Por Raúl López Téllez
Desde hace dos años, Familiares Caminado por Justicia buscan a 50 desaparecidos en Michoacán, jóvenes en su mayoría de la zona de Uruapan, la Costa y la capital michoacana.
En esa travesía por encontrar cualquier indicio de los suyos, han ocurrido muertes, un costo económico que implica la perdida de patrimonios familiares, pero el empecinamiento persiste por seguir en una búsqueda que también implica la reconstrucción para la memoria, para que no se olvide.
La organización se fundó en el año 2015, como parte de un proyecto académico y artístico, “en el que se generan caminatas por los familiares a lugares donde los desaparecidos frecuentaban, trabajaban, estudiaban, como una manera de evocarlo, en esos lugares donde el Estado pretendió borrarlos, difuminarlos”, señala a Michoacan3.0, Laura María Orozco Medina, integrante de la agrupación.
Con bordados acerca de los desaparecidos, además de elaborar cartografías vía internet de los puntos donde desaparecieron, la organización busca visibilizar esta problemática. A Familiares Caminando por Justicia la conforman familiares de desaparecidos, pero también personas solidarias, artistas, abogados, psicólogos y especialistas en medicina forense.
“A través del arte, vemos esa posibilidad de sensibilización, de denuncia, de visibilización, y a raíz de este eje, el artístico, realizamos murales en lugares con mayor incidencia de desapariciones y bordamos cada día 30 de cada mes, en la Plaza de Armas, a las cuatro de la tarde”.
La organización participará, junto a una exposición de estos bordados, en el Congreso Internacional Literatura y Derechos Humanos “Nuevas Violencias, nuevas resistencias”, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México los días 22, 23 y 24 de noviembre en esta ciudad capital.
Buscados y buscadores
La organización tiene dos vías de trabajo, la jurídica –considerada la principal-, por medio del cual se da seguimiento a los casos registrados y documentados por la organización, y la artística, por considerar que “a través del arte, vemos esa posibilidad de sensibilización, de denuncia, de visibilización, y a raíz de este eje, el artístico, realizamos murales en lugares con mayor incidencia de desapariciones, bordamos cada día 30 de cada mes, en la Plaza de Armas, a las cuatro de la tarde”.
En estos trabajos, “bordamos los rostros de los desaparecidos, pero también de quienes los buscamos como parte de esa denuncia, porque el tejido que es parte de esa denuncia, que es del ámbito privado, lo trasladamos al ámbito público, y esa es una manera de resistir, de hacer denuncia pública”.
-¿Tienen estadística o investigación propia sobre los desaparecidos en el estado?
“Es que no existe, consideramos que las cifras varían, ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una cifra real, y cuándo tú preguntas a la Procuraduría, cuántos casos de desaparición forzada tienen, ellos tampoco tienen una cifra real, porque las cifras que ofrecen son de personas no localizadas, ausentes y extraviadas, y es una manera de cómo el Estado trata de evadir la responsabilidad que le toca, que es una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos porque son desapariciones forzadas; como organización, en los años que tenemos trabajando, tenemos 50 casos de desaparecidos registrados”.
-¿Cuándo fueron desaparecidos?
“Del 2008 a la fecha. Son de todo el estado, principalmente de Morelia, Uruapan y la Costa michoacana”.
-¿Hay una tendencia común en estas desapariciones?
“Cada región tiene su particularidad. Por ejemplo en Morelia, principalmente son en las colonias más populares, y son jóvenes. Otra cuestión que hemos detectado de julio a la fecha, en 10 casos que todos los desaparecidos son de 17 a 28 años de edad, y todos han desaparecido por un lapso mínimo de cinco días y después han aparecido muertos, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que eran desaparecidos y hasta la fecha no los hemos encontrado; estas personas localizadas, han sido asesinados por impacto de arma de fuego, maniatados, esto también es un patrón o al menos nos está reflejando una manera de actuar que casualmente cuando los familiares empiezan a hacer la difusión para encontrarlos, éstos aparecen, y muertos.
“En la zona de Uruapan, prácticamente los desaparecidos son familias por su actividad agropecuaria, desaparecidos con el fin de despojar, extraer recursos, en su mayoría en huertas de aguacate. En la zona de la Costa, principalmente son familiares de personas que estuvieron en las autodefensas o que están defendiendo las minas, sobre todo”.
-¿Han interpuesto denuncias exigiendo la aparición?
