Informe especial
En los últimos meses, volvieron a acumularse las denuncias de vecinos por la violencia, el hostigamiento y los procedimientos anti democráticos que lleva adelante un grupo de policías de la Comisaría de Concepción de la Sierra. El comisario actual es Héctor Scholles, quien hace cuatro meses volvió a esa dependencia tras pasar por otros destinos, luego de que más de 500 vecinos firmaran cuando él era comisario de Concepción, el año pasado, una nota pidiendo el cese de la violencia policial, los abusos y la persecución de este grupo de policías hacia ciertas personas y sectores. El 23 de agosto de 2016, se difundió públicamente a través de esta agencia, un primer informe titulado “Violencia policial: Concepción de la Sierra vive “prácticamente en estado de sitio”, que reproducía testimonios de vecinas y vecinos del pueblo, denunciando distintos episodios de atropellos policiales.
Hoy, promediando octubre de 2017, vuelven a oírse las denuncias, graves, de ciudadanos indignados con el comportamiento policial, y preocupados por la violación de Derechos Humanos en el municipio. “Estamos viviendo un calvario. Queremos que las instituciones y organismos de Derechos Humanos nos escuchen” manifiestan.
Compartimos algunos casos e impresiones.
El infierno de Dante
Norma Britez es una vecina del barrio 40 Viviendas. Ella denuncia que el día domingo 24 de septiembre, a su hijo Dante, estudiante de 16 años, lo detuvieron frente al tinglado municipal dónde junto a sus compañeros colegiales trabajaban en una carroza para la Estudiantina, que lo esposaron por detrás, lo golpearon y dejaron alojado en una celda de la comisaría en pésimas condiciones. “Mi hijo estaba en la moto de un amigo, que se le quedó trabado el acelerador, y por eso la apagó inmediatamente. Al encender nuevamente la moto, se produce una de las típicas y ruidosas “contra explosiones” – probablemente una deflagración de escape-, que motivó la irrupción del Suboficial Carlos Britez, del cabo Hugo de Lima, del cabo Néstor Vieira, del agente Mauricio Britez y del oficial Pérez. “Ellos proceden a su detención, lo esposan y lo llevan al hospital. Fue golpeado y examinado por la doctora María Vallejos, y posteriormente trasladan a mi hijo a la comisaría, le sacan sus pertenencias y esposado lo dejan en una celda, con otros presos mayores, sin poder ir al baño ni tomar agua. En un espacio donde no corre el aire. Nunca se comunicaron con nosotros sus padres. Nos enteramos por un amigo de mi hijo y salimos corriendo a la comisaría” prosigue Norma.
Lo que siguió fue un tormento tanto para el adolescente detenido como para Norma y su esposo, un policía retirado que prestó servicios por más de 28 años en esa misma comisaría donde encerraron a su hijo. Norma dice haber sufrido burlas y un mal trato generalizado cuando acudió a la comisaría a buscar a su hijo. Denuncian los padres, que a Dante lo llevaron hasta Alem para hacerse una revisión médica con un médico policial, sin consentimiento de ellos, sus padres. El juez de Paz firmó y ordenó la libertad en las primeras horas de la detención. Sin embargo, prosigue la madre, “Dante estuvo privado ilegítimamente de su libertad durante las siguientes diez horas posteriores a la orden del juez. No le devolvieron doscientos pesos que tenía consigo. Y fue amenazado por el cabo Vieria. Durante la madrugada el agente Britez le negó el uso del baño. Mi hijo quedó con un trauma psicológico que lo está perjudicando notablemente por culpa de este accionar. Y encima, el comisario Scholles amenazó a mi marido, el padre de Dante, que también es policía, con hacerle perder el estado policial”.
Pedido de intervención a los organismos de Derechos Humanos
La denuncia completa fue hecha en Fiscalía, en la sede de la Unidad Regional VII de la Policía de Misiones, radicada en Apóstoles, y en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, organismo oficial creado a través de un protocolo internacional, el año pasado, con el fin de “implementar un sistema de control para los lugares de detención”.
Sostiene Juan Carlos Dos Santos, vecino del barrio 20 Viviendas, trabajador municipal y dirigente de ATE Zona Sur: “queremos que la Comisión intervenga, que Derechos Humanos intervenga, que los legisladores, que vengan e investiguen por ellos mismos, no sólo por las estadísticas sino para ver el nivel de autoritarismo y abuso de poder por parte de algunos uniformados, que se está viviendo en el pueblo, especialmente en los barrios más carenciados, como el Barrio Esperanza, donde directamente entran a los tiros con armas largas. A la gurizada le patean hasta el termolar de tereré para que no están en la calle, piden documentos hasta a quien está en la vereda de su casa, molestan a la gente trabajadora, hasta a los niños, hay un chico que por tener un cuchillo de juguete le hostigaron diciendo que era arma blanca; se creen los dueños del pueblo y siembran pánico con sus procedimientos. Vengan a investigar, y vean también las condiciones infrahumanas de detención que existen en la comisaría de Concepción de la Sierra”.
