El legislador provincial presentó dos proyectos sobre la ley nacional que está por vencer, y que prohíbe desalojar territorios reclamados por comunidades originarias. Propone que la Cámara neuquina “inste” al Congreso a prorrogar esa ley, y que reclame por relevamientos hechos en la provincia pero no aprobados.
El diputado provincial Raúl Godoy, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), afirmó que el gobierno neuquino “ha incumplido una ley que tiene más de 10 años”, período durante el cual se debían hacer –en todo el país, ya que es una norma de carácter nacional– relevamientos de territorios reclamados por comunidades originarias. Acusó por la demora al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, porque según el legislador “no firmó” los relevamientos realizados por técnicos universitarios, de la provincia y de la Nación.
A nivel nacional, la posición y dominio de tierras que presentan ese tipo de conflictos quedó en el centro del debate político por la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez mientras participaba en Chubut de una protesta de pobladores mapuches que, entre otros asuntos, reclaman territorios en disputa con poderosos empresarios, especialmente extranjeros.
Godoy presentó dos proyectos de comunicación referidos a la ley 26.160, sancionada en 2006 y ya prorrogada una vez, en la cual se prohíbe el desalojo de tierras en conflicto, y además establece que deben realizarse los relevamientos. La ley vence el 23 de noviembre y la extensión de su vigencia iba a tratarse el jueves pasado en el Senado nacional, pero el tema fue postergado. El diputado neuquino busca que la Legislatura se pronuncie a favor de la prórroga, y que pida convalidar los relevamientos hechos en la provincia.
–¿Cuáles son los motivos del proyecto de comunicación que usted presentó en la Legislatura de Neuquén?
–El proyecto tiene que ver con lo que se vive hoy en el país, en el sentido de que el gobierno nacional ha montado una campaña de estigmatización y de agresión contra el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios. Eso incluye una escalada represiva, que tiene su pico máximo en la desaparición forzada por parte de Gendarmería de Santiago Maldonado en el marco de una represión a la comunidad Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, pero que afecta a comunidades indígenas en todo el país.
–Su proyecto apunta a que el Congreso de la Nación prorrogue la vigencia de la ley nacional 26.160. ¿Qué significa eso?
–La 26.160 es una ley que data del año 2006. Sin embargo, hasta el día de hoy la mayoría de los gobiernos provinciales no han avanzado y dejaron estancada la ejecución de lo que plantea la ley. Ahora hay un peligro real porque esa ley vence el 23 de noviembre, y donde no se han llevado adelante los relevamientos territoriales correspondientes, se va a abrir una zona de vacío legal que va a dejar a muchas poblaciones originarias a merced de las empresas trasnacionales o de negocios inmobiliarios, y acá en la región, por ejemplo, de empresas como Chevron. Y el gobierno provincial va a dejar a la deriva la situación legal de la comunidad mapuche en todo el territorio neuquino. Es una situación grave, que empieza con el incumplimiento por parte de los gobiernos provinciales de los relevamientos que ordena la ley. Incluso en algunos casos los territorios se relevaron, con un trabajo de años, con personal especializado de la Universidad Nacional del Comahue, con técnicos de la provincia y de Nación, pero no fueron firmados por el ministro (de Seguridad, Trabajo y Ambiente de Neuquén, Jorge) Lara, como en el caso del Lof Campo Maripe y tantos otros de la provincia. Lo cual va a poner muy álgida la situación de distintos territorios de Neuquén.
–De hecho, el caso que usted cita de Campo Maripe y otras comunidades son conflictos que se han judicializado.
–Justamente hace pocos días se cumplieron cuatro años del acuerdo de Chevron. Un acuerdo nefasto que metió a esa multinacional norteamericana a operar con método fracking en territorio mapuche. Ha habido violaciones permanentes por parte de esta empresa y un hostigamiento judicial permanente. Justamente la semana pasada un pedido de detención para seis integrantes del Lof Campo Maripe, que pertenecen a la Confederación Mapuche. Eso nos puso en alerta a todos porque significa que otra vez, mientras está Gendarmería adentro en los territorios de los Campo Maripe ahí en Añelo cuidando las empresas y los pozos petroleros, tienen un hostigamiento permanente hacia las comunidades. En este caso están bajo proceso penal el lonko Albino Campo, que es un poblador descendiente de familias ancestrales de ese territorio, como su padre, su abuelo. Hace algunos años nomás el MPN le entregaba diplomas por ser de los pueblos originarios. Tienen placas de bronce que le regalaba el gobierno provincial como reconocimiento. Pero cuando pasó lo de Vaca Muerta, cuando se descubrieron los yacimientos de la formación, los desconocieron. Ahí empezaron a ser chilenos, usurpadores. Es decir que la plata, el petróleo y el negocio pudieron más que cualquier falsa amistad o falso compromiso por parte de los gobiernos. Por eso allí se desató una situación muy crítica que está vigente hasta hoy.
–¿En qué consisten los proyectos de comunicación que usted presentó?
–Son dos proyectos. Uno, instando al Congreso de la Nación a que se apruebe la prórroga de la ley 26.160, porque si no va a generar un clima de absoluta irregularidad a todas las comunidades indígenas a nivel nacional. Por otra parte, instar al ministro acá en Neuquén para que termine con la dilación y las maniobras burocráticas, y firme todos los relevamientos que ya están hechos por profesionales y que falta que él los convalide con su firma. Queremos avanzar en esto, porque si no quedan a la intemperie desde el punto de vista legal a muchas comunidades en la provincia.