“Así es, en las instancias correspondientes de la PGJE, también hemos interpuesto quejas en las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, hemos emitido algunas comunicaciones al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos ahora trabajando en el amparo como una forma de obligar a que las autoridades actúen de manera diligente en las investigaciones, porque creemos desgraciadamente que no hay ningún avance, con líneas de investigación que debieran haberse agotado desde hace mucho tiempo y las autoridades simplemente han archivado los casos, para empezar sin tener una razón ni lógica ni jurídica para hacerlo, porque existen medios que todavía se pueden desahogar y se han archivado simplemente”.
-¿Cómo se sobrelleva una situación tan difícil, porque con las desapariciones se llevan algo tuyo, de tu vida, de tus futuros y esperanzas?
“Para empezar, la desaparición forzada nos corta todo nuestro proyecto de vida, porque quien pensaba o tenía planeada su vida de una u otra manera, la desaparición forzada viene a romper con todo, porque ya no puedes hacer lo que querías, sino hay que buscar, moralmente es imposible continuar su vida sin buscar al otro, no hay valor ni moralidad para dejarle…
“Vivimos un impacto psicosocial muy grande, no solo por lo que nos pueda generar psicológicamente esta ansiedad, este miedo, esta inseguridad, insomnio, pérdida de apetito, sino que además el mismo Estado con su discurso mediático de que los desaparecidos son delincuentes, te hacen entrar en un estado de vergüenza por tener a un familiar desaparecido y es lo que genera la falta de solidaridad y colectivismo para buscarlos, porque la gente dice, si lo desaparecieron es por algo y mejor se alejan, no vaya a ser que a nosotros también nos desaparezcan; lo que intenta es generar miedo, miedo a través de la desaparición y romper todo vínculo solidario con las personas que están padeciendo esta violación a los derechos humanos.
“Otra es que los familiares nos vemos involucrados en pérdidas patrimoniales, porque tenemos que buscar nuestro trabajo para buscar, porque la búsqueda es cansada, desgastante, te quita tiempo, te quita dinero, entonces te ves obligado a dejar tu trabajo para buscar y además las familias tienen que vender propiedades para seguir subsidiando la búsqueda.
“En casos muy severos, tenemos familiares que han muerto a razón de la desaparición de sus familiares, es muy fuerte afrontar una situación así. Involucra pues además de una cuestión psicosocial, una cuestión económica, política incluso, porque las desapariciones forzadas no son algo fortuito, que se le haya salido al Estado de control, más bien pertenecen a una política que el Estado ha implementado y esa política no ha sido del 2006 a la fecha, es continuación de lo que en los años 60 ocurrió, donde el Estado tiene una deuda histórica de desapariciones en las que no ha habido justicia ni para los del pasado, por ello la convicción de luchar, porque si no hubo justicia para ellos, para nosotros tampoco y por eso hay que empujar”.
Alude a la Ley en materia de desapariciones forzadas, y pese a que previamente se trabajó en conversatorios y foros con familiares y organizaciones sociales por tres años, “sin embargo en octubre se aprueba, pero no se ha publicado ni tampoco se le ha dotado de presupuesto como para que tenga efectividad; si no tiene presupuesto y si no se publica, estamos hablando de mera simulación del Estado mexicano”, además de que mantiene la protección y la impunidad a mandos superiores y militares –a estos últimos los remite a los órganos internos de justicia militar-, que la gente que lo integre sea “digna y confiable, si no estaríamos hablando de que el Estado pone a quien quiera, solo para hacer como que hace algo”.
No estamos de acuerdo en el marco de esta ley, dice, “en que las desapariciones forzadas deban ser investigadas de ahora en adelante, no de hechos pasados, no tiene efectos retroactivos y no prevé que se enjuicie a aquellas personas cuya cadena de mando es superior, solamente a los perpetradores, creo que ahí el Estado encontró una forma de escudarse de esa responsabilidad incluso penal que pudieran tener los altos mandos que enviaron a sus subordinados a cometer esos crímenes de lesa humanidad. En el caso de los militares, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió un criterio “donde los militares que se vean involucrados en violaciones a derechos humanos contra personas civiles, pues serán juzgados por la justicia ordinaria y no por la militar, por lo tanto tiene que permear el máximo tribunal en el país ese criterio…”.
A partir del caso Ayotzinapa, dice, la gente “ha empezado a despertar un poco, a interesarse un poco más”. En el caso de Familiares…, dice que se han acercado estudiantes de la UNAM y catedráticos de otras instituciones. “Sí hay miedo, claro que lo hay, porque históricamente se conocen las atrocidades del Estado y lo que puede hacer ante quienes considera son sus enemigos o pueden visibilizar esta situación a nivel internacional, pero consideramos que está avanzando, cada vez más gente acoge esta lucha”.