Norma Britez, José Pedrozo y Diego Olivera. Foto Sergio Alvez
Causa armada, relato inventado
José Pedrozo tiene 27 años y es un joven trabajador domiciliado en el barrio Inmaculada. El sábado 14 de septiembre, José se encontraba en el local bailable Factoría, cuando vio que policías arrastraban de los pelos a una mujer mayor en aparente estado de ebriedad. José se acercó e intentó filmar. “Pero en eso la dueña del local me impide, coloca su mano en el celular, y me dice que no me meta. Yo le decía que esa no era forma de tratar a una mujer, llevándola de los pelos, ni siquiera personal policial femenino. Una rato después, yo estaba bailando y la policía me sacan, estaban desesperados porque que les de mi celular a ver si estaba el video. Les dije que no había podido grabar” cuenta Pedrozo.
Esa noche, la policía sacó a Pedrozo del local bailable y entre amenazas, denuncia el joven, le ordenaron regresar a su casa. Al día siguiente – el Día de la Madre-, los policías Lima y Da Rosa llegan al comedor ubicado frente a la plaza principal, donde se encontraba Pedrozo. “El jefe (por el comisario Scholles) quiere verte” le dicen. Sin orden de detención, los policías esposan y se llevan a Pedrozo, primero al hospital, luego a la comisaría de Apóstoles, porque según le dijeron, no había más lugar en la de Concepción.
Hay testigos que vieron el momento de la detención.
“Querían mi teléfono, insistían con lo del video” dice Pedrozo. El martes fue trasladado a Concepción de la Sierra, dónde permaneció detenido hasta el jueves, cuando el juez Ruben Gonzalez firmó su libertad. “Como no había luz, pese a la orden de liberación del juez, me dijeron que tenía que volver la luz para que me pueda ir y me tuvieron privado legítimamente de mi libertad durante un día más. Todo el tiempo me verdugueaban, psicológicamente te maltratan, te amenazan. Y no me dejaron recibir a familiares que me traían comida” manifestó el joven.
Lo increíble del caso de Pedrozo es el relato que figura en el acta policial, una historia que según Pedrozo, es de ficción. “Inventaron que me detuvieron en una persecución, que yo iba en moto de alta cilindrada, pero yo no tengo moto, que me habían hecho análisis de alcoholemia y estupefacientes, todo un invento. Para colmo me sacaron fotos que subieron a las redes, diciendo que yo era una motociclista alcoholizado, que insultaba a los policías y pasaba a gran velocidad, eso salió en la prensa. Esa historia es un invento”.
De hecho, el parte policial, reproducido textualmente por varios medios junto a la fotografía en la que se ve a Pedrozo de espaldas con la camiseta argentina con el 10 de Messi y un policía a su lado. “Motociclista alcoholizado fue detenido por realizar maniobras peligrosas e increpar a un funcionario policial” fue el relato emanado de la comisaría local:
“La policía advirtió a un motociclista que realizaba maniobras prohibidas y propinaba insultos a los efectivos, dándose luego a la fuga a gran velocidad.
El forajido conocido como “Panchito” fue interceptado por una patrulla de la comisaría local mientras intentaba fugarse a gran velocidad por una avenida de la localidad.”
El comunicado no especifica de qué motocicleta se trataba ni su patente. Según Pedrozo y los testigos de su detención, la motocicleta no existe porque la historia que narra la policía nunca sucedió.
Daniel Villamea, periodista del diario El Territorio que investiga casos de violencia institucional por parte de la fuerza policial principalmente en la zona Centro, aporta que “Este caso no es la excepción, es la regla en la Policía de Misiones y en la zona Centro sobran episodios similares.
Hostigamiento y persecución a trabajadores
Hace unos meses, a poco de regresar a Concepción de la Sierra, el comisario y abogado Héctor Scholles llegó en la casa de Diego Olivera, de 37 años, albañil, remisero y padre de dos hijos. “Estaba tomando mate con un amigo. Scholles me dijo que no podía tomar mate en la vereda. Le dije pero estoy en mi casa. Y me dice que la vereda no era mi casa y que no se podía. Yo no podía creer, pero nos tuvimos que meter adentro para evitar problemas” cuenta Olivera.
