El documento presentado este sábado por Beatriz Sánchez se llama «El programa de muchos» y sus propuestas están resumidas en cinco puntos: Estado y democracia, mejoramiento de las relaciones internacionales, modernización del Estado, Fuerzas Armadas y Asamblea Constituyente.

Para leerlo completo ver: El Programa de Muchos

Su implementación tendrá un costo de 13.400 millones de dólares al año que se financiará con impuestos a los súper ricos: un 2 por ciento de impuesto al año a patrimonios por sobre cinco millones de dólares o 3 mil millones de pesos anuales. Ello afecta al 0,7 por ciento de hogares chilenos y permite recaudar 6 mil millones de dólares.

Además se considera un nuevo tramo impositivo para los mayores ingresos y el fin a la exención de la bolsa, lo que agrega 4 mil 300 millones de dólares adicionales. En cuanto a las ventas de la gran minería, se propone un impuesto del 5 por ciento, que equivale a 1.100 millones de dólares en recaudación.

Beatriz Sánchez realizó la presentación de El Programa de Todos, en el anfiteatro del Parque Juan XXII en la Comuna de Ñuñoa, en Santiago. Dicho programa fue armado en base a más de 500 encuentros, con más de 3.000 propuestas y cerca de 16 mil 700 personas participantes.

«Planteamos un nuevo modelo de desarrollo, no sólo seguir explotando recursos naturales que hoy son un 70% de nuestra economía, si no que planteamos un giro a un plan nacional de inversión, con un rol fundamental del Estado para crear círculos virtuosos con la empresa privada”, sostuvo la abanderada, reiterando las propuestas que ya ha dado a conocer en otras oportunidades como son el fin del Crédito con Aval del Estado y de las AFP.

En relación a los conflictos que ha tenido Chile con Bolivia, el Frente Amplio propone llevar adelante una agenda trinacional que tenga por objetivo avanzar en el establecimiento de confianzas mutuas y la reposición de las relaciones con el Estado Plurinacional de Bolivia.

En cuanto a la administración del Estado y los cargos públicos, propone el establecimiento de una asamblea legislativa unicameral, la posibilidad de revocación de todos los cargos de elección popular, establecer un límite de reelección a dos mandatos consecutivos y la reducción de los salarios de diputados, ministros y subsecretarios en un 50%.

En términos de cultura cívica la propuesta contempla que el derecho a voto sea desde los 16 años y también la posibilidad de hacer un plebiscito para realizar una asamblea constituyente.

En cuanto a salud, el Frente Amplio propone la despenalización y regulación del aborto sin causales, hasta el primer trimestre, y con causales a partir del segundo trimestre, con alternativas de acompañamiento no disuasivo. Además, se estipula un trabajo intersectorial para el “buen morir”, que contemple el enfoque de derechos. “En este sentido, se establecerá un diálogo para posibilitar la eutanasia en el país”, dijo Beatriz Sánchez, quien propuso también “un seguro universal y solidario” de salud.

En materia de educación se apunta a la creación de un Consejo de Educación Superior Pública formado por universidades del estado y colaboradoras, además de recuperar el control público de Inacap.

El conglomerado político también propone la nacionalización de SQM creando una empresa mixta con capitales extranjeros, además de esto se buscará crear una nueva ley de pesca que reformulará el sistema de cuotas marítimas vigentes, con soberanía sobre los recursos pesqueros y revocando, sin compensación, las concesiones sobre nuestros recursos naturales entregadas a grandes grupos económicos.

En materia de empresas, la idea es que el 20% de los cargos en los directorios sean elegidos por los mismos trabajadores en empresas que cuenten con más de 200 personas. Junto con esto el establecimiento de una ley de cuotas para que el 40% de los cargos directivos sean mujeres.

En cuanto a libertad de expresión se propone la creación de normas generales sobre emisión o publicación de contenidos similares, en la línea de las elaboradas por el Consejo Nacional de Televisión, para los órganos reguladores de la radiodifusión (Subsecretaría de Telecomunicaciones) y de la prensa escrita digital e impresa (Secretaría General de Gobierno) y también el establecimiento de sistemas de queja y denuncia para toda la ciudadanía.