Las organizaciones sociales denuncian la regresión en materia de derechos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España. Los CIE son centros de carácter no penitenciario donde se ingresa, de manera cautelar, a aquellos extranjeros que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen. Actualmente en España hay siete CIE: en Madrid, Algeciras, Valencia, Barcelona, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura. Estos siete centros cuentan con 1.472 plazas entre todos ellos. Durante el año 2015 se calcula que casi 7.000 extranjeros pasaron por un CIE. El ministro del Interior (Juan Ignacio Zoido) ha presentado una propuesta para un nuevo CIE en Algeciras que sustituirá al existente y se prevé que sea el más grande de España.
Las organizaciones sociales convocan movilizaciones para el 30 de noviembre contra el nuevo centro anunciado en Algeciras y por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
Es una realidad que todos los CIE existentes poseen graves problemas en sus instalaciones, que incluso han estado a punto de suponer su cierre al no ajustarse a lo establecido en el Reglamento. Más grave aún que el estado de las instalaciones lo es el hecho de que se esté internando a personas por una mera falta administrativa, como es la estancia irregular.
Diferentes organizaciones, asociaciones (hasta sindicatos policiales) e, incluso, Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos han reclamado en los últimos años el cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros. Por esta razón, el anuncio realizado por el Ministro del Interior supone el derroche de recursos públicos en unas instituciones que cuentan con un gran rechazo social y que son verdaderos agujeros negros del derecho.
La historia ha demostrado que estos petulantes anuncios suelen dar lugar a instituciones que reproducen una y otra vez un mismo patrón: su mera existencia genera sufrimiento y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Precisamente porque todos los derechos quedan supeditados a la seguridad y el control, decidido de forma arbitraria por los agentes de policía que gestionan estos centros. Una arbitrariedad que se torna impunidad ante la inaccesibilidad de estas instituciones policiales a las organizaciones sociales y que ha dado lugar a muertes, violaciones, torturas, malos tratos, y abusos.
Convocamos a las diferentes movilizaciones que se realizarán el jueves 30 de noviembre en todo el territorio, ante el Ministerio del Interior, los CIE y las delegaciones del Gobierno para reclamar el cese de las políticas represivas y el fin del internamiento y las deportaciones.
