A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado Domingo 1ero de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha externado su profunda preocupación.
Como se recordará, la ley convocando a un referéndum para 1ero de octubre del 2017 adoptada el 6 de setiembre del 2017 fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este (con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«). Con relación a las fuerzas de seguridad, cabe precisar que los Mossos d´Esquadra catalanes se negaron a desalojar los colegios electorales durante el referéndum, pese a una orden judicial.
Con fecha del 2 de octubre, una de las máximas instancias de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, insta a España a colaborar con los requerimientos de información que le serán notificados desde Naciones Unidas. El texto que a continuación se reproduce textualmente se lee de la siguiente manera:
«Comment by the UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on the situation in Catalonia, Spain GENEVA (2 October 2017) – I am very disturbed by the violence in Catalonia on Sunday. With hundreds of people reported injured, I urge the Spanish authorities to ensure thorough, independent and impartial investigations into all acts of violence. Police responses must at all times be proportionate and necessary.
I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms.
I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit. ENDS»
Como se puede observar, se invita a España a colaborar «without delay» con los distintos mecanismos previstos en materia de derechos humanos para examinar la actuación de sus fuerzas de seguridad: las imágenes de varias «cargas» policiales contra votantes, muchos de ellos adultos mayores, han conmocionado a España y al resto del mundo, denotando una clara intención que ahora es necesario investigar y sancionar. Intentar «blindar» estas cuestionables actuaciones policiales y permitir que la impunidad prevalezca sólo contribuirá, en nuestra modesta opinión, a exacerbar aún más los ánimos en el seno de la sociedad catalana.
Nótese que las advertencias fueron hechas en su momento: a tan solo 48 horas de realizarse el referéndum, en medio de fuertes movilizaciones en Cataluña a favor del referéndum y del envío de refuerzos policiales por parte de España a Cataluña, dos expertos de Naciones Unidas en derechos humanos advirtieron a España con relación a su obligación de resguardar los derechos de reunión, garantizar el derecho a manifestarse de forma pacífica y a otras libertades fundamentales (véase al respecto nuestra breve nota publicada en ElPais.cr).
El uso desproporcionado (e innecesario) de la fuerza contra los votantes durante el pasado 1ero de octubre por parte de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas ha generado una ola de repudio y de indignación en diversas partes del mundo. No obstante, al momento de redactar estas líneas, no se registra ningún comunicado oficial de algún Estado condenando expresamente la situación que se vivió durante el referéndum en Cataluña, la cual contabiliza ya a 844 heridos, según las cifras dadas a conocer por las autoridades sanitarias catalanas (véase nota de prensa).
En un breve comunicado de prensa, la Unión Europea (UE) circuló el siguiente comunicado cuyo texto omite todo señalamiento a la violencia policial y precisa que: » Para la Comisión Europea, tal y como el Presidente Juncker ha reiterado repetidamente, este es un asunto interno de España, que hay que abordar de conformidad con el ordenamiento constitucional de España«. La versión en inglés se encuentra disponible en este enlace. El mismo escueto texto concluye indicando que: «Confiamos en el liderazgo del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy para gestionar este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados«.
Salvo error de nuestra parte, no se registra ningún comunicado por parte del Consejo de Europa ni de ninguna otra organización internacional, sea de carácter universal, sea de carácter regional.
Como es sabido, España ha promovido, conjuntamente con Australia por parte del Grupo Occidental (véase sitio oficial de Naciones Unidas sobre los demás Estados postulados) su candidatura para ser electa miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una votación que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas: véase breve nota nuestra con respecto a los candidatos por América Latina y los votos obtenidos en los últimos cinco ejercicios de este tipo.