La primera vez que Diego Olivera se cruzó con el comisario Scholles fue en 2016, cuando estaba trabajando con su vehículo, trayendo pasajeros que tras salir de una fiesta en el pequeño poblado rural La Corita, regresaban a Concepción. “Cuando pasamos frente a la Normal, donde a pedido de los pasajeros paro el vehículo para que puedan hacer uso momentáneo de la señal de Wifi que hay en el lugar, llega un patrullero, policías que nos hacen bajar, nos revisan por completo y en el cacheo encuentran papelillos para armar cigarro y una pequeña cantidad de marihuana a uno de los pasajeros. Detienen a los pasajeros, y al momento de hacer la foto de la marihuana lo hacen dentro de mi vehículo. Ahí les digo q no lo hagan ahí, que yo estaba trabajando y que no era justo ni legal que involucren así a mi herramienta de trabajo y a mí. Ahí nomás, el comisario me dijo me llevo tu camioneta a la comisaría, secuestrada, porque soy el comisario. Y a mi me metieron preso” recuerda Olivera.
“Me trataron como al peor delincuente. Estuve un día entero, hacía un frío brutal, yo tengo asma por eso ando siempre con mi aerosol, con el paf, que había quedado en la camioneta. Les pido y sólo me trajeron el paf, lo usé y se llevaron, pero no me trajeron mi abrigo. Scholles pidió al juez que yo pague tres mil pesos para retirar la camioneta. Además me dieron tarea comunitaria, me llevaron a una escuela y me exhibieron como un delincuente, como un narco. La Pérdida de clientes, el perjuicio económico y la estigmatización que me provocaron con toda esa puesta en escena es muy grave” añadió el trabajador.
Desde entonces, Olivera, pese a no haber cometido delito alguno, es hostigado constantemente por policías locales, tanto cuando circula trabajando con su camioneta, como hasta cuando intenta tomar un mate tranquilo en la vereda de su casa. “La policía está descontrolada desde que volvió el comisario Scholles, andan persiguiendo a la gente humilde” dice Olivera.
José Antunez, un joven de 20 años que viven en el barrio Palomar, reconoce tener antecedentes por robos cuando era menor de edad. “Hace años que no robo ni voy a robar. Pero cada vez que hay un robo la policía llega en casa y me llevan. Si me ven en la calle me paran, me revisan, no puedo salir a la calle porque me persiguen, van a buscarme donde esté. Y en los barrios como el Esperanza impresionante la cantidad de abusos de autoridad que sufre la gente, llegan al barrio armados e intimidando a los vecinos”.
Barrio Esperanza. Foto Sergio Alvez
También en la chacra: denuncia de un colono
Elsa Peralta vive en la colonia, siempre en Concepción de la Sierra. Su esposo, Mariano Lesiu, tiene 37 años y se dedica a trabajar su chacra. Su hermano tiene una chacra pegada a la suya, por lo que comparten espacios comunes. En la noche del 20 de septiembre de este año, Mariano se dirigía en su vehículo por un camino rural, junto a sus hijos, de 12 y 15 años, a la chacra de su hermano, tres kilómetros más allá, para espantar a unos zorros que merodeaban el ganado. “Llegó el comisario Scholles con el policía Britez, los dos con armas largas. Le interrogaron a mi marido, y como tenía una escopeta, que es la usa en la chacra siempre, le llevaron detenido a él y a mis dos hijos, que son menores. Ahí comenzó un infierno, le tuvieron tres días, salió traumatizado, tuvimos que pagar un abogado, le quitaron cosas de su vehículo y le inventaron estado de ebriedad sin ninguna prueba. Se descompuso dentro de la celda de tan insalubre que es ese lugar” lamentó la señora Peralta.
El dirigente de ATE Zona Sur Juan Carlos Dos Santos, quien el 9 de julio de 2016 fue detenido y golpeado por firmar un procedimiento (denuncia que ese día la policía le sustrajo y no le devolvió 7 mil pesos que eran la recaudación de una venta de empanadas durante el festival popular por el Día de la Independencia), apunta al empleado municipal Evaristo Márquez, “de ser un tesigo falso de la policía de Concepción de la Sierra y me hago plenamente cargo de lo que estoy denunciando y pidiendo que se investigue” asegura Dos Santos. “En todas las causas que arma la policía él aparece como testigo y firma a pesar de que haber estado al momento de los hechos. Quiero que se investigue porqué este señor es testigo en todas las causas cada vez que la policía lo cita y atestigua cosas que no vio”.
Estas son, solo algunas de las denuncias y testimonios que piden intervención estatal, reclamando “que esta vez los organismos de Derechos Humanos intervengan directamente y resguarden a todos los que se animan a denunciar esta gravísima situación impropia de la democracia”.
“Yo pedí que vuelva el comisario Scholles”
Consultado personal y especialmente para el presente informe, el intendente de Concepción de la Sierra aseveró que el mismo “pidió que vuelva el comisario Scholles al pueblo” y que desde el Ejecutivo Municipal se encuentran satisfechos con el comportamiento policial. Sobre las denuncias, el intendente aseguró que “está bien que se hagan en los ámbitos que corresponde, pero muchas son versiones a medias”.
Aquí nuestro primer reporte con denuncias por violencia policial en Concepción de la Sierra (2016).