–La 26.160 es una ley nacional, por lo tanto es el Congreso de la Nación el que tiene que aprobar la prórroga. Pero también es importante que en la Legislatura de Neuquén se debata el tema.
–Claro. Y yo quiero señalar algo que es muy importante. El gobierno provincial ha incumplido alevosamente, o dicho de otra forma, no cumplió con una ley nacional que tiene más de 10 años. Sin embargo, un mapuche tarda un día en presentarse en una declaración y automáticamente le mandan una orden de captura. ¿Qué tendríamos que hacer con el ministro Lara, que viene violando la ley, viene incumpliéndola y sigue mirando para otro lado, en función de los intereses de los grandes empresarios? Esto es un llamado de atención, por eso queremos ponerlo en discusión en la Legislatura. Porque estamos instando a que los funcionarios del gobierno de la provincia de Neuquén lleven adelante, concreten y firmen los relevamientos territoriales que ya están en curso, y hagan lo que tienen que hacer. Porque no puede ocurrir que a partir de la desidia, que creemos que está hecho a propósito, de no cumplir con la ley, queden en ‘orsai’ para decirlo de algún modo, queden fuere de lugar y pasen a ser perseguidas comunidades enteras. Yo creo que el gobierno tiene que dejar esta escalada de violencia, de estigmatización a los pueblos originarios, y empezar a cumplir la ley. Que es una ley que se ganó con mucha lucha y con mucho consenso en el conjunto de la sociedad, y con la cual se han reconocido derechos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Así que tenemos todavía mucho por hacer, y a partir de la presentación de estos proyectos estamos convocando a que se discuta el tema en el Congreso. Hay distintos proyectos de varios sectores. Pero partimos de una mala situación porque la mayoría de los bloques se abstuvieron, o se hicieron los distraídos o miraron para otro lado. Incluso hace muy pocos días, este jueves, el Senado de la Nación, postergó el tratamiento de la prórroga. Con lo cual están dando un mensaje muy malo hacia el conjunto de la sociedad, porque lo que están diciendo tanto el oficialismo como la oposición es que prefieren avanzar sobre territorios indígenas, no reconocer derechos y revertir lo que se había conseguido con mucha lucha de los pueblos originarios.
–Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, ahora hay funcionarios nacionales como el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que admiten que se lo puede haber llevado Gendarmería, contradiciendo a la ministra Patricia Bullrich que siempre defendió a esa fuerza.
–Es un hecho gravísimo. Nosotros en agosto estuvimos en Esquel, estuvimos reunidos con la familia de Santiago Maldonado, con su hermano Sergio y Andrea, su compañera (de Sergio). También visitamos en la cárcel a Facundo Jones Huala, estuvimos en el Lof en Resistencia de Cushamen, allí hablamos con integrantes del Lof y con organizaciones de derechos humanos del lugar. Y para nosotros es clarísimo que Gendarmería secuestró y se llevó a Santiago. La gente lo tiene muy claro. Pero además de la desaparición forzada, que es un hecho gravísimo, políticamente lo más grave es el encubrimiento por parte de Patricia Bullrich, de (el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo) Nocetti y de (el presidente, Mauricio) Macri en esta desaparición forzada. Si la desaparición forzada por parte de una institución como Gendarmería Nacional es un delito gravísimo, mucho más grave aún es el encubrimiento por parte del macrismo, al tratar de justificar con mil recursos la desaparición forzada de un militante social, de un pibe que había sido solidario con la causa mapuche. Todo es de una gravedad enorme, en una Gendarmería que viene siendo equipada durante décadas con los equipos más sofisticados, dándole millones y millones de dólares en recursos para las mejores maquinarias, los más modernos instrumentos de espionaje, todos los elementos para la represión. Hay un protocolo de Gendarmería que dice que cada procedimiento se debe filmar, pero acá ocultaron todos los videos de la represión, y ahora con los testigos que están convocando en forma directa hay cosas que hay que destacar. Mucha gente dice ‘por qué ahora declaran a cara descubierta y antes no’. Hay que tener en cuenta que con una Gendarmería que se mueve con total impunidad, con las palizas y las razzias que realiza permanentemente, y además con un desaparecido… Lo decía muy claramente uno de los pibes que declaró. ‘Ahora que vemos que hay una movilización, que hay un pueblo que está reclamando, hoy nos podemos destapar la cara. Porque si no, obviamente íbamos a ser los que seguíamos a Santiago en esto de la persecución’. Y la otra pregunta que muchos se hacen respecto de porqué si hay tantos gendarmes involucrados en esto, en todo el operativo que hicieron para ocultar la desaparición… Si uno piensa en la dictadura militar, y recuerda que ningún militar nunca denunció a otro, cuando esa vez hubo 30 mil compañeros desaparecidos y más de 500 bebés robados, ahí tienen una respuesta. Cuando actúan con un espíritu de cuerpo y con órdenes precisas, ellos cierran filas y ninguno declara en contrario. La noche más negra de nuestro país, la dictadura militar, comprueba ese pacto de silencio de una fuerza represiva. Ellos secuestran, torturan, asesinan y hacen desaparecer personas. Esto de Gendarmería de ahora no es nuevo para el país. Y los militantes lo tenemos muy presente. Todos recordamos al gendarme carancho que a la luz de todo el mundo se tiraba arriba de un auto, simulando que lo chocaban, para poder apalear, agredir y llevarse preso al conductor. Eso lo vio todo el país por televisión. Si eso ocurre a plena luz del día, imagínese lo que son capaces de hacer estos tipos en el campo. Por eso, no cabe duda de la responsabilidad de Gendarmería, y la responsabilidad de Patricia Bullrich en el encubrimiento.
