado a México el 17 de julio y un mes después, el 28 de agosto, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez fue declarado persona non grata por Jimmy Morales, luego de que se le abrió una investigación por financiamiento ilegal en su campaña presidencial. Mientras, el consejo asesor sugerido a México por Zeid Ra’ad Al Hussein sigue sin concretarse.
A trabajar
La oposición del gobierno de Peña Nieto a la creación del consejo asesor contra la impunidad ha sido de tal manera inflexible que, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se ha abordado el caso México, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, se ha acercado con activistas mexicanos para advertirles: “Sobre mi cadáver ustedes pedirán ayuda internacional”.
Pese a todo, defensores como José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), desde agosto han dicho a SomosMass99 que nuestro país requiere un mecanismo internacional para el combate a la impunidad y llevar a juicio a los más altos responsables de tolerar, auspiciar o promover políticas para torturar, desaparecer o ejecutar, tanto a nivel de autoridades federales, estatales y municipales, como a líderes de las organizaciones delictivas.
Edgar Cortez, investigador del IMDHD, comparte la idea de que se necesita ayuda internacional. Pero no cree que pueda lograrse en el futuro cercano debido a la postura asumida por el gobierno mexicano, que tiene muy presente la experiencia vivida con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y porque se considera que el nombramiento de un consejo asesor externo tiene que ver con la soberanía del país.
“No tenemos la capacidad institucional (para el combate a la impunidad). Hay que ser realista, eso sólo se logra si hay más presión al interior y al exterior; es un trabajo que se va a llevar años. Los priistas no lo ven con buenos ojos y eso significa que si en 2018 repite el mismo gobierno la postura se mantendrá, además no creo que lo acepten los demás partidos. Incluso ni Morena, por la visión nacionalista de (Andrés Manuel) López Obrador. Ninguno de los posibles candidatos lo considera”.
Desde hace años hay miles de ejecutados y aún así el PRI regresó al gobierno. “Ahora sigue lo mismo, no importa que haya 30 mil muertos (…) A las víctimas hay que decirles que deben organizarse, hay que trabajar y trabajar. Si hubiera posibilidad, será en unos diez años, y si eso sucede va a ser por interés de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y la comunidad internacional. Hay que trabajarlo en ambos niveles, hay que exigirlo para que el gobierno mexicano lo valore y lo acepte”.Con matices, el director del Centro Prodh, Mario Patrón, considera que sería muy útil un mecanismo extraordinario de ayuda internacional porque lo que se requiere es “el procesamiento de alternativas no convencionales ni tradicionales”, a la manera de la CICIG. El problema, además de la negativa del gobierno, es que se atraviesan los tiempos electorales.
Si bien hay un gran consenso nacional, regional e internacional sobre la grave crisis de derechos humanos y hacia dónde hay que apuntar, es decir, que se requiere un mecanismo de supervisión y cooperación internacional, estamos en un momento político en el que no se sabe si en 2018 va a haber continuidad en el gobierno.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. | Foto: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
No hay, añade, solvencia ni capacidad institucional para hacer frente a la crisis de derechos humanos. “Y no hay voluntad política para ello (…) O sea, lo dramático es que si quisieran no pueden. Luego entonces hay que acudir a la cooperación y supervisión internacional. (…) Mucho se debate quién ganará el 2018, pero gane quien gane, de lo que no hay duda es que nos quedaremos con miles de centenares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que requieren una respuesta. Yo creo que se siguen construyendo cosas. Hoy por hoy tenemos un mecanismo de supervisión para el caso Ayotzinapa, en tiempo real, y lo que hay que seguir haciendo mientras el gobierno federal no tenga voluntad política, es profundizar en la cooperación internacional con los mecanismos que ya tenemos a la mano”.
