Por Olga Mendoza | Servindi
El día 7 de octubre de 2017 más de 80 autoridades tradicionales Wayuú, líderes indígenas de las comunidades Wiwa y Kankuamos de la Sierra Nevada, Awa del Nariño, campesinos y afro descendientes de las comunidades de Tabaco y Matitas, se dieron cita en el territorio ancestral de Katsaliamana, en la Guajira, Colombia, para celebrar los 300 días de protesta pacífica que se lleva a cabo al lado de la línea férrea del tren que diariamente transporta las 32 millones de toneladas de carbón al año que la empresa “El Cerrejón” extrae del territorio guajiro, con el auspicio y protección del Estado colombiano.
En el marco de la reunión, las autoridades ancestrales repudiaron la masacre de los nueve campesinos de Tumaco, manifestando el temor y la falta de garantías que los indígenas sienten en la defensa de sus territorios, los acuerdos de La Habana y la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro y campesinas en Colombia.
El movimiento Nación Wayuú nace el 7 de diciembre del 2016 reclamando al estado colombiano el respeto de la consulta previa a las comunidades indígenas, recuperar la autonomía territorial y el retorno del agua como medio fundamental para la independencia alimentaria. Todos estos factores que les permitan retornar a sus métodos tradicionales de supervivencia y sobrevivencia y parar el dañino asistencialismo del Estado, que ha generado en las comunidades debilidad y vulnerabilidad en sus decisiones.
Ante la crisis social, ambiental y ecológica que viven las comunidades a causa de la alteración de sus métodos tradicionales de vida, provocados por la llegada de las multinacionales y empresas extractoras, no solo El Cerrejón, sino también Chevrón, Promigás, Turkish y Big Group, que paulatinamente han desangrado, y pretenden seguir desangrando los recursos naturales y los territorios que son fuente de subsistencia y supervivencia de las comunidades, estas no han tenido más remedio que exigir ayudas a través de las instituciones del Estado, quienes tampoco han sabido responder a cabalidad con las necesidades de una etnia que se encuentra en peligro de desaparición por toda la transformación social, cultural y económica que ha sufrido debido a la extracción de carbón, gas, petróleo y en un futuro próximo energía eólica.
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Todas estas explotaciones debido a medidas económicas y políticas que han violentado sus derechos humanos por los desplazamientos forzados, la contaminación y el agotamiento paulatino de los recursos naturales de los cuales ellos dependen para vivir.
Las muertes de menores es un problema que azota desde hace varios años al departamento, especialmente por la falta de acceso al agua, lo que a su vez ha vulnerado la seguridad e independencia alimentaria, provocando más de 37.000 casos de desnutrición severa y más de 5.000 niños muertos por esa misma razón, según lo demuestran las cifras de los informes de la Defensoría del Pueblo, y las denuncias de las comunidades indígenas.
Al día de hoy, las comunidades continúan denunciando la falta de agua, deterioro de los recursos naturales, falta de acceso a alimentos y ausencia de una economía sostenible que les permita continuar con sus métodos tradicionales de subsistencia. Todos estos reclamos que llevan varios años, desde la llegada de la mega minería al departamento.
Al no haber respuesta por parte del Estado, las autoridades tradicionales deciden mantenerse en la lucha, y es así como han permanecido ya por 300 días resistiendo y reclamando.
En el transcurso de estos 300 días, varias veces han estado a punto de claudicar. El enero del 2017, ante la ausencia de recursos para continuar permaneciendo en la enramada, varias de las autoridades decidieron disolver la protesta. Pero la señora Maria del Rosario Ruiz Ipuana, del territorio de Katsaliamana, quien desde el comienzo fue la anfitriona por ser la autoridad ancestral de la región, les manifestó a los demás líderes y autoridades:
“Ustedes llegaron aquí a mi territorio el día 7 de diciembre a apoyar este movimiento de resistencia, y ahora me dejan sola. Pero yo me quedo aquí, debajo de este palo, sola, y si me muero, que me entierren debajo de la línea férrea, en mi territorio ancestral”.
Las palabras de esa mujer llegaron muy profundo a los que habían decidido abandonar la lucha, y fue entonces que algunos permanecieron a su lado para acompañarla.
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Pero no sólo la falta de recursos amenazó al movimiento. Días antes de cumplir dos meses de resistencia, los líderes y autoridades comenzaron a recibir advertencias por parte del Ministerio del Interior para acabar con la manifestación. De otra parte, varios líderes habían recibido amenazas al comienzo de la protesta, para que no continuaran con las reclamaciones al estado y al ICBF.
Los firmantes de tales amenazas era un grupo que se denominaba “Los rastrojos”. Hasta personal del Cerrejón se acercó a la enramada, a pedirles que se retiraran del territorio. Sin embargo, las autoridades y líderes se mantuvieron allí, hasta que el cinco de febrero la policía antimotines llegó a las once de la noche.
“Llegaron a sacarnos como animales y se llevaron chinchorros, ollas, teléfonos y plata que teníamos en la mochilas” manifestó en su momento María del Rosario Ruiz, una de las autoridades tradicionales. Además, ese día el ESMAD liberó gases lacrimógenos y usó la fuerza excesiva con las autoridades, mujeres y niños que se encontraban en la enramada, llevándose además seis de los líderes, todos adultos mayores, y un menor de edad.
De ese momento en adelante, los líderes han recibido varias amenazas, e incluso atentados contra su vida. Además, recibieron en el mes de mayo una “Querella por perturbación a la propiedad privada” exigiendo que abandonaran el territorio ancestral, demanda que no tuvo éxito gracias a la resistencia y perseverancia de los líderes y del apoyo internacional de defensores de derechos humanos.
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A pesar de todo, las autoridades permanecen para exigir el compromiso que según manifiestan los líderes tiene el gobierno desde el 2014 con las comunidades para que se esclarezca con el Cerrejón y con el Estado, cómo fue que se consultó la expansión de la licencia ambiental para la mina del Cerrejón. Por otra parte, permanecen y permanecerán, hasta tanto no se cumpla a cabalidad la orden que por medio de la Sentencia T 704 de 2016, la Corte «ORDENA a la empresa El Cerrejón implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona». Por lo anterior, la siguiente acción es presionar una mesa de concertación para la reparación de todos los daños por parte de la empresa.
Es una responsabilidad social de los colombianos, y de todos los defensores de derechos humanos en el mundo hacer seguimiento, verificación y apoyo a la población Wayuu para el cumplimiento de esta orden constitucional.
