La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) representa para el pueblo bolivariano la posibilidad de dejar moldeados en una nueva Carta Magna los avances, las conquistas y los aprendizajes alcanzados en estos años de Revolución, para los cuales la Constitución de 1999 se está quedando corta. Pero también es la oportunidad de profundizar la revolución, concretar las reivindicaciones aún pendientes y crear las condiciones para mayores cambios estructurales. Este hilo rojo atraviesa los diferentes temas abordados en el debate constituyente, y necesariamente se nutre del trabajo y las experiencias de las organizaciones populares.
Desde Alba TV hemos entrevistado a Emma Ortega, agricultora, quien integra a la ANC por el sector Campesinas y Campesinos. En la ANC, Emma es parte de la Comisión para la Mujer y la Equidad de Género y “totalmente abierta al capítulo economía, que transversaliza todos los temas y constituye una prioridad.” Varios son los temas de debate y las propuestas concretas que Emma, en cuanto vocera del sector campesino, está llevando a debate en la ANC. Veamos.
La realidad de las mujeres rurales
La situación de las mujeres campesinas tiene rasgos específicos, cuenta Emma, así como la de los jóvenes campesinos, y por eso se ha avanzado la propuesta de incluir un capítulo aparte. “Las mujeres campesinas son las que garantizan el trabajo en todas las parcelas, desde lo energético como desde la producción. Nadie se levanta directamente a trabajar sin que se le haya preparado el café, la arepa, la ropa limpia: tareas que generalmente asumen las mujeres, junto con el cuidado de los niños. Muchas veces están también trabajando en la parcela. Las mujeres son parte de la unidad de producción: una parte activa, pero no se le reconoce. Tampoco se llevan estadísticas de cuanto contribuyen las mujeres a la producción nacional de alimentos”, dice Emma Ortega.
“También hay problemas con la titularidad de las tierras” agrega. Según la Ley de Tierras, “son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación de tierras, las ciudadanas venezolanas que sean cabeza de familia que se comprometan a trabajar la tierra para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de su comunidad y de la Nación” (art.14) . Si bien eso constituye un avance del punto de vista legislativo, no ha sido acompañado por medidas reales que lo pudiesen garantizar. Además, opina Emma, “quedó un artículo mocho y chucuto. Las mujeres que tienen uniones consensuadas – es decir, que viven en pareja – quedan fuera de ese derecho de titulación. Hay que reformar ese artículo, y hablar ahora de la obligatoriedad de asignar las tierras a las familias: que la titulación de la tierra sea un derecho de las familias y no de uno de sus integrantes.” Una titularidad colectiva entonces, que refleja la naturaleza del trabajo del campo y que reconozca también no sólo el trabajo productivo, sino también el trabajo reproductivo que lo hace posible.
La juventud del campo
¿Qué consecuencias tiene la situación de exclusión de las mujeres campesinas? ¿Qué pasa luego con sus hijos e hijas? “Siguiendo con la Ley de Tierras, según el art. 17.8, tienen preferencia de adjudicación las ciudadanas y los ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, nacidos y residentes en las zonas rurales” afirma Emma. Sin embargo, acota, esto tampoco ha sido acompañado de medidas que lo pudieran garantizar “entonces el País pierde a una persona que se ha especializado en la actividad agrícola: y no es nada sencillo conseguir gente que quiera trabajar la tierra. Deberíamos entonces tener conuco-aldeas, para las y los jóvenes y para las parejas campesinas, para que continúen con la tradición agrícola de sus familias”.
Muy alarmante es la situación de los jóvenes: “ese muchacho entonces – por una serie de razones económicas, políticas y sociales – se nos viene para la ciudad, y en la ciudad se convierte en malandro y luego retorna al campo a enconcharse después de cometidas sus fechorías. O tiene el campo, conociendo el territorio, a engrosar las filas de las bandas paramilitares, como en el sur de Aragua, asaltando a sus propios vecinos, de la zona de dónde él nació. Entonces se crea esta realidad: nacen en el campo y mueren en la ciudad. Son los que menos expectativa de vida tienen, porque entre los 14 y los 24 años ya muchos han muerto”. El proceso constituyente, afirma Emma Ortega, necesariamente tiene que enfrentar estos temas.
Hacia nuevas relaciones de producción
“Aquí se sigue creyendo que la agricultura capitalista y la agricultura industrial, son las que alimentan al pueblo. Pero: ¿Por cuáles productos estamos haciendo las colas? por los productos agro-industrializados. ¿Y qué pasa con los productores en el campo?” problematiza Emma, abordando otro tema.
