En vísperas de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial (Washington, 13-15 de octubre de 2017), la CSI y sus asociados en la Agrupación Global Unions instan a las Instituciones Financieras Internacionales a que contribuyan a impulsar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, apoyando el reforzamiento de los derechos de negociación colectiva fuertemente debilitados y la expansión de la protección social universal.
La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow señaló que “Un aumento salarial contribuiría considerablemente a revertir la reducción de la participación del trabajo que se está registrando en muchos países, poner freno a la tendencia hacia crecientes desigualdades y aportaría el incremento de la demanda mundial necesaria para sostener la recuperación económica”. Llamó la atención respecto a la afirmación del Consejero Económico del FMI, el 10 de octubre, de que la recuperación mundial es incompleta debido al freno de la economía global ocasionado por varios años de estancamiento de los salarios.
Burrow indicó que, aunque se prevé que la mayoría de los países experimenten un crecimiento económico positivo este año, muchos están muy lejos de haber alcanzado niveles aceptables de empleo e ingresos del trabajo. En particular, 34 economías emergentes y en desarrollo, según las previsiones del FMI, registrarán en 2017 un crecimiento negativo de los ingresos per cápita.
La Secretaria General de la CSI pidió al FMI que ponga fin a la promoción de la desregulación del mercado de trabajo, un elemento que contribuye considerablemente a la desigualdad de ingresos, y que siga el ejemplo de la mayoría de las instituciones internacionales, incluyendo la OIT y el Banco Mundial, favoreciendo la protección social universal.
Burrow exhortó a ambas instituciones a que redoblen esfuerzos encaminados a la igualdad de género y una transición hacia una economía sostenible, baja en carbono. Instó asimismo al Banco Mundial a poner fin a su inapropiada promoción de las asociaciones público-privadas, en lugar de unos servicios públicos de calidad, a causa de su impacto en detrimento de las finanzas públicas, el acceso a los servicios y las condiciones de trabajo.
Burrow pidió además al Banco Mundial que proceda con la implementación de su nueva salvaguardia laboral, adoptada hace 14 meses, de manera que en todas las actividades financiadas por el Banco se respeten los derechos de los trabajadores/as reconocidos internacionalmente.