“Vamos a tomar de ejemplo el café: es uno de los agroproductos de mayor consumo, sin embargo hay que ver la pobreza rural que persiste en las zonas cafetaleras, dónde la peor parte se la llevan las mujeres. En Revolución se ha creado la Corporación Venezolana del Café (CVC), pero no se han roto las relaciones de producción capitalista existentes. El campesino allí tiene una condición de arrimador de materia prima, y con esa condición no se emancipa la clase trabajadora. El acopio, el procesamiento y la distribución siguen en mano de la CVC, y no de quienes lo producen. Esa relación de producción tiene que cambiar: quienes siembran tienen derecho a procesar, transformar, distribuir” afirma.
“Y por ejemplo, ¿Dónde está el espacio allí para las hijas y los hijos de quienes producen? ¿Qué diferencia hay entre esta Corporación y la anterior? ¿Dónde están los programas? He conocido zonas rurales donde hay realmente una situación de pobreza extrema, donde no llega ninguna misión. La única misión que ha llegado a ser universal en todo el país es la educación. Eso sí, la educación ha llegado a todos los rincones de la Patria. Pero por ejemplo en esas zonas no hay un programa de viviendas, de dignificación de la vida para quien vive en el campo. Los programas son casi todos muy buenos, excelentes, pero son urbano-céntricos. Eso hay que resolverlo. Se trata de cambios estructurales que se pueden lograr a través de la Constituyente” agrega.
Control popular de los alimentos
“Lo económico lo atraviesa todo, y es lo que tiene que resolverse con prioridad. Con relación a los altos costos de los alimentos, es necesario que el pueblo tome el control, de dos maneras. En primer lugar hay que conocer a ciencia cierta cómo se estructuran los costos de los alimentos que demandamos. Y en segundo lugar, a partir de allí las Asambleas de Ciudadanas y Ciudadanos, en cuanto mecanismos de participación con poder vinculante, deben tomar la decisión de revisar todos los costos, para dar a los productos su justo valor. Tenemos que lograr autoregular e incidir en la estructura de costos. Como consumidores siempre hemos sido pasivo: ahora nos toca ser consumidores activos” acota.
Por una territorialidad chavista
“Otro tema transversal es la territorialidad. El estado Aragua tiene la peculiaridad de haber perdido, entre 2009 y 2014, mil hectáreas [de tierras cultivables] por año: eso debido a que se le da valor de cambio a las tierras. Hay que defender el valor de uso de las tierras, contra el valor de cambio, que se ha impuesto desde el ordenamiento del territorio y sobre todo desde quienes lo ordenan de lo urbano a lo rural.
En Aragua hemos creado una categoría territorial que llamamos “peri-rural”, y eso involucra el Plan Área de Interés Específico para Tierras de Alimento (PAIETA). En ámbito de agricultura urbana, tenemos agricultura dentro de la ciudad y agricultura contigua a la ciudad: pero cuando las tierras de la agricultura contigua a la ciudad entran en las poligonales urbanas, pasan a ser indefectiblemente tierras cementadas. Por lo contrario, estamos defendiendo el valor de uso de estas tierras contiguas a la ciudad, en cuanto tierras para la producción de alimentos; es más, toda las producciones de estas tierras tienen que pasar a formar Agro-CLAP. Esta propuesta fue aprobada por la plenaria del Congreso de la Patria, en su capítulo Agricultura Urbana, en abril de este año, y de ella tiene conocimiento pleno el Presidente Nicolás Maduro; sólo que se atravesó el llamado a la ANC y eso aún no se ha llevado a Decreto.
Esta iniciativa es conforme al artículo 2 de la Ley de Tierras, que queremos que se constitucionalice. Este artículo establece el carácter transgeneracional de las tierras: los gobiernos locales y las gobernaciones tienen la obligación de garantizar la producción de alimentos para la población actual y para las generaciones futuras. También se basa en art. 10 de la misma ley, según el cual las Alcaldías tienen que generar mecanismos de producción, acopio, transporte y distribución de los alimentos. Sólo que los alcaldes, de cualquier “color”, cuando tienen tierras agrícolas piensan en el cemento, porque dar valor de cambio a las tierras genera negocios. Pero nosotros tenemos que defender su valor de uso, porque mercantilizar las tierras es mercantilizar los alimentos.
La territorialidad tiene relación con lo económico y con el modelo que debemos trazar para lograr cambios estructurales. Se requieren entonces cambios trascendentales en la planificación y gestión del territorio, rechazando el concepto de ordenamiento del territorio: una categoría mercantilista, que en Venezuela se basa sobre una ley neoliberal del año 1983. La territorialidad chavista tiene que ser otra” concluye Emma.